Mientras millares de personas recorrían Tegucigalpa para exigir la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, se conoció el fatal atentado contra el periodista Georgino Orellana, en la localidad de San Pedro Sula, una de las mas combativas en las protestas contra el golpe de Estado militar que derrocó a Zelaya en junio del pasado año, con la anuencia de Estados Unidos y las clases locales influyentes.
Orellana recibió un balazo en la cabeza cuando salía de las instalaciones del Canal 5 de Televisión. Trasladado a un hospital cercano, murió casi de inmediato.
Mientras otros seis reporteros caían baleados por individuos en motocicletas, el matador de este comunicador actuó en solitario y le hizo un solo disparo. Testigos afirman que se mantuvo escondido en unos arbustos hasta que atacó al profesional.
A pesar de que el gobierno informó que la muerte de Orellana, de 48 años, catedrático de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, será investigada personalmente por el viceministro de Seguridad Armando Calidonio, algunos de sus colegas entienden que con tal alharaca solo se intenta confundir a la opinión pública nacional, que exige el esclarecimiento de las muertes de los informadores públicos y el castigo de los ejecutores.
En Honduras existen condiciones sociales, desde la pobreza (62 por ciento de pobres y 42 por ciento de indigentes) hasta el tráfico de drogas, a las que se une ahora la fuerte represión política contra los seguidores de Zelaya, que colocan a ese país de unos 7,5 millones de habitantes entre los mas violentos de Centroamérica.
Según cifras oficiales, desde que Zelaya fue sacado de Honduras por la fuerza perdieron la vida de manera violenta por lo menos seis mil personas de distintos estratos sociales.
¿Qué tenían en común los periodistas asesinados?
La ingobernabilidad prevaleciente hoy en Honduras ha hecho que muchos profesionales de la prensa, amenazados de muerte, hayan abandonado el país. La vida de los que se quedaron pende de un hilo, ya que el gobierno de Lobo no admite críticas ni a su política ni a sus aliados. El lobby de terratenientes que rodea al régimen intenta acallar, con la anuencia presidencial, la verdad de lo que realmente ocurre en esa empobrecida nación, donde continúan protestas campesinas, huelgas obreras y manifestaciones callejeras.
¿Qué tenían en común los siete periodistas asesinados, algunos de los cuales ni se conocían entre sí?
Colegas de profesión coinciden en que sus posiciones políticas eran de diferentes matices, pero los unía la ética profesional y el interés por la información verídica. Informaban, como demuestran sus historias desde diversas regiones del país, sobre lo que realmente ocurre en Honduras. Ello fue suficiente para que la clase dominante los identificara como enemigos y los pusiera en la mirilla de los grupos paramilitares bajo su protección, integrados por militares en servicio o por asesinos a sueldo, como los que al parecer atentaron contra Orellana.
Tenían también en común la cobertura de hechos represivos contra comunidades y personas indefensas en distintas localidades. Algunos se opusieron abiertamente al régimen de facto.
Ahora, los une también la impunidad conque las autoridades tratan de esconder una realidad reconocida tanto en la nación como en el extranjero.
Condenas públicas no bastan
La vulnerable situación de los periodistas en Honduras llamó ahora la atención de Naciones Unidas, pues hay coincidencia en la apreciación de que ese país es el más peligroso de América Latina para el ejercicio de la profesión periodística con objetividad.
Mientras la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, condenó los homicidios y solicitó al gobierno de Lobo perseguir a los culpables, lo cual parece una utopía, el presidente del Colegio de Periodistas hondureño, Elán Reyes, manifestó que "el sector está indefenso; no tenemos palabras, precisó, para manifestar el repudio que sentimos".
También Andrés Pavon, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), aludiendo a los móviles de los atentados declaró que si bien los profesionales asesinados "se diferenciaban en su compromiso político, todos ejercían un periodismo local crítico del poder".
Pavón lamentó el deterioro de la situación hondureña tras la ruptura del orden, la presencia de golpistas en puestos claves, el robustecimiento del crimen organizado y el incremento de la violencia en el país, donde el número de homicidios ascendió en el último año.
La criminalidad contra los profesionales de la prensa aumentó de manera sostenida desde que los militares arremetieron contra los órganos de prensa que informaban sobre la resistencia organizada de la población durante meses, en las calles, exigiendo el retorno del presidente legítimo y la constitucionalidad del país.
El pasado 1 de marzo fue ultimado Joseph Hernández, de 26 años, periodista del Canal 51 de Tegucigalpa, atacado a tiros por desconocidos. En la acción, atribuida a sicarios profesionales, resultó herida la reportera Carol Cabrera.
Diez días después, individuos armados atentaron en el puerto caribeño de La Ceiba contra David Meza, de 51 años, reportero de Radio El Patio y corresponsal durante años de Radio América y del noticiero de televisión Abriendo Brecha, a cuya muerte siguieron las de Nahum Palacios, de 34 años, director de noticias de la Televisión del Aguán, en Colón, y Luis Antonio Chévez, locutor de la emisora W105, de San Pedro Sula.
El 26 de marzo cayeron baleados Bayardo Mainera y su asistente Manuel Juárez, de Radio 10, en la localidad de Juticalpa, a 200 kilómetros de la capital.
Mientras las autoridades intentaban dar un matiz "personal" al crimen de Orellana, los miles de manifestantes que recorrían Tegucigalpa exigían esclarecer los ataques contra los comunicadores, hasta ahora impunes, pues se desconoce públicamente quienes fueron los autores materiales o intelectuales de tales hechos.
El sector periodístico en Honduras ha sido severamente golpeado por los militares que tomaron el poder por la fuerza el 28 de junio del pasado año, burlando la Constitución Nacional y utilizando el terror contra sus opositores.
Varios de los exterminados eran declarados opositores al régimen de Roberto Micheletti, quien sustituyó a Zelaya hasta la celebración de las elecciones ilegales que colocaron a Lobo en la primera magistratura. Entre estos estaban Bayardo y Mairena, quienes desde sus espacios de trabajo criticaban sin medias tintas a los poderes locales.
Defensores de los derechos humanos recordaron que Nahum Palacios se opuso al golpe de estado y reportó después los enfrentamientos de los campesinos del Valle del Aguán con poderosos terratenientes de la zona.
El joven profesional advirtió a los televidentes que aquellos agricultores, acusados de terroristas, "solo son gente pobre, muy humilde, que reclaman sus derechos". Así dictó su sentencia de muerte.
Tras la salida de Zelaya, los militares cerraron varias emisoras de radio y televisión, como Progreso y el Canal 36, mientras impedían a otras su tarea de informar, quitándoles la energía eléctrica.
En absoluto desacato de los derechos de la prensa, arrestaron y expulsaron de Honduras a los profesionales de la cadena multinacional Telesur.
A pesar de los graves peligros que les acechan, los comunicadores hondureños siguen en las calles, tratando de que la población tenga fuentes de información no oficiales.
Ahora, su tarea es fundamental en la difusión de la verdad, puesto que el Frente para la Resistencia deberá recoger un millón 250 mil firmas para recabar del gobierno la formación de la Asamblea Constituyente, una esperanza real, pero al parecer lejana, de cambiar el futuro de la nación centroamericana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario