Organizaciones Sociales demandan la promulgación de la Ley de Radios Comunitarias

AMARC


            Agrupaciones y medios comunitarios:
            Instan  a gobierno de Piñera  a promulgar
            Ley de servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana

                * Llaman al ejecutivo a  cumplir el mandato del parlamento

                * Resaltan rol estratégico de las radios comunitarias en situaciones de catástrofe

                * Denuncian persecución a radiodifusores  y lesiones a la libertad de expresión en las comunidades

                * Exigen derogación de articulo que penaliza a radios comunitarias sin concesión

                * Piden participación en la formulación del reglamento que regirá el cuerpo legislativo

            
            Lea texto completo de la Declaración pública

            Las organizaciones sociales abajo firmantes expresamos lo siguiente:

            1.- A un mes de que el Tribunal Constitucional de Chile resolviera favorablemente, sobre el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que crea “Los Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana”, el Presidente Sebastián Piñera aún no promulga la ley.

            2.- El nuevo gobierno debe cumplir el mandato del parlamento porque las radios son esenciales en la construcción de ciudadanía, y cumplen un rol estratégico en situaciones de catástrofe tanto en la etapa de emergencia como en la fase de reconstrucción. Asimismo demandamos de la máxima autoridad del país agilizar la elaboración del reglamento de la ley, con la participación de todos los actores de la sociedad civil involucrados en el ejercicio de la radiodifusión comunitaria en Chile.

            3.- Vemos con preocupación que, desde el 11 de marzo de 2010, cuando asumió el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a lo menos dos  radios comunitarias han sido objeto de hostigamiento policial o iniciado un proceso judicial contra sus representantes. Estos son los casos de Radio Popular Enrique Torres de la comuna de La Granja, Región Metropolitana, y Radio Integración de Puerto Varas, Región de Los Lagos.

            4.- En este sentido, reiteramos la urgencia de que el Ejecutivo envíe al Congreso la eliminación del artículo 36B, letra (a), de la Ley General de Telecomunicaciones,  que aplica derecho penal a un acto de libre expresión, castigando con cárcel e incautación de equipos a quienes utilizan una frecuencia no concesionada. La eliminación de esta disposición sigue siendo una deuda de la democracia chilena al criminalizar a los radiodifusores ciudadanos en su derecho a comunicar y expresarse libremente, desconociendo su prerrogativa de formar medios de comunicación de libre recepción, lo que está consagrado en la legislación vigente.

            5.- Tal como se expresa, en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, recordamos al Estado que “debe promover, en condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera sea su modalidad tecnológica”. El sector comunitario o social no sólo tiene derecho a fundar sus propios medios de comunicación sino también a gozar de condiciones favorables para su ejecución, reconociendo a la sociedad civil como un actor relevante del proceso democrático, tanto en tiempos normales como de excepción. Así ha quedado reflejado después del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 cuando, ante el silencio o impedimento tecnológico de varios medios, la radio comunitaria ha cumplido una labor central en la entrega de información y ayuda, canalizando la participación ciudadana desde las comunidades afectadas.

            6.- Conscientes de la necesidad de que nuestro país avance de manera sustantiva en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación, expresamos nuestra molestia por el rechazo de la Cámara de Diputados, el 15 de abril de 2010, del informe de la Comisión Especial de medios de comunicación y libertad de expresión. Luego de casi un año de trabajo, en el documento se entrega un diagnóstico y una serie de recomendaciones sobre el pluralismo informativo, el estatuto del periodista, la concentración de la propiedad de los medios y la distribución del avisaje estatal, las que, de ser apoyadas, mejorarían y regularían de manera más eficiente el sistema de medios en Chile. Si bien valoramos el trabajo parlamentario de esta instancia especial, este tipo de esfuerzos resultan vanos si los poderes del Estado en su conjunto no son capaces de de dar garantías democráticas para el desarrollo de medios y el ejercicio de la libertad de expresión e información en Chile.

            María Pía Matta.
            Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina Caribe, AMARC ALC

            Natacha Gómez.
            La Radioneta, AMARC Chile

            Perla Wilson.
            Radio Tierra / Corporación La Morada

            Paulina Acevedo.
            Observatorio Ciudadano / Red de Medios de los Pueblos

            Juan Enrique Ortega.
            Eco Educacion y Comunicaciones

            Raúl Rodríguez.
            Radio Juan Gómez Millas / Escuela de Periodismo Universidad de Chile

            Viernes 23 abril 2010 Chile