El ex mandatario hondureño aseguró que mientras él y parte de su tren ejecutivo están siendo acusados, los coautores del golpe de Estado que se perpetró en su contra el pasado 28 de junio aún permanecen en sus cargos. Acusó a Porfirio Lobo de haber tomado venganza personal y recrudecer la persecución política en su contra. Zelaya realizó un llamado a la comunidad internacional y en especial a los países latinoamericanos a estar pendientes del pueblo hondureño que está luchando por la restauración de la democracia.
El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, calificó este jueves de "represalia equivocada" y de "acusación falsa" la petición formal realizada por el Ministerio Público hondureño para ordenar su arresto internacional y a cuatro ex funcionarios de su Gobierno por supuestos actos de corrupción.
"Continúan en sus cargos los coautores del golpe de Estado (como) el fiscal general (Luis Rubí), los magistrados de la Corte Suprema y la misma cúpula militar (que), manipulando las leyes y la justicia, solicitan orden de captura en contra de mis actuaciones", afirma Zelaya a través de un comunicado emitido desde República Dominicana, donde permanece desde el pasado 27 de enero.
El ex presidente expresó que "esos actos son represalias equivocadas como respuesta a las posiciones de los Estados latinoamericanos en la cumbre (de Río realizada en México), que no dio participación al gobierno del electo (Porfirio) Lobo".
Acusó a Lobo de "tomar venganza personal y recrudecer la persecución política en mi contra, olvidándose de la reconciliación nacional" la cual se comprometió a realizar ante la comunidad internacional para calmar la crisis política generada desde el pasado 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado militar contra Zelaya.
El líder hondureño subrayó que "en el exilio y ante las injurias, calumnias y acusaciones falsas y tendenciosas, hoy los mismos autores del golpe presentan en mi contra acciones de clara persecución política", por lo que hizo un llamado a todas las naciones de Latinoamérica para "continuar vigilante y respaldar a los hondureños en su lucha por restaurar la democracia".
Hasta el momento el actual gobernante hondureño, electo en cuestionadas elecciones, no se ha pronunciado sobre el tema, sus voceros por su parte aseguraron extraoficialmente que emitiría dentro de poco una posición oficial.
Zelaya fue acusado, junto a cuatro ex funcionarios de su Gobierno, de delitos ligados a actos de corrupción.
La Fiscalía contra la Corrupción presume que Zelaya y el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, falsificaron unos documentos públicos, ejecutaron supuestos delitos de abuso de autoridad y fraude.
Pese a que Zelaya está siendo acusado de abuso de autoridad, el pasado 19 de febrero un tribunal especial de apelaciones formado por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras decidió, de manera definitiva, absolver a los militares acusados de haberlo sacado de su residencia con la fuerza de las armas cuando se ejecutó el golpe contra su gobierno.
Los otros miembros del gabinete de Zelaya que fueron acusados son la ex ministra de Finanzas Rebeca Patricia Santos y el ex viceministro de esta dependencia estatal José Antonio Borjas Massis por los supuestos delitos de abuso de autoridad y coautores en el ilícito de fraude.
La Fiscalía acusa también al ex director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), César Arnulfo Salgado, por los mismos cargos.
El requerimiento fiscal pide además que se libren órdenes de captura nacional e internacional, con las respectivas alertas migratorias, contra los cinco acusados, informó el fiscal contra la Corrupción, Leonardo Orellana, quien interpuso la acusación.
Hasta la fecha el ex presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, no ha sido juzgado por impulsar un golpe de Estado militar en contra de Zelaya, ni por las innumerables denuncias de corrupción y malversación de fondos durante su gestión.
Los entes judiciales no han tomado en cuenta la denuncia realizada por dirigentes de 90 comunidades en la zona sur de Honduras que exigieron la derogación del decreto adoptado bajo el régimen de facto sobre la concesión de la hidroeléctrica José Cecilio del Valle a un consorcio italiano, acción que si no es revertida por el Congreso Nacional afectará el suministro de agua potable de unos 120.000 pobladores.
Además, está la de las cientos de víctimas de violaciones a sus derechos humanos y que sufrieron de la represión militar durante el mandato de facto de Micheletti.
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