Contracorriente
Por Jennifer Avila, Andrés Bermúdez Liévano y María Teresa Ronderos*
Ilustración de Miguel Méndez
Fotografías de Martín Cálix
En un análisis de miles de documentos de los Pandora Papers, salió a la luz que no solo el cuestionado político y ganadero tenía tres empresas de papel en Panamá, sino que también su esposa manejó otra offshore de la que no se sabía, mientras era primera dama. Asimismo, su hijo y su mano derecha buscaron crear sociedades en paraísos fiscales. El hallazgo cobra relevancia pues el expresidente y su esposa fueron incluidos en la lista Engel y ella enfrenta hoy un juicio por sospecha de corrupción.
Porfirio Lobo Sosa, el expresidente de Honduras entre 2010 y 2014, señalado este año por el Gobierno de Estados Unidos en la «Lista Engel» de aceptar sobornos del narcotráfico a cambio de favores políticos, mantuvo tres sociedades offshore en Panamá durante prácticamente todo su gobierno y al menos hasta 2016. Una la abrió dos meses antes de las elecciones presidenciales (en las que perdió) de 2005 y las otras dos las registró durante el primer año de su presidencia. Lobo Sosa argumentó que las abrió para gestionar un préstamo en Panamá, por seguridad y por las tasas de interés preferenciales.
Su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, quien actualmente enfrenta un juicio por corrupción y también aparece en la lista estadounidense, tuvo en 2011 un poder general sobre otra empresa offshore en Panamá, cuando era primera dama y estuvo ligada a esta al menos hasta 2016.
Otras dos personas de su núcleo más cercano —su hijo, el actual congresista Jorge Dimitrov Lobo Alonzo, y Wilfredo Cerrato Durón, quien fue jefe de la Casa Presidencial bajo su gobierno— figuran así mismo solicitando a una proveedora de servicios offshore la creación de dos empresas distintas el mismo día, un año después de la salida de Lobo Sosa del poder.
El hecho de que varias personas del entorno del expresidente hayan sido o estén siendo investigadas por la justicia hondureña por posibles casos de corrupción, levanta nuevas preguntas sobre cuál podría haber sido su motivación para tener sociedades offshore en jurisdicciones opacas, cuya existencia por sí sola no es evidencia de actividades ilegales.
Estos son algunos de los hallazgos del análisis que hicieron Contracorriente en Honduras y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de miles de documentos pertenecientes a varias firmas especializadas en gestionar sociedades offshore en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otros países. Las revelaciones de esta alianza, hacen parte de la investigación transfronteriza Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) .
Una fuente anónima compartió con ICIJ 2,94 terabytes de registros financieros confidenciales, en lotes separados a lo largo de varios meses, que suman más de 11,9 millones de documentos, de 14 empresas proveedoras de servicios offshore que crean y administran sociedades de papel y fideicomisos en paraísos fiscales alrededor del mundo.
Bautizados como los Pandora Papers, estos documentos que datan entre 1996 y 2020, y están en inglés, español, chino, griego, ruso, entre otros idiomas, revelan conexiones con sociedades y negocios en más de 200 países y territorios. La colaboración de más de 600 periodistas hizo posible investigar cientos de ellos, simultáneamente en 117 países.
Las sociedades del expresidente
Porfirio Lobo Sosa tiene 73 años, y —tras una larga trayectoria política— se dedica ahora a sus fincas, ubicadas en Olancho, en el oriente de Honduras, donde cultiva maíz y soya, además del cuidado del ganado. El expresidente habló con este equipo periodístico en su casa en una colonia exclusiva de Tegucigalpa.
Contrasta la figura campechana del expresidente, cuyas metáforas suelen estar asociadas al ganado con sus operaciones internacionales. Ha sido beneficiario final de tres sociedades offshore en Panamá, cuya existencia no se había hecho pública hasta ahora. Dos de ellas fueron creadas durante su presidencia, otra es anterior a su elección y todas estuvieron activas al menos hasta 2016 cuando ya había acabado su gobierno, según documentos internos de la firma legal panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee, más conocida como Alcogal.
Una primera sociedad, Fandrow Investments S. A., fue creada el 7 de octubre de 2005, según consta en un formulario de debida diligencia de información confidencial preparado por Alcogal.
La sociedad fue registrada siete semanas antes de las elecciones presidenciales de 2005, en las que Lobo Sosa era candidato y perdió contra Manuel Zelaya por apenas 73,000 votos. En ese momento, Lobo era además diputado por el departamento de Olancho y presidente del Congreso Nacional.
Mientras revisaba en su computadora las respuestas que preparó para la entrevista con este equipo periodístico, el pasado 9 de septiembre, el expresidente contó que perdió frente a José Manuel Zelaya, —el candidato del Partido Liberal— porque «se le pasó la mano» al pedir la pena de muerte para crímenes abominables. «La pedí porque vi un crimen que sucedió en Copán, y que me desgarró, una madre fue asesinada igual que sus tres hijos pequeños, una atrocidad. Pero pedí perdón en la segunda campaña», dice.
Esta empresa se creó con un capital de 10,000 dólares, con igual número de acciones, según un documento de Alcogal. Este, fechado en 2012, cuando Lobo ya era presidente, certifica que él era el dueño de la totalidad de las acciones de Fandrow.
«¿Por qué se crean empresas afuera? ¿Para lavar dinero o esconder? Eso no, porque yo no soy delincuente. Todo lo que tengo lo he trabajado y la mayor parte es heredado, no lo voy a negar», dice Lobo, ante las preguntas de esta alianza periodística sobre la creación de empresas offshore. Las tierras de su familia en Olancho, agregó, son unas de las más extensas.
Lobo aseguró que abrió empresas en Panamá por seguridad, porque aunque él ha luchado contra la delincuencia, el país sigue siendo inseguro y dar a conocer propiedades, compañías y bienes podía costarle la vida. Dijo también que los bancos en Panamá ofrecen préstamos a tasas más bajas que los hondureños.
Con respecto a Fandrow en 2005, curiosamente no fue el expresidente Lobo quien creó la sociedad. En una carta de Alcogal, fechada el 17 de enero de 2006, un oficial del bufete le informó a un hondureño llamado Jacobo Atala —de la empresa Representaciones Financieras de C. A. (Refica)— que la sociedad había sido exitosamente creada tres meses atrás, en octubre. Otro cuadro interno de Alcogal confirma que quien solicitó la creación de la sociedad fue Jacobo Atala.
La carta de 2006 además decía que el día anterior se había radicado ante una notaría panameña un poder general a nombre de Porfirio Lobo Sosa para manejar la sociedad y que la totalidad de las acciones de Fandrow habían sido emitidas en un certificado al portador.
Años después, el 22 de noviembre de 2010, cuando Lobo estaba a punto de cumplir diez meses en la presidencia de Honduras, fueron registradas dos nuevas sociedades en Panamá: Tyrell Overseas y Foxearth Investments S. A. Un documento inmediatamente posterior certifica que Fandrow es la dueña de las acciones de esta última.
En ambos casos, Alcogal describe a Lobo como beneficiario final de estas empresas en sus formularios de debida diligencia.
En marzo de 2016, cuando Lobo ya había dejado la presidencia hacía dos años y era integrante del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los abogados de Alcogal solicitaron transferir la sociedad Fandrow Investments S. A. a Overseas Management Company (OMC), otro proveedor de servicios offshore.
En ese formulario, describieron las actividades comerciales de Fandrow como un vehículo de inversión y gestión de bienes raíces. Además, allí ratificaron que Fandrow era la propietaria del 100 % de las acciones de Foxearth Investments S. A. y revelan que también lo era de Tyrell Overseas.
Según el registro de Panamá, Alcogal renunció a ser agente representante de Fandrow en 2016 y, como no fue reemplazado por otro agente, la sociedad terminó siendo disuelta en 2019. Este hecho sugiere que finalmente OMC no terminó tomando a Lobo como cliente.
Lobo Sosa explicó en la entrevista que fue una decisión de Alcogal dejar de manejar las empresas y trasladarlas a OMC: «Cuando ese tema de los Papeles de Panamá todos se pusieron ariscos, nadie quería manejar temas de PEP», dijo, refiriéndose a las personas consideradas como expuestas políticamente, entre las que él figuraba por su condición de expresidente. «Me imagino que fue a raíz de eso», agregó.
Aunque Alcogal declinó responder sobre casos específicos y tampoco hay documentos en la filtración que expliquen por qué tomó esa decisión, la firma panameña respondió a ICIJ —el consorcio que lideró la investigación de Pandora Papers— que «si descubrimos o somos informados por cualquier fuente o tenemos conocimiento por cualquier medio, de información negativa que involucre a una empresa o a un cliente, incluyendo sospechas de actividades delictivas, su implicación en una investigación penal o la existencia de una condena, procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de renuncias hasta la renuncia como agentes registrados o la presentación de SAR, según el caso» (ver la respuesta completa de Alcogal).
De todos modos, es claro que, al menos hasta 2016, Porfirio Lobo mantuvo tres sociedades offshore manejadas por Alcogal. En las tres aparecen como directivas las mismas personas puestas por la proveedora panameña, al igual que sucede con cientos de documentos de otras offshore. Entre ellos están Edgardo Eloy Díaz como presidente de las tres sociedades del expresidente hondureño; María Vallarino como secretaria y Myrna de Navarro como tesorera de Fandrow; y Gina Martínez como secretaria y Fernando Gil como tesorero de Tyrell y Foxearth.
Ante la pregunta de qué uso le había dado a las offshore, el expresidente contestó: «En 2010 el banco me prestó a mí dos préstamos de 550,000 dólares cada uno y con eso compré este apartamento y otro allá (señala el apartamento contiguo), un préstamo a nombre de Tyrell y el otro Foxearth porque si la tasa aquí era del 10 %, allá (en Panamá) era como del 5 % o 4 % y también aquí le cobran impuesto sobre lo que uno tiene depositado, y allá no. Uno lo que busca es la oportunidad, no es que ando escondiendo. Uno busca dónde colocar y que le den rentabilidad».
Dijo además que, como en 2010 él era presidente de Honduras, «dar un préstamo al presidente no es muy así… pero si le dan un préstamo a la empresa que no se ve el nombre, es mejor y el préstamo uno lo paga».
En la conversación con los periodistas, Lobo mostró en su computador los movimientos de las cuentas de Tyrell y Foxearth donde está el detalle de los créditos bancarios y los pagos. En el caso de Tyrell —una empresa que el mismo Lobo asegura que nunca pasó de tener 5000 dólares— fue acreedora de un préstamo de 522,000 dólares por parte de Banco Ficohsa pocos meses después de que la empresa fuera creada. En ese entonces, aseguró, él solamente ganaba un salario de 80,000 lempiras, unos 3000 dólares mensuales. Pagó, sin embargo, una cuota mensual de 15,000 dólares y, con dos grandes aportes a capital, terminó de pagar el préstamo de Tyrell en un año. En el caso de Foxearth, el préstamo también fue de 522,000 dólares y fue pagado entre 2010 y 2013.
PEP con historia
El formulario de debida diligencia de Alcogal de septiembre de 2016, que menciona a Lobo como una «persona expuesta políticamente» (o «PEP», en la jerga legal) y que reconstruye su trayectoria pública, finaliza con un parte de tranquilidad. «Confirmo que estoy conforme con la integridad y reputación del cliente y que ha cumplido con los requisitos de debida diligencia solicitados. En caso de conocer alguna información comprometedora le estaremos informando a la Gerencia de Alcogal», escribió Yesenia Ríos, una oficial de cumplimiento de la firma panameña.
Frente al tema de los PEP, Alcogal explicó que realiza «un proceso reforzado de debida diligencia» y que uno de los requisitos adicionales es que la persona sea remitida a la firma por «una entidad profesional de prestigio».
Sin embargo, desde 2014 había ya cuestionamientos a la gestión de Lobo. En julio de 2014, seis meses tras dejar el poder, el expresidente reconoció que su administración había detectado el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Adujo, sin embargo, que decidió no intervenirlo dado que se acercaban las elecciones presidenciales y, en sus palabras: «se trataba de consolidar la democracia».
Además, en mayo de 2015, Fabio Porfirio Lobo, uno de los hijos de Pepe Lobo, fue arrestado en Haití y llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. Durante el juicio en contra suyo en 2017, Devis Leonel Rivera Maradiaga —un jefe de Los Cachiros, el cartel de narcotráfico más grande de Honduras— testificó y dijo que se habían reunido con el expresidente Lobo en varias ocasiones y que le habían hecho una contribución a su campaña de 500,000 dólares a cambio de futuros contratos con el Estado, protección contra la extradición e impunidad local, una vez ganara la elección. Según los fiscales del caso en el Distrito Sur de Nueva York, Lobo Sosa se reunió luego, en 2013, con otros políticos para ratificar su apoyo a Los Cachiros y frente a ellos llamó al General Julián Pacheco Tinoco, en ese entonces jefe de inteligencia del Estado, para pedir su apoyo. Fabio Lobo se declaró culpable y terminó condenado a 24 años de prisión.
En otro juicio en Estados Unidos contra Juan Antonio «Tony» Hernández, excongresista y hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández, uno de los testigos señaló que el acusado recibió protección legal a cambio de sobornos considerables a políticos, incluido el actual presidente y Porfirio Lobo Sosa. Aseguró además que en 2012, durante el mandato de Lobo Sosa, el presidente envió dos camiones de soldados para proteger la frontera de un narco guatemalteco, a petición del capo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán. Según el testigo, quien era el alcalde de un municipio fronterizo, el Chapo temía que el guatemalteco le quitara el control de la frontera a su organización criminal y, con el apoyo de unos 120 soldados hondureños durante dos meses, afianzaron su control. «Tony» Hernández fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. El expresidente Porfirio Lobo Sosa no ha sido acusado por esos hechos.
A esto se suma que, en mayo de 2019, el Ministerio Público hondureño y la Misión Anticorrupción de la OEA (Maccih) presentaron su doceavo caso llamado «Narcopolítica», en el que acusaron al hijo mayor de Lobo Sosa y a varios funcionarios públicos de su gobierno de haber otorgado concesiones y contratos a una empresa constructora de Los Cachiros. Sin embargo, no acusaron al expresidente. Ocho meses después, la Maccih fue expulsada del país después que el Congreso Nacional no renovara su convenio.
Los casos que han manchado la imagen del expresidente no terminan allí. Apenas hace tres meses, el 1 de julio de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, publicó la «lista Engel» de personas que «han participado en actos que socavan los procesos o las instituciones democráticas, que hayan participado en actos de corrupción significativos o que hayan obstruido las investigaciones sobre dichos actos de corrupción» en el Triángulo Norte centroamericano. En esta lista incluyeron a Lobo porque —según el documento del Gobierno Biden— «participó en actos significativos de corrupción durante su presidencia al aceptar sobornos de la organización de narcotráfico Los Cachiros a cambio de favores políticos», otorgando credibilidad a los testimonios en su contra.
Porfirio Lobo explicó a esta alianza periodística que el fiscal de Nueva York está equivocado sobre los señalamientos que le hacen y que son acusaciones graves en las que la única prueba que tiene la justicia estadounidense es el testimonio de narcotraficantes. Dijo, airado, que querían meterlo en un requerimiento fiscal pero no tenían la evidencia para hacerlo.
«En primer lugar, yo no he recibido sobornos de nadie y por 500,000 pesos (usando el término coloquial para dólares) yo no voy a comprometer mi prestigio y la lucha de toda una vida. Eso no lo voy a hacer», dijo en la entrevista en su casa en Tegucigalpa. «En segundo lugar, la extradición no es potestad de uno hacerla: en Honduras no había extradición y yo como presidente llegué a un acuerdo con Estados Unidos de aprobar la extradición porque aquí dejaban ir a los delincuentes grandes. Los jueces de un pueblo, por ejemplo, les tenían miedo. Por eso se hizo la extradición en mi gobierno».
Además de la entrevista, Lobo envió un documento que enumera 44 leyes aprobadas durante su mandato como presidente del Congreso Nacional, algunas de ellas para atacar el lavado de activos. Aseguró que cuando él llegó al poder, pasaba por Honduras el 80 % de la droga proveniente de Sudamérica con destino a Estados Unidos, pero que cuando salió del gobierno solo lo hacía el 17 %.
Se desligó por completo de las acciones de su hijo Fabio, condenado por narcotráfico. «Si yo tengo un hijo que es mayor de edad, que está casado, que tiene hijos, yo no tengo más que lamentar por mis nietas, que ahora les estoy ayudando con la escuela porque no se puede desampararlas. Yo dividí la tierra y la puse a nombre de todos mis hijos, mis empresas son con todos mis hijos, pero Fabio no figura porque desde 1993 lo sacamos de todo por una decisión de familia. No por nada que tenga que ver por narcotráfico», explicó. «No tengo ninguna sociedad con Fabio en el tema económico. Sí lo ayudé porque era mi hijo, pero creo que lo que él hizo fue una estupidez», agregó, y sostuvo que él no está interesado en esconder dinero.
Lobo sugirió que su inclusión en la Lista Engel tiene que ver con sus diferencias con el actual presidente, Juan Orlando Hernández (comúnmente conocido como JOH), quien también ha sido señalado en los juicios de Nueva York de recibir sobornos y facilitar el narcotráfico en el país. «¿No le hace bulla que no aparece JOH en la lista, que a Bukele (presidente de El Salvador) le sacan siete ministros y no le sacan ni uno a JOH? ¿No le hace bulla?», preguntó.
La conexión con Atala
¿Por qué el empresario Jacobo Atala, de Refica, creó la sociedad Fandrow Investments S. A. y luego le transfirió el control final a Lobo, cuando este era diputado del Congreso Nacional? El reservorio de documentos de Alcogal muestra que el cliente que solicitó la creación de Refica (Representaciones Financieras de C. A.) en las Islas Vírgenes Británicas fue una empresa llamada Ficorp. Según documentos de Alcogal, esta empresa pertenece al grupo financiero Bamer que en Honduras es representada por Jacobo Atala Zablah. También figura en los archivos de Alcogal una segunda Refica, una sociedad hondureña inscrita a su vez en 1995 por dos compañías panameñas: Representaciones Financieras de Panamá S. A. y Centennial Supply Corp., creadas en 1995 y 1991, respectivamente, por la propia Alcogal. Estas sociedades aparecen disueltas actualmente, pero la empresa hondureña continúa activa con la representación de Samuel Girón, quien hizo las gestiones con Alcogal para la primera Refica en Islas Vírgenes Británicas y aparece en la correspondencia con la firma legal panameña como representante de las gestiones de Ficorp. Es decir, la Refica hondureña está asociada e la de las Islas Vírgenes y esta, a su vez, está conectada con Jacobo Atala Zablah.
Jacobo Atala Zablah es un reconocido empresario y banquero hondureño, presidente ejecutivo del Banco BAC Credomatic en Honduras y miembro de la junta directiva de Desarrollos Energéticos S. A. (Desa). Esa última es la empresa que tiene a su cargo el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, al que la conocida líder ambiental e indígena Berta Cáceres se opuso durante años, antes de ser asesinada en 2016. Al menos tres personas ligadas a Desa, cuya propietaria es la familia Atala Zablah, han sido condenadas por el homicidio de Cáceres: el gerente general David Castillo Mejía, el gerente socioambiental Sergio Rodríguez Orellana y el exdirector de seguridad Douglas Geovanny Bustillo. La familia de Cáceres y el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que ella ayudó a fundar, han hecho múltiples llamados para que la justicia investigue a Jacobo y al resto de los Atala Zablah. Hasta la fecha la justicia hondureña no ha abierto investigación contra el banquero.
Según los archivos de Alcogal, Jacobo Atala Zablah aparece vinculado a otras dos sociedades offshore gestionadas por la firma panameña. El expresidente Lobo Sosa aseguró que, en esos tiempos, antes de que algunos bancos abrieran sucursales en Panamá, le ofrecieron colocar dinero en el extranjero en —según sus palabras— «las famosas offshore» que ofrecían una alta de rentabilidad y facilidades de préstamos con baja tasa. Agregó que su relación con Atala Zablah es «Bac, nada más, Bac Bamer, es un servicio que daban todos los bancos». Acto seguido explicó: «Yo tengo que trabajar con un banco atrás que sepa lo que hago. ¿Por qué sale don Jacobo allí? Porque yo trabajo con Bac desde que se fundó en los años 90».
Ninguna de las sociedades de Porfirio Lobo parece estar activa hoy: según el registro panameño, Foxearth fue suspendida en 2019 por no pagar sus tasas y las otras dos, Tyrell y Fandrow, fueron suspendidas entre 2019 y 2021 por no pagar tasas ni asignar agentes representantes. Según Lobo, esas empresas «no hacían nada» y existieron solo para sacar préstamos que él pagó rápidamente.
Primera dama offshore
Además de las empresas que aparecen a nombre de Lobo, su esposa Rosa Elena Bonilla sale en los documentos de Pandora Papers como beneficiaria final de la sociedad Portalegre Overseas S. A. al menos desde 2011, cuando ya llevaba un año como primera dama del país.
Esta sociedad fue inscrita en Panamá el 26 de agosto de 2010 por la firma legal panameña Rosas y Rosas, según el registro comercial del país centroamericano. En diciembre de 2010, se otorgó un poder general sobre Portalegre Overseas al hondureño Marco Tulio Gutiérrez Velásquez y, en abril de 2011, ese poder general quedó a nombre de la primera dama.
Cuatro años más tarde, Rosa Elena Bonilla presentó documentos relativos a Portalegre a otro proveedor offshore: Overseas Management Company, también conocida como OMC Group y la misma agencia a la que su esposo Porfirio Lobo solicitó trasladar Fandrow Investments en 2016. Según el registro panameño, Portalegre fue disuelta en septiembre de 2017.
En sus documentos de solicitud de apertura de la sociedad con OMC, Bonilla declaró que el dinero que ella depositara en la cuenta de la sociedad provendría de dos fuentes: réditos de negocios propios y sus ahorros personales. La exprimera dama también declaró que la sociedad no sería usada para ninguna actividad ilegal y que cumplía a cabalidad con las normas tributarias de su país.
Según el Ministerio Público hondureño y la Maccih, en años anteriores dinero proveniente de las arcas estatales sí habría ingresado de forma irregular en cuentas personales de Bonilla en Honduras.
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