Radio Progreso
Con el triunfo de la presidenta electa Xiomara Castro Sarmiento y la nominación del diputado Luis Redondo a la presidencia del Congreso Nacional, Honduras podría estar a las puertas de una gran oportunidad que le permita recuperar el Estado de Derecho, establecer sistemas de auditoría a las instituciones públicas y lograr la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, dijo en Radio Progreso el sociólogo Elvin Hernández.
En las últimas horas se informó que, en cumplimiento al acuerdo político suscrito entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, el diputado reelecto Luis Redondo, sería el próximo presidente del Congreso Nacional.
La Junta Directiva del nuevo Congreso estaría integrada por el presidente Luis Redondo, 6 vicepresidentes, 2 secretarios, 2 prosecretarios y 7 miembros alternos, siendo 17 integrantes en total.
El día de la instalación del nuevo Congreso, Luis Redondo asumiría el compromiso de asegurar la discusión y aprobación de la Ley Especial de Condena al Golpe de Estado, Ley Especial de Condena a la Reelección Presidencia que constituye delito de traición a la patria, ley que permita la amnistía a los presos políticos.
También la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico Zede, principales promesas de campaña del gobierno electo de Xiomara Castro.
En transmisión por Facebook, Luis Redondo secomprometió a no defraudar a los diputados de Libre y sobre todo al pueblo hondureño que ha dado el voto de confianza a este nuevo gobierno. Así mismo reafirmó sus valores democráticos y anticorrupción que lo llevaron años atrás a ocupar un curul en el Congreso Nacional.
Para el sociólogo Elvin Hernández, la nominación de Luis Redondo a la presidencia del Congreso Nacional es una buena señal, porque se estaría respetando el acuerdo político que, animó a la población a votar masivamente el pasado 28 de noviembre.
Hernández cree que a nivel nacional e internacional existen las condiciones políticas, para que el país avance en la lucha contra la corrupción e impunidad, y pueda garantizar el goce pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
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