El desenmascaramiento del golpismo

Vos El Soberano

Por Rodolfo Pastor Fasquelle

Quienes se han esmerado por informarse mejor no se han confundido. Después de un debate de más de un mes, cientos de antropólogos agremiados en la Asociación Americana de Antropología (A.A.A.) acaban de pasar una Resolución en que no sólo condenan al golpe, como habían hecho antes muchos historiadores de EEUU, si no que piden a su gobierno condenar los abusos de derechos por parte del golpismo, apoyar a La Resistencia, colaborar con los gobiernos de La Región y rehusarse a reconocer el gobierno elegido bajo el golpismo.  Pero quienes se han confiado a la información de la prensa no terminan de entender y uno de mis viejos maestros –politólogo- aquí (en Meexico) hace unos días me preguntaba intrigado que, “si el ex Presidente Zelaya no pretendió quedarse en el poder, como alegó siempre la prensa confabulada, ¿qué habría motivado el golpe de Estado del 28 de Junio?”.

No sé si supe explicarle bien que la propuesta de una Constituyente amenazaba los intereses de los beneficiarios del sistema, determinados a seguir siendo los que mandan y a mandar para su beneficio. Tampoco sé si lo entiende a cabalidad la mayoría en Honduras. Pero veo con claridad como los conspiradores han tratado de encubrir ese móvil esencial.

Antes y después del 29 de noviembre, el golpismo ha querido justificarse reivindicando su retorica defensa “de la institucionalidad” cuyo avance revirtió treinta años, “de la Constitución” que quebrantó, de “la democracia”, que reprimió y de la cual se burlo y “de la empresa privada” cuya legitimo derecho ha puesto en precario. Y ha buscado consagrar simbólicamente esas justificaciones declarando el día del golpe como el “de la defensa de la Constitución” y a los golpistas, sobretodo el atorrante Micheletti, como “héroe de la democracia”, una idea que se inspiró en la grotesca broma de Thomas Shannon que no olvidara la historia, y desde ya responde El Grupo de Rio. Gradualmente (como reza el antiguo adagio, “por sus frutos los conoceréis”), a medida que afloran las contradicciones y disputas entre los golpistas por el botín, trascienden los móviles de fondo, para que los contemplen descarnadamente y los terminen de entender propios y extraños.

La proliferación posterior -que atestigua La Gaceta- de concesiones de explotación minera a cielo abierto, que el ex Presidente Zelaya había suspendido desde el día de su Inauguración. Las denuncias de corrupción del primer régimen pos golpe  (de Micheletti) por parte del segundo (de Lobo) que se han difundido desde Casa Presidencial por el Sr. Discua, de ya por si oscuros antecedentes, detallando el manejo escandaloso de recursos. Las denuncias de un par de los ministros, notoriamente el de Cultura, sobre el desconocido destino de centenares de millones de lempiras de fondos evidentemente extrapresupuestarios (transferidos fuera de su presupuesto a la entidad), para fines no justificados. La concesión inaudita a la mafia de una represa en que el Estado (y el pueblo) hondureño han invertido decenas de millones de dólares desde los tiempos de la anterior dictadura militar. La protesta ahora del C.O.H.E.P. por la entrega de “las especies fiscales” que antes usufructuaba esa corporación al estamento militar, para comprar bienes de valoración cuestionada. Y, últimamente, la divulgación candorosa, por parte del nuevo Canciller, del reparto de los consulados entre los partidos tradicionales coaligados en el golpe se conjugan para explicar.

Esas cosas juntas y simultáneamente ponen en evidencia el móvil del golpismo: la codicia de las elites, empresariales, políticas y militares y su afán de seguir usufructuando sin freno los bienes y los recursos públicos, lo que el prospecto del “Poder Ciudadano” ponía en riesgo. Estos latrocinios no son novedosos ni únicos. Así es como ha venido operando, el Estado “democrático” actual (el sistema de gobierno que los golpistas defienden con tanta pasión contra cualquier cambio) para beneficio de “grupos de poder factico”, “grupos de interés” que se han disputado el reparto de los beneficios, las exenciones, las condonaciones, las concesiones de  servicios, las empresas estatales bien y mal concebidas, etc. según el antiguo patrón del corporatismo colonial.

Si se hubiera podido consolidar, en efecto, un régimen político que respondiera en forma directa y exclusiva al interés general de la ciudadanía, mediante una Constituyente que facilitara la participación en la representación legislativa, y en la operación y fiscalización del sistema, este entendimiento entre delincuentes habría quedado amenazado, no solo cuando trascienden sus fechorías, si no que en el proceso de discusión pública y decisión. (Eso buscaba la malhadada, por incomprendida, Ley de Acceso a la Información Pública, que se promulgó al inicio de la Administración Zelaya y que rápidamente el sistema neutralizó repartiendo entre los partidos las magistraturas.) El golpe se produjo para protegerles a sus beneficiarios estos “privilegios”.

No se cuánta gente sepa que -si bien los cínicos de la clase política hondureña, “entienden así el trámite”- ese tipo de reparto (y más cuando se hace públicamente) es inaceptable no solo en los países avanzados, si no incluso en los vecinos del istmo que ya pasaron por un proceso modernizador.

Muchos hondureños no podrán fácilmente entenderlo. No sé en qué proporción lo entienda la masa de La Resistencia o el público en general. (De que lo entienda la mayoría depende en última instancia el prospecto de la reforma y del desarrollo del país, porque los usufructuarios que se exponen a perder control lo entienden bien). Pero no quiero alardear de descubrir el agua tibia. Y el desvelisamiento del modus operandi de esta clase dominante primitiva es una dolorosa educación cívica para todos y un componente de la construcción de la democracia que, en el caso hondureño, precisamente por este tipo de atavismos, pasa –necesariamente- por una refundación, por una Constituyente que blinde, como se dice hoy, el interés general.