Contracorriente.red
Por Jennifer Ávila
Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa y popular candidato presidencial, y su antecesor en el gobierno de la capital y actual vicepresidente de Honduras, Ricardo Álvarez, manejaron sociedades offshore en Panamá, mientras estaban en cargos de elección popular. Esta revelación cobra importancia, dado que en el pasado ambos fueron investigados por posibles desvíos de dinero. Ninguno de los dos explicó para qué las usaron.
Los dos últimos alcaldes de Tegucigalpa —que son también dos de los políticos más prominentes de Honduras— fueron accionistas de sociedades offshore en Panamá mientras eran funcionarios públicos, según documentos internos de una firma de abogados en ese país. En ambos casos, el Banco Ficohsa hondureño facilitó su constitución.
El actual alcalde Nasry «Tito» Asfura, quien es hoy el candidato presidencial del Partido Nacional para las elecciones del próximo mes y es la figura política más popular de Honduras, fue accionista mayoritario de una sociedad offshore en Panamá que luego terminó en manos de miembros de la prominente familia Atala Faraj, dueña del grupo financiero Ficohsa.
Su predecesor en la Alcaldía, Ricardo Álvarez, quien es actualmente el primer designado presidencial de Juan Orlando Hernández (y, por lo tanto, uno de sus vicepresidentes), también aparece como accionista de otra empresa offshore.
En los dos casos, las sociedades fueron creadas por el bufete legal panameño de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, más conocido como Alcogal, y eran manejadas en el día a día por los mismos tres directivos. Los trámites cotidianos de esa empresa eran notificados por Alcogal a empleados de Ficohsa, según revela la correspondencia interna de ese bufete.
Estos son algunos de los hallazgos del análisis que hicieron el medio hondureño Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de cientos de documentos internos pertenecientes a varias firmas especializadas en gestionar sociedades offshore en Panamá y otros países. Estas revelaciones hacen parte de la investigación transfronteriza Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Una fuente anónima compartió con ICIJ 2,94 terabytes de registros financieros confidenciales, en lotes separados a lo largo de varios meses, que suman más de 11,9 millones de documentos, de 14 empresas proveedoras de servicios offshore que crean y administran sociedades de papel y fideicomisos en paraísos fiscales alrededor del mundo. Bautizados como los Pandora Papers, estos documentos que datan entre 1996 y 2020, y están en inglés, español, chino, griego, ruso, entre otros idiomas, revelan conexiones con sociedades y negocios en más de 200 países y territorios. La colaboración de más 600 periodistas hizo posible investigar cientos de ellos, simultáneamente en 117 países.
Los dos políticos —el hoy vicepresidente y el hoy candidato presidencial— han estado en los últimos tres años bajo investigación de la justicia hondureña por posibles casos de corrupción ligados a sus gestiones como funcionarios públicos. La posesión de sociedades offshore en sí no es evidencia de actividades irregulares, pero el hecho de que tanto Asfura como Álvarez figuraran como accionistas mientras eran servidores públicos abre interrogantes.
Los funcionarios públicos hondureños tienen la obligación de reportar sus intereses económicos ante el Estado, pero estos reportes no son públicos y por tanto no es posible saber si declararon estas empresas al fisco, ni para qué las usaron. Ninguno de los dos respondió las preguntas de esta alianza al respecto.
«Papi» en un paraíso
Nasry Asfura Zablah, un carismático político, cuyo eslogan de campaña es «Papi es diferente», aparece como accionista mayoritario de una sociedad offshore cuya existencia no se había hecho pública hasta ahora. Esa empresa, Karlane Overseas S. A., fue creada en Panamá en enero de 2006, según documentos internos de Alcogal.
Un año y medio después, el 20 de junio de 2007, los directivos de la sociedad (Edgardo Eloy Díaz, Fernando Antonio Gil y María Vallarino, cuyos nombres se repiten en cientos de empresas de la firma panameña) decidieron anular los dos certificados de acciones al portador de Karlane. Según consta en un acta de reunión de Alcogal, los reemplazaron por dos nuevos, esta vez con nombre propio.
Uno de esos certificados, que reunía 9999 de las 10,000 acciones de la empresa, fue emitido a nombre de Nasry Juan Asfura Zablah.
El segundo certificado, que representaba una única acción, quedó a nombre de Enrique Rodríguez Burchard, un abogado comercial hondureño de la firma legal Aguilar Castillo Love. Este abogado había sido diputado suplente en el Congreso Nacional por el Partido Liberal y tuvo un poder general sobre la sociedad Karlane en 2006.
Rodríguez Burchard niega que él haya firmado algún documento sobre la sociedad. En una entrevista con esta alianza periodística dijo que «en el caso particular de esta empresa, lo que sí recuerdo es que yo ni abrí cuentas como socio ni recibimos ningún ingreso».
«Yo no sé cuántas acciones tenía. dijo Rodríguez Burchard. «Probablemente fue una acción nominal, esa empresa es panameña y de plano nosotros no la hicimos y lo que sí le digo es que no recibí ni un peso de allí». Además, días antes de la entrevista en un mensaje de correo electrónico que envió a este equipo periodístico, había escrito: «Como abogado anualmente participamos en muchas operaciones mercantiles y en algunas de ellas nos toca ser socios temporales de empresas o socios nominales. Esto es que, para cumplir el requisito legal de tener el mínimo de miembros, se nos extiende una acción por valor nominal (entiéndase USD1, USD10 o USD100)».
En la fecha en que los directivos de Karlane emitieron la mayoría de acciones a nombre suyo, Asfura —quien había trabajado anteriormente como fiscal municipal, asesor y gerente de servicios públicos en las alcaldías de Nora Gúnera de Melgar (recientemente fallecida) y Óscar Acosta— era regidor en la Corporación Municipal del Distrito Central.
En el sistema político hondureño, los regidores son los integrantes del cuerpo legislativo local. No son elegidos directamente por los ciudadanos, sino que las curules se asignan según los votos que obtengan los partidos en la elección a alcalde. Asfura, que había perdido las primarias internas de su partido con Ricardo Álvarez, se sumó entonces a la campaña del hoy vicepresidente y fue una de sus fórmulas para regidor por el Partido Nacional.
Por otro lado, Burchard era diputado suplente en el Congreso Nacional, sin embargo él explicó: «No he sido funcionario público, ni correligionario, ni compañero de trabajo del candidato presidencial», y en la entrevista dijo que los diputados suplentes no son considerados funcionarios públicos y por ello no deben reportar sus bienes, en todo caso, lo que se reportaría son las transacciones o los bienes: «si tengo una acción nominal eso no se reporta», agregó.
El abogado dijo que Asfura es su amigo y que éste nunca ha tenido una cuenta ni una tarjeta de crédito en el extranjero. «Lo regañamos porque no tiene certificado de depósito, a él le pasa algo allí y deja a los hijos ¡a saber cómo!», dijo enfático Rodríguez Burchard. «En treinta y pico de años de conocerlo le habré hecho dos trabajos legales, algún traspaso, alguna auténtica», y aseguró que tiene otros dos o tres abogados que trabajan con él.
La empresa offshore Karlane —la que tuvo al candidato presidencial Nasry Asfura como accionista mayoritario— estaba activa al menos hasta el 29 de enero de 2018, según confirma un pago de la tasa anual de la Dirección General de Ingresos de Panamá. En esa fecha Asfura acababa de completar el primer año de su segundo período como alcalde tegucigalpense. Según la base de datos de sociedades Open Corporates, sigue vigente hoy.
Esta alianza periodística solicitó una entrevista a Asfura y luego le envió un correo electrónico con las preguntas sobre esta sociedad. El candidato presidencial, sin embargo, no respondió directamente, sino que lo hizo en su nombre el periodista Arístides Aceituno, remitido por el mismo Asfura semanas atrás cuando explicó que es su mano derecha y que tiene cuarenta años de trabajar con él.
«Sobre sus preguntas, me respondió (refiriéndose a Asfura), que él no tiene ningún tipo de inversión en otro país. Todo lo que tiene lo tiene registrado acá, que desconoce los nombres de Karlane Overseas, porque no tiene ninguna sociedad, como usted pregunta», dijo Aceituno.
Le insistimos a Aceituno acerca de la importancia de poder hablar con Asfura directamente o que él mismo respondiera por correo o por teléfono. Sin embargo, Aceituno respondió: «Él ya le está respondiendo a su manera. No tiene nada que ver ni sabe de lo que lo que está preguntando, que no tiene ninguna sociedad. El silencio también comunica. Usted tendrá su fuente o las evidencias de lo que pregunta».
Contratistas de la Alcaldía y sus lazos con Asfura
Al tiempo que era funcionario público, Asfura tenía vínculos con empresas que ganaron contratos millonarios con la alcaldía de Tegucigalpa para la recolección de basura en la capital. Una de ellas es Cosemsa, en la que Asfura no aparece en los registros como socio accionista o parte de la junta directiva, pero sí figura como garante para la adquisición de un crédito por USD 2 millones con la empresa Crédito Inmobiliario Jacaleapa, creada en 1986. Asfura figura como administrador general de CI Jacaleapa y su hermana Mary Ivette Asfura Zablah figura como secretaria general, según el registro mercantil hondureño.
Junto con la empresa AMA de Honduras (Amahsa), Cosemsa obtuvo contratos entre 2008 y 2010 con la autoridad legislativa local, de la que Álvarez era uno de los regidores, por unos USD 8 millones, según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). En una entrevista con Contracorriente el 21 de marzo de 2021, día de las elecciones primarias, Nasry Asfura dijo que no recordaba haber sido garante de un crédito para Cosemsa porque había pasado ya mucho tiempo.
Además de Cosemsa, la empresa Sula Ambiente —de la que «Papi» era socio— tuvo un contrato para la recolección de basura en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país.
En los años siguientes ‘Tito’ Asfura —descendiente de inmigrantes palestinos que llegaron a Honduras a inicios del siglo XX e hijo del empresario dueño del almacén La Fama en Comayagüela (pegada a Tegucigalpa)— fue forjando un perfil político cada vez más visible. Entre 2010 y 2014 fue diputado del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra la capital Tegucigalpa, con un breve paréntesis cuando fue nombrado director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en el Gobierno de Porfirio Lobo por un año. A finales de 2013 fue elegido alcalde de Tegucigalpa, duplicando la votación de su más cercano rival. Cuatro años después, se reeligió con más de seis veces el número de votos de sus contrincantes. Ahora es candidato presidencial para las elecciones de noviembre próximo, después de haber ganado las primarias de su partido en abril pasado.
VP offshore
Además de Asfura, su predecesor en la Alcaldía de Tegucigalpa, el exalcalde Ricardo Antonio Álvarez Arias, actualmente primer designado presidencial de Juan Orlando Hernández, también aparece en los archivos de Alcogal. Figura como accionista de la sociedad Netplum International Inc., creada en Panamá por la firma legal el 9 de agosto de 2006, seis meses después de la constitución de la empresa de la que Asfura sería luego accionista mayoritario. Netplum fue registrada con un capital inicial de 10,000 dólares, según el documento notarial de constitución.
Como sus directivos aparecen los mismos tres de Karlane: Edgardo Eloy Díaz, María Vallarino y Fernando Antonio Gil.
Alcogal le dio especial importancia a esta empresa porque uno de los socios que presta su apellido al nombre del bufete, el exministro de Justicia panameño Jaime Eduardo Alemán, compareció personalmente ante el notario ese día, según consta en ese mismo documento. Los vínculos de Netplum con Ricardo Álvarez se remontan al menos hasta 2012, según archivos de Alcogal.
El 25 de abril de 2012, el bufete expidió un documento certificando que los únicos dos accionistas de la sociedad eran el entonces alcalde y su esposa: Ricardo Álvarez Arias aparecía con 5000 acciones y Lucrecia Mejía de Álvarez con las restantes 5000. Cuatro años después, en junio de 2016 y cuando Álvarez ya era el designado presidencial, un certificado idéntico confirmó que esa situación no había cambiado.
En ambas fechas Álvarez —a quien le suelen decir «El Compa»— era alto funcionario del Estado, a mediados de 2012, cuando salió el certificado accionario a su nombre, estaba en la mitad de su segundo período como alcalde de la capital. Y en 2016, cuando aún era accionista de Netplum, llevaba dos años como designado presidencial de Juan Orlando Hernández.
Aunque Lucrecia Mejía Boquín es conocida públicamente como la esposa de Álvarez, en 2019 sonó como precandidata a la alcaldía de Tegucigalpa para las elecciones de este año, aunque finalmente no participó en las internas del Partido Nacional.
Seis meses después, el 16 de diciembre de 2016, otro documento de Alcogal certifica que se le había concedido un poder especial de Netplum a Ricardo Antonio Álvarez y uno general a su hermano Juan Carlos Álvarez Arias. En la fecha en que recibió ese poder, el hermano del designado era presidente ejecutivo del estatal Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi). Según el registro de Panamá, Netplum fue disuelta el 23 de octubre de 2019.
Esta alianza periodística buscó a Álvarez tanto por teléfono como por correo electrónico desde el 15 de septiembre, pero al cierre del reportaje no había respondido a nuestros mensajes.
Alcogal no respondió sobre estos casos específicos, pero señaló a ICIJ —el consorcio que lideró la investigación de Pandora Papers— que en los casos de «personas expuestas políticamente» como Asfura y Álvarez se realiza «un proceso reforzado de debida diligencia» y que uno de los requisitos adicionales es que la persona sea remitida a la firma por «una entidad profesional de prestigio».
«Somos abogados profesionales y respetuosos de la ley que, con trabajo arduo y profesionalismo, hemos construido una exitosa firma de abogados, así como un reputado negocio de constitución de sociedades con oficinas en muchas partes del mundo», aseguró, añadiendo que renuncian a representar clientes en casos donde sospechan que esté involucrado en lavado de activos, financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas. «No sólo nunca hemos sido acusados y mucho menos condenados por actividades ilícitas, sino que los resultados de las inspecciones reglamentarias a las que nos sometemos regularmente son la mejor prueba del rigor de nuestro trabajo de cumplimiento», agregó.
La conexión Ficohsa
Las sociedades en las que Asfura y Álvarez figuraban como accionistas tienen múltiples vasos comunicantes con el Banco Ficohsa, el más grande de Honduras.
Algocal notificaba las distintas decisiones tomadas sobre Karlane —la empresa en la que «Papi» Asfura figuró como accionista mayoritario— a dos abogados que comparten la misma dirección física: la oficina 205 del segundo piso del Edificio Plaza Victoria, en Tegucigalpa.
Aunque las comunicaciones no lo mencionan explícitamente, esa dirección coincide con la de la oficina principal del Banco Ficohsa, en el mismo edificio en la Colonia Las Colinas, en la capital hondureña.
Asimismo, los nombres de las dos personas a quienes Alcogal enviaba correos relativos a Karlane también coinciden con los de altos oficiales del Grupo Financiero Ficohsa. Uno de ellos es Ernesto A. Carrasco, quien aparece en un cuadro interno de Alcogal como la persona que solicitó al bufete panameño la creación de Karlane. Carrasco ha sido vicepresidente jurídico del Banco Ficohsa
El segundo nombre es el de José Arturo Alvarado Cortés, quien ha sido primer vicepresidente financiero de Ficohsa.
El 12 de noviembre de 2007, cinco meses después de que la mayoría de acciones de Karlane quedaron a nombre de Asfura, un abogado de Alcogal llamado Arturo Gerbaud de la Guardia, acudió a una notaría en Panamá para ampliar el capital de la empresa a USD 3 millones, según consta en el certificado de enmienda . La decisión, tomada tras una reunión de los titulares de acciones de la sociedad, significó que Karlane pasó a tener 3 millones de acciones.
Ese mismo día, la sociedad expidió tres nuevos certificados de acciones a nombre de la sociedad panameña Hodister International Inc., cada uno equivalente a un millón de aciones. Aunque en el documento no se dice qué pasó con las 9999 acciones que tenía Asfura en Karlane, todo indica que pasaron a ser de Hodister.
¿Y de quién es Hodister? Tres días atrás, el 9 de noviembre de 2007, los directivos de Hodister —que eran Edgardo Díaz, María Vallarino y Fernando Gil, los mismos tres que Alcogal presta como directores de múltiples offshores— también se habían reunido a tomar decisiones sobre esa sociedad constituida en Panamá en febrero de 2006 y gestionada por la misma Alcogal. A partir de esa fecha, Hodister tuvo como accionista —de 10,000 de sus acciones— a una tercera sociedad llamada AF International, según consta en la certificación y un cuadro interno.
Ese nombre coincide con el de otra empresa llamada AF International Assets S.A., entre cuyos accionistas y directivos figuran varios de los integrantes de la familia Atala Faraj, una de las dueñas del Banco Ficohsa, según confirma una carta de referencia de Alcogal al Banco Nacional de Panamá de 2016. Son ellos: Camilo Alejandro Atala Faraj, el exministro de Inversiones que preside el grupo financiero y es considerado uno de los hombres más ricos de Centromérica; sus hermanos Juan Carlos, Javier Eduardo y Luis Alberto y su madre Matilde Victoria Faraj.
En un cuadro interno de Alcogal fechado en febrero de 2016, aparecen listadas todas las sociedades solicitadas a Alcogal por José Alvarado, vicepresidente financiero de Ficohsa. Alvarado aparece allí como solicitante de la creación de Hodister International y de AF International Assets, así como de Grupo Ficohsa S. A., Corporación Internacional Ficohsa S. A. y otras 49 sociedades.
En ese cuadro Hodister aparece como dueña de Karlane y AF International como la accionista de Hodister. Como propietaria de AF International aparece Worldwide Pacific Investments Limited, que es también dueña de Corporación del Pacífico International Assets S. A., en la que varios de los hermanos Atala Faraj aparecen como directivos según Open Corporates.
Mario Bustillo, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Grupo Financiero Ficohsa, explicó a esta alianza periodística en una entrevista por video que la sociedad panameña Karlane fue un vehículo de inversión para la compra de un gran terreno en el Anillo Periférico de Tegucigalpa. La familia de Nasry Asfura Zablah era dueña de la mayor parte de ese terreno, pero otras partes eran de otras familias como los Simon y los Bendeck.
«Llevó años estructurar este proceso, no fue en 2006 o 2005 o 2004, se culmina parte del proceso con la compra de las acciones. Era mas fácil crear una empresa, lidiar con un solo socio y no con todas las familias y por temas también de competencia, de mercado, plusvalía y confidencialidad. Karlane cuando estaba en manos del señor Asfura compró los terrenos de los Bendeck, de los Simón, una vez que se culminó eso entonces vinieron varios socios, no solo está la familia Atala sino varios socios y desarrollaron el complejo empresarial», explica.
Precisamente el proyecto inmobiliario consistió en comprar estos terrenos y desarrollar allí un parque empresarial. Reiteró que crear la sociedad offshore facilitaba el negocio. «Fue una estrategia para que no le subieran los precios a los terrenos, a él (Asfura) le beneficiaba también. También es un tema de seguridad, para esos tiempos había muchos secuestros había un tema de confidencialidad en Honduras, aunque esto sea público en Panamá», dijo.
Aclaró que el candidato ‘Tito’ Asfura no es socio del complejo empresarial y que simplemente vendió los terrenos.
Preguntado si este esquema de que hondureños compren un terreno en Honduras mediante una empresa de papel panameña era una manera legal de pagar menos impuestos, Bustillo respondió que no; que todos los impuestos debidos se pagaron en Honduras.
Además explicó Bustillo que este fue un negocio inmobiliario de la familia Atala y otras personas, y no del Grupo Financiero Ficohsa. Al consultarle porqué entonces toda la diligencia la hizo el banco, el ejecutivo explicó que fue por razones de confianza y para apoyar a sus socios mayoritarios, los Atala.
Refiriéndose a Asfura dijo también que «él ha sido cliente del banco y la propuesta inicial nace de él, el terreno más grande era el de él. Se le apoyó a él comprando ese terreno ya que él tenía situaciones muy particulares para venderlo a las que no me puedo referir».
Bustillo dijo que el Grupo Financiero Ficohsa tiene su sede principal en Panamá porque eso les ha facilitado su paso de ser un banco local en Honduras a un grupo financiero transnacional con operaciones en varios países de Centroamérica y en Estados Unidos. Explicó que el Grupo Ficohsa es cliente de la firma de abogados panameña Alcogal. Dijo que por tratarse de una operación financiera están muy regulados por los países y cumplen todos los requisitos y normas que éstos les exigen.
Además, explicó que varios funcionarios del banco Ficohsa, en efecto, apoyan a los socios del Grupo Financiero en sus diligencias para crear offshores en Panamá y mantenerlas en regla. «El grupo Ficohsa, en total, tiene más de 55 accionistas , muchos de los
cuales tienen sus propias y complejas tenencias financieras e inversiones en múltiples países, negocios y productos financieros, lo que típicamente conlleva el uso de sociedades comerciales internacionales», aclaró.
Fue enfático en señalar que no es un servicio que hagan para sus clientes —que según dijo suman 1.8 millones en cinco países, entre ellos, 3.500 clientes de banca privada —, sino que es un apoyo que le brindan a los socios del Grupo.
Dejó en claro que si bien el hoy candidato presidencial Nasry Asfura no es ni ha sido socio del Grupo Ficohsa, éste le ayudó a estructurar la sociedad offshore Karlane para desarrollar el negocio inmobiliario, de la que la familia Atala Faraj es socia, y que, con autorización de los involucrados, le ha explicado a este equipo periodístico.
El apoyo a Álvarez
Vasos comunicantes similares con Ficohsa se le ven a Netplum International, la sociedad en la que aparecían como accionistas el vicepresidente Ricardo Álvarez y su esposa.
Varios documentos relativos a la sociedad fueron enviados por Alcogal a José Alvarado a la oficina 205 del Edificio Plaza Victoria en Tegucigalpa, como muestran esta factura de 2006 y esta otra de 2014.
Al igual que ocurría con Karlane, la dirección vuelve a ser la de la oficina principal del Grupo Financiero Ficohsa y de nuevo aparece el nombre de su primer vicepresidente financiero José Arturo Alvarado Cortés. Además, el cuadro interno de Alcogal de las empresas gestionadas por José Alvarado incluye a Netplum e identifica a Ricardo y Lucrecia Álvarez como sus accionistas.
Todavía en diciembre de 2016, seis meses después de que el vicepresidente era mencionado como accionista de Netplum, Alcogal enviaba notificaciones a otro funcionario del Banco Ficohsa —en este caso Abdiel Antonio Fuentes en la oficina de Panamá— sobre decisiones relativas a esa sociedad.
Al igual que Nasry Asfura Zablah, según Bustillo, el exalcalde Ricardo Álvarez tampoco es socio del Grupo Ficohsa, pero aún así le dieron apoyo para manejar sus sociedades offshore. Bustillo dijo que no se podía referir al propósito de la creación de la offshore ligada a este último, Netplum, porque no tenía autorización de su cliente. No obstante, dijo que en ambos casos fue un tema de confianza y de apoyo a clientes de larga data del banco. Sobre Álvarez incluso añadió que éste hace muchos años fue empleado de una de las empresas del grupo, y que quizá por eso existía una amistad.
Las investigaciones contra el dúo de alcaldes
Ni Nasry Asfura ni Ricardo Álvarez han sido imputados o condenados por la justicia hondureña. Sin embargo, las autoridades han indagado sobre su gestión en la Alcaldía.
En la antesala de las elecciones presidenciales de este año, Asfura estuvo bajo investigación por dos casos distintos.
En un primer caso, en octubre de 2020, el Ministerio Público hondureño solicitó un antejuicio a un juez anticorrupción contra Asfura por posible lavado de activos, malversación de fondos públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación a los deberes de funcionario público. Los fiscales acusaron al dos veces alcalde de participar en un esquema de corrupción que habría desviado HNL 28 millones (unos USD 1,2 millones) de las arcas de la ciudad entre 2017 y 2018. La Corte Suprema admitió el antejuicio por haber indicios de la participación del alcalde y de una de sus regidoras en esos presuntos delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, la corporación municipal de regidores le permitió al alcalde aumentar de HNL 500,000 a HNL 28 millones el fondo rotatorio de la entidad. Este fondo provee de caja a la Alcaldía para «gastos emergentes». El dinero salió de un fideicomiso que la alcaldía del Distrito Central había suscrito con el Banco Ficohsa desde 2006 y que sigue vigente aun hoy.
Los documentos de la admisión del antejuicio muestran que los fiscales aseguraron que Asfura movió dineros públicos en sus cuentas personales, algunas de las cuales habría abierto solo para ese propósito en Banco Ficohsa y que posteriormente canceló. Además, señalaron al alcalde de realizar pagos a personal de empresas donde él es socio o donde tiene vínculos comerciales como Cosemsa, Decoesa, Invasa y Codena. El Ministerio Público documentó cómo algunas actividades de la alcaldía se hacían en los predios de Cosemsa y cómo los empleados de esa empresa manejaron fondos públicos.
Sin embargo, en julio de este año, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin piso el pedido de antejuicio del Ministerio Público, tras la apelación realizada por la defensa de Asfura. Posteriormente, el Poder Judicial denegó un recurso de reposición que realizó el Ministerio Público para revertir esa decisión.
Para ese entonces, Asfura ya era el candidato presidencial que mayor número de votos había obtenido en las primarias de su partido. Se convirtió así en el candidato del partido oficialista, el Partido Nacional, y actualmente lidera las encuestas. No es el único candidato que ha estado en la mira de la justicia: su rival Yani Rosenthal, del Partido Liberal, pagó recientemente una pena de tres años en una cárcel de Nueva York tras declararse culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de realizar transacciones ilícitas relacionadas con el lavado de activos del narcotráfico.
Por su parte, el designado Ricardo Álvarez fue mencionado en el juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, en el que los fiscales lo incluyeron entre los altos funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández que habrían recibido sobornos y también financiamiento electoral para la campaña de 2013, a cambio de protección. Sobre estas acusaciones, Álvarez, dijo a medios locales que no tenían sustento: «Niego categóricamente cualquier vínculo o recepción de dinero de procedencia ilícita por parte de Devis Rivera», expresó.
En un tercer caso, que no se había hecho público hasta ahora, tanto Nasry Asfura como Ricardo Álvarez estuvieron bajo investigación del Ministerio Público hondureño y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2016 y 2019, según una fuente cercana al caso.
No se conocía porque, a diferencia de los catorce casos que ese cuerpo investigativo conjunto presentó ante la justicia, este expediente llamado «Pandora Inc» no alcanzó a ser llevado aún ante los jueces. A inicios de 2020 el Gobierno de Juan Orlando Hernández se negó a renovar el convenio con la OEA para que la misión antocorrupción continuara su labor en el país. La OEA expresó en un comunicado que «la finalización de las tareas de la Maccih en Honduras, constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país».
Según fuentes relacionadas al caso, las pesquisas conjuntas de la misión y del Ministerio Público, dos corporaciones diferentes de la municipalidad de Tegucigalpa presuntamente desviaron fondos del fideicomiso creado para administrar las cuentas de la alcaldía desde 2006 hasta la actualidad. Esos recursos, según establecieron los investigadores, pasaron a través de empresas offshore y luego habrían regresado a Honduras para financiar campañas políticas.
La Corporación Municipal del Distrito Central autorizó —cuando Álvarez era alcalde y Asfura regidor— al Alcalde Municipal, a suscribir con el Banco Financiera Comercial Hondureña, S. A. (Ficohsa) un contrato de fideicomiso de administración (CFA).
Bustillo explicó que la experiencia de los fidecomisos en la Alcaldía de Tegucigalpa comenzó desde el gobierno local del nacionalista Miguel Pastor para administrar los dineros de un préstamo que le hizo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la capital para mejorar los servicios de agua y saneamiento. Ficohsa ha ganado desde 2006 hasta la actualidad dos licitaciones públicas para administrar fideicomisos del Distrito Central, dijo el alto funcionario de Grupo Ficohsa. Éstos tenían el propósito de mejorar la eficiencia en el recaudo de impuestos y el manejo de recursos de la ciudad. Aseguró que, por ello, la alcaldía capitalina ha aumentado su recaudación fiscal de 600 millones a 1800 millones de lempiras. Dijo que el banco ha administrado con responsabilidad estos recursos públicos en fideicomiso.
«En el fideicomiso de 2010 se estructuró un financiamiento con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial», relató Bustillo. «Por la mejora en la administración de la municipalidad, se consiguieron 50 millones para mejorar la infraestructura. Ahora, cada 32 días hay un nuevo proyecto que se desarrolla por el mejor manejo de las finanzas».
Explicó que el banco ha sido responsable y tiene un eficaz departamento de “compliance” que alerta sobre movimientos sospechosos. «No podemos referirnos a casos particulares», dijo. «Lo que sí le puedo decir es que la mayoría de las investigaciones que han habido en el país se hacen por reportes que se hacen en el sistema financiero. Sin esos no habrían casos». En un correo electrónico posterior a la entrevista Bustillo informó que pidió que se revisaran los registros del fideicomiso y puede asegurar con certeza que «los registros de los movimientos y transacciones financieras demuestran que el fideicomiso del Distrito Central administrado por Ficohsa jamás transfirió fondos al exterior. Cualquier afirmación en contrario sería una acusación alejada de la realidad ». Reiteró que los fideicomisos son supervisados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y en el caso de fondos públicos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La información de los archivos internos de Alcogal muestra que tanto Nasry Asfura como Ricardo Álvarez manejaron sociedades en paraísos fiscales mientras ocupaban altos cargos del Estado hondureño. Ninguno de los dos respondió a esta alianza periodística para qué tuvieron esas sociedades offshore, ni si las declararon al fisco, dos prácticas fundamentales de transparencia frente a sus ciudadanos.
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