Radio Progreso
En el juicio oral y público que se sigue contra los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro de Tocoa, Colón, se inició con la evacuación de pruebas, especialmente las documentales, y la denuncia presentada por el señor Santos Corea, uno de los jefes de seguridad de la empresa minera Inversiones Los Pinares.
En la presentación del señor Corea se mencionaron aspectos de suma importancia, donde se reafirma que las acciones realizadas por las comunidades contra la explotación minera en el parque nacional Carlos Escaleras, han sido de forma pacífica.
Corea dijo ante el tribunal que uno de los guardias de seguridad de la empresa había disparado contra un manifestante, acción que provocó que la ciudadanía lo retuviera por un tiempo determinado, ya que era el jefe responsable de las acciones que realizaban los guardias.
En su declaración dejó claro que no hubo maltrato por parte de los manifestantes, y también que no reconoce a quienes lo retuvieron porque andaban encapuchados, por ende, no responsabilizó a ninguno de los defensores de Guapinol criminalizados. El único acto de violencia que reconoce, fue el que provocó uno de los guardias de seguridad contra el joven manifestante que resultó herido de bala.
El abogado de los defensores de Guapinol, Edy Tábora, dijo a Radio Progreso que esa declaración es importante porque se reconoce que todas las acciones desarrolladas por las comunidades fueron pacíficas, ya que la población al retener al señor Corea, actuó tal como manda la Constitución de la República, que faculta la detención de personas en el marco de la comisión de un delito a la espera de la autoridad competente.
En las primeras horas del juicio de este lunes (17/01/22), también se discutió una solicitud para que no se evacué como medio de prueba un informe de inteligencia realizado por el jefe de seguridad de la minera, Miguel Izaguirre, por considerarlo ilegal y constitutivo de delito.
Según el informe el señor Izaguirre, siguiendo indicaciones de la empresa Inversiones los Pinares, realizó trabajo de vigilancia e inteligencia contra el Comité Municipal de Tocoa, Colón, desde el mes de agosto a diciembre de 2018, “con el objetivo de identificar los liderazgos para después criminalizados”, dijo el abogado Tábora.
“El informe en realidad no detalla ninguna acción ilícita, todas las fotografías que lo acompañan muestran a los manifestantes con un palo en la mano, pero en ninguna se ve un acto de violencia. Lo que hace Miguel Izaguirre de una manera muy sospechosa es identificar a esas personas que visiblemente eran liderazgos de esas manifestaciones”, dijo el abogado explicando que Izaguirre, era el encargado de monitorear las conferencias de prensa y los reportes de algunos periodistas que daban cobertura a las acciones de protesta de las comunidades de Tocoa.
La defensa de los ambientalistas solicitó al tribunal que se excluya ese medio de prueba, porque el señor Izaguirre cometió el delito de usurpación de funciones públicas. Él no estaba facultado para realizar vigilancia al Comité Municipal. La única institución que está facultada hacerlo es la Policía Nacional y de Investigación.
Según el abogado Tábora, Inversiones los Pinares tiene responsabilidad civil y penal porque se cometió el delito de usurpación de funciones públicas, y deben ser investigados todos los directivos que ordenaron al señor Izaguirre realizar esa labor contra el Comité.
El reglamento sobre las empresas de seguridad privada las faculta hacer algunas investigaciones, pero hay que tener una licencia específica que es otorgada por la Secretaria de Seguridad, cuando se van a investigar acciones delictivas. En el caso de Guapinol, la empresa Inversiones los Pinares investigó acciones legales y públicas realizadas por el Comité, como lo eran las manifestaciones y conferencias de prensa.
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