Por Karol Assunção *
Todo indica que la asunción de Porfirio Lobo, presidente electo en las cuestionadas elecciones de noviembre pasado, no produjo un cambio significativo en la situación de Honduras. En menos de un mes después de que Lobo asumió el poder del país, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) ya registró 254 violaciones a los derechos humanos.
Esto, de acuerdo con un informe del Comité divulgado el último martes (23), equivale a cerca de nueve casos de violaciones por día. Según el Cofadeh, en sólo 28 días se registraron: 53 detenciones ilegales, dos agresiones sexuales, dos asesinatos, ocho casos de tortura, dos secuestros, 14 invasiones de domicilio, y 23 barrios considerados como resistentes por las fuerzas de seguridad, recibieron batidas. Además, más de 150 personas salieron del país como refugiados políticos.
Los asesinatos de militantes políticos contra el golpe también se han convertido en una realidad común en el gobierno de Lobo. De acuerdo con un comunicado de la Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse (Fian), por lo menos tres miembros de la resistencia murieron en el actual régimen: Vanesa Zepeda, Julio Fúnez Benítez y Claudia Larisa Brizuela.
Claudia Brizuela, por ejemplo, era hija de Pedro Brizuela, dirigente popular y miembro de la resistencia. Según informaciones de la Fian, la militante fue asesinada con arma de fuego en frente de sus hijos, "lo que confirma que todos estos hechos de terror tienen en común la finalidad de desanimar a los/as ciudadanos/as que se oponen al actual despotismo".
La muerte de la integrante de la resistencia también fue destacada en el comunicado divulgado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP): "Condenamos el asesinato de Claudia Brizuela, miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular en la ciudad de San Pedro Sula. Responsabilizamos a los cuerpos de seguridad del Estado por este hecho que nos llena de luto, pero que se convierte en una razón más para buscar justicia y derrotar a la dictadura terrorista implantada por la oligarquía y por el imperialismo".
Las agresiones físicas no son las únicas violaciones a los derechos de hondureños y hondureñas cometidas por el gobierno de Porfirio Lobo. Según el comunicado del FNRP, la estabilidad laboral de miles de empleados públicos también está amenazada por las acciones de Lobo, quien también suspendió la merienda y la matrícula escolar gratuita.
"Denunciamos el enorme latrocinio de los recursos del Estado que se viene dando de manera continua desde el golpe de Estado; concesiones dolosas, contratos leoninos y robo flagrante de los fondos públicos. Actos que están siendo imputados exclusivamente en la fase de la dictadura encabezada por Roberto Micheletti, pero que siguen en este régimen de facto de Pepe Lobo para beneficiar a la clase social privilegiada que usurpa el poder", agrega el Frente.
* Periodista de Adital
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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