Por José Steinsleger
No dejan de ser chuscas las voces que califican de anacrónico el legítimo y soberano reclamo de Argentina sobre el archipiélago de Malvinas. Dicen: ¿qué importancia tendrán aquellas islas heladas del Atlántico Sur, en las que viven 3 mil personas que aún conservan la mentalidad de la Inglaterra eduardiana?
Los ingleses, en cambio, tienen clara la película desde 1833, cuando invadieron las islas. Pocos años después, con pirática lucidez, el primer ministro de la reina Victoria, lord Aberdeen, profetizó: En estos días de de-senvolvimiento de Sud América, las islas tienen gran valor para Inglaterra como base naval.
En 1985, la entrada en funciones de una gigantesca pista de aterrizaje en las islas permitió que Gran Bretaña convirtiese las Malvinas en la principal base militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de su país líder, Estados Unidos, en el Atlántico Sur.
La base controla las vías de comunicación interoceánica en el extremo austral, se proyecta con fines bélicos sobre la Antártica y, por sobre todo, jugará su rol en el desarrollo político interno de Brasil y Argentina. Fuera de esto, en Malvinas hay petróleo. Y mucho. A inicios de diciembre pasado, el diario inglés The Sun informó que las islas guardan, al menos, 60 mil millones de barriles. Noticia que, simultáneamente, anunciaba la partida desde Escocia de la Ocean Guardian, primera plataforma de exploración.
Las apetencias inglesas sobre los recursos petroleros, mineros y pesqueros de Malvinas datan de 1975. En abril de 1982, cuando la dictadura del general Leopoldo F. Galtieri ocupó las islas para sortear la crítica situación interna, ya existían 13 informes científicos internacionales que señalaban su importancia hidrocarburífera.
Las relaciones entre ambos países, interrumpidas a causa de la guerra, se retomaron en 1989. Se acordó, en principio, congelar la discusión sobre el tema de la soberanía. Y en 1995, el gobierno neoliberal de Carlos Menem firmó un acuerdo de cooperación, por mediación del cual se creaba una zona especial que sería explorada y explotada en conjunto. Cinco días después, Londres movió los hilos. Los kelpers (habitantes de las Malvinas) licitaron 19 áreas y concedieron 12 contratos. Se presentaron cerca de medio centenar de compañías y el gobierno soberano de las islas entregó siete licencias de exploración off-shore. Enjuagues que, según la cancillería inglesa, respondían al principio de autodeterminación de los pueblos (sic).
En 2007, frente al incumplimiento de lo estipulado y luego de ocho reuniones en vano, el ex presidente Néstor Kirchner liquidó los acuerdos de cooperación conjunta suscritos por Menem. Sin embargo, el hallazgo en 2009 de grandes yacimientos de crudo en el litoral atlántico de Brasil estimuló al premier Gordon Brown para impulsar el viaje de la plataforma Ocean Guardian.
El gobierno de Cristina Fernández fijó posición: los buques que quieran transitar entre Malvinas y el territorio continental argentino deben solicitar autorización previa. Y además las firmas que se involucren en los programas de exploración petrolera fijados unilateralmente por Inglaterra, en algún momento tendrán que pagar retroactivamente las regalías correspondientes.
En la pasada cumbre del Grupo de Río y los países del Caribe, celebrada en Cancún, los medios ingleses y europeos indagaron con insidia: ¿bloqueo marítimo a las Malvinas? La presidenta puso el ejemplo de sus críticas al bloqueo imperial sobre Cuba y manifestó que Argentina no se iba a prestar a ejercicios ridículos de cinismo. Precisó: No estamos en Afganistán ni en Irak. Nos oponemos a cualquier tipo de violación del derecho internacional.
Ninguneada por corresponsales que andaban más pendientes de los arrebatos entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe, la gobernanta manifestó en plenario: “Malvinas es algo que debe competernos a todos, no sólo a los que estamos aquí porque formamos parte de la región… Si realmente quienes tienen el poder de sentarse en esos sillones permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los que violan las propias disposiciones que tomamos juntos en la ONU, va a resultar difícil justificar exigencias a otros países sobre el desarme, la actividad nuclear y de respeto a los derechos humanos (...) Creemos que ésta (la causa de Malvinas) es una de las claves de un mundo cada vez más inseguro, más peligroso, más fragmentado, no ya por disputas ideológicas como las que caracterizaron el siglo XX, sino tal vez por cosas más graves y profundas… como el derecho a ejercer el dominio y el usufructo de nuestros recursos naturales renovables y no renovables”.
Sin excepción, los países de la cumbre (incluyendo las ex colonias británicas del Caribe, con más intereses y vínculos con Londres que con Buenos Aires) no sólo respaldaron la posición argentina, sino que supieron interpretar las palabras del ex presidente de Bolivia, Hernán Siles Suazo, en el dramático año de 1982: Hay que malvinizar a Latinoamérica.
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