Radio Progreso
Según ley, el Ministerio Público es el ente responsable de llevar adelante todas las acusaciones de aquellas investigaciones que resulten de hechos delictivos. Sin embargo, en el caso de los defensores de Guapinol, ha sido clara la falta de preparación, investigación y objetividad a la hora de presentar, evacuar y sustentar los medios de prueba, denunció en Radio Progreso el abogado defensor Efraín Ramírez.
Este miércoles (19/01/22), durante el juicio oral y publicó, el teniente retirado y actual jefe de seguridad patrimonial de Inversiones los Pinares, Miguel Rafael Izaguirre Padilla, rindió su declaración contra los defensores de Guapinol.
Izaguirre Padilla es un testigo propuesto por el Ministerio Público y la empresa minera. La defensa de los ambientalistas asegura que su declaración no aporta nada al proceso, porque al momento de los hechos no estuvo presente y tampoco reconoce a las personas que supuestamente ocasionaron daños contra la empresa y el señor Santos Hernández Corea.
Durante el interrogatorio el abogado Ramírez tuvo varias intervenciones, ante las preguntas capciosas, inducidas e impertinentes que la fiscal Karen Martínez y el abogado de la minera Miguel Lara realizaban a los testigos.
“Acabamos de evacuar a un testigo que claramente en su declaración dice que no vio absolutamente nada de los hechos y dijo que no conocía a los imputados, pero el Ministerio Público pretendió recomponer el testimonio obligándolo a decir que él pudo haber observado los hechos, pero el testigo se mantuvo dentro de su versión y no dijo nada dejando al descubierto la precariedad de la Fiscalía”, dijo el abogado Ramírez.
Además del papel que juega el Ministerio Público, para el abogado el comportamiento del tribunal es preocupante, porque ha sido muy permisivo con la Fiscalía y con la acusación privada que representa al empresario Lenir Pérez.
“El día de ayer interrogamos a un testigo que no tiene relación con los delitos en perjuicio de Inversiones los Pinares, yo personalmente me opuse a que la acusación privada no lo interrogara porque no es su competencia, sin embargo, el tribunal lo permitió”, denunció el abogado.
El juicio oral y público contra los defensores de Guapinol es incierto y no se puede anticipar ningún escenario porque falta presentar y evacuar pruebas testimoniales, periciales y audiovisuales, para hacer una conclusión.
Desde el campamento “Justicia y Libertad para Guapinol”, las familias, comunidades, organizaciones comunitarias y sociales siguen exigiendo el cumplimiento de la norma procesal frente a los jueces, y siguen denunciando como la falta de profesionalismo del Ministerio Público, está poniendo en riesgo la vida de las comunidades y la libertad de los 8 defensores criminalizados.
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