Honduras es un volcán

Alainet

Por Giorgio Trucchi

Las organizaciones sociales pidieron a Xiomara Castro revisar la institucionalidad pública del sector agrícola, revisar la legislación ambiental y derogar las reformas del Código Penal que profundizan la criminalización de la protesta social, entre otras demandas.

A días de la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro, en Honduras siguen incesantes las reuniones de las mesas instaladas por la Comisión de Transición del nuevo gobierno con los diferentes sectores de la sociedad.

El objetivo es recoger, sistematizar y buscar las herramientas necesarias para dar respuesta a las tantas demandas del pueblo, que anhela un cambio, una ruptura neta e inequívoca con el pasado y los desmanes de los gobiernos continuadores del golpe.

Trabajadores y trabajadoras organizadas, organizaciones campesinas, magisterio, salud, movimiento social y popular, pueblos indígenas y negros, jóvenes y estudiantes, mujeres, personas Lgbti, migrantes, presos políticos, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, jubilados, personas viviendo con VIH, artistas, son algunas de las mesas que se han instalado a partir del mes de diciembre.

“A raíz del triunfo de Xiomara Castro se crearon tres comisiones. La primera es la encargada del traspaso de mando, otra es para la transición de los diferentes ministerios y una tercera que es para los movimientos sociales, donde se conformaron alrededor de quince mesas y se programaron diferentes reuniones para recibir las propuestas”, dijo Rocío Walkiria Reyes, enlace de la Comisión de Transición para Movimientos Sociales, sector defensa de tierra y territorios.

Tres son los ejes estratégicos que caracterizan este sector: soberanía nacional, acceso a la tierra indígena y campesinas, asentamientos humanos; extractivismo, defensa del agua, ambiente, bienestar animal y autonomía; institucionalidad pública del ambiente, tierra y territorio.

“Organizamos seis encuentros nacionales con el movimiento social y popular para abordar las diferentes temáticas. Fueron alrededor de 89 las organizaciones que participaron. Con todo el material recogido pudimos sistematizar 33 propuestas. El paso sucesivo fue la búsqueda de las herramientas legales necesarias para soportar dichas propuestas”, explicó Reyes.

Enormes expectativas

Como ejemplo, el enlace de la Comisión de Transición para Movimientos Sociales mencionó el delicado tema de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

“Una de las principales demandas es la derogación de las Zede. Para poder hacerlo definimos cinco instrumentos legales, y lo mismo hicimos por cada propuesta presentada por el movimiento social. Fue un trabajo maratónico que duró más de veinte días y que desembocó en la reunión del pasado 7 de enero con representantes de todas las organizaciones”.

Finalmente, las propuestas serán trasladadas a los diferentes ministerios para que las asuman, las revisen, las afinen, las fortalezcan y definan los instrumentos legales más adecuados entre los que ya se han individuado. Luego de la toma de posesión se pasará a la calendarización del trabajo para alcanzar los objetivos propuestos.

Sea quien sea la persona que asuma el cargo de cada ministerio se encontrará con propuestas concretas y viables en términos jurídicos y económicos. Obviamente no todas las propuestas podrán ser realizadas en los primeros cien días de gobierno.

“La gente está muy entusiasmada y emocionada. Por primera vez está percibiendo que en Honduras puede haber un cambio real. Sentimos la responsabilidad de lo que estamos haciendo y sabemos que es el momento de dar el todo por el todo.

El primer importantísimo paso – continuó Reyes – fue sacar a la ultraderecha conservadora, neoliberal y fundamentalista. Esa derecha violadora de los derechos humanos.

Al mismo tiempo sabemos que no se puede cambiar el país de la noche a la mañana, que no va a ser posible hacer todo en tan sólo cuatro años y que se va a necesitar de más tiempo. Pero lo importante es que el cambio ya comenzó y que los primeros cien días marcarán una ruptura neta con el pasado”, concluyó.

Soberanía, acceso a la tierra y extractivismo

Juan López, coordinador del Comité municipal en defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa (Aguán), explicó que en la Mesa Defensa de la Tierra y Territorio se abordaron temas cruciales para el futuro del país (lea aquí demandas y propuestas presentadas).

Se trata de propuestas concretas ante la pérdida de soberanía nacional como efecto de las relaciones desiguales y de dominación de Estados Unidos sobre Honduras y de la imposición de las Zede, y ante la crisis agraria y alimentaria como efecto del control de la tierra de vocación agrícola por el gran capital nacional y transnacional.

“Necesitamos garantizar el acceso y legalización de la tierra, así como la reactivación del sector agropecuario y agroforestal para combatir la hambruna y comenzar a reducir la pobreza. Necesitamos también de una ley de reforma agraria, soberanía alimentaria y desarrollo rural con enfoque de género y étnico, que rompa con la lógica neoliberal impuesta en los años 90”, aseguró López.

El activista señaló la necesidad de instalar una mesa de conflictividad agraria y socio ambiental para detener la criminalización de las y los defensores de la tierra y bienes comunes, así como resolver el grave déficit habitacional y romper con la lógica mercantilista que caracteriza ese sector.

Sobre el tema de extractivismo, defensa del agua y el ambiente, las organizaciones propusieron una reforma radical de la Ley de Minería, con relativa prohibición de la minería a cielo abierto, la derogación de las concesiones hidroeléctricas otorgadas de forma irregular y la desmilitarización de las zonas de conflicto por temas extractivos.

De la misma manera se propone la ratificación inmediata del Acuerdo de Escazú, una auditoría de las licencias ambientales otorgadas en áreas protegidas, la derogación de la Ley Marco del Agua Potable. También garantizar el derecho de acceso al agua, definir una política gubernamental integral sobre temas forestales con visión social, elaborar un informe público sobre las concesiones para la exploración de petróleo en el mar Caribe y la creación de un tribunal ambiental.

Finalmente, las organizaciones pidieron, entre otros, revisar la institucionalidad pública del sector agrícola, tierra, territorio y ambiente, revisar la legislación ambiental, derogar las reformas del Código Penal que profundizan la criminalización de la protesta social, crear una comisión especial para la implementación del Convenio 169 de la OIT.

Pueblos indígenas y negros

Días después, la Comisión de Transición para Movimientos Sociales se reunió con organizaciones de los pueblos indígenas y negros de Honduras. Entre sus demandas destacaron la derogación de las Zede, de la Ley de Secretos y de las reformas del Código Penal.

Asimismo, pidieron la creación de un Ministerio para los Pueblos Indígenas y Negros, avanzar en la investigación de la desaparición de los jóvenes activistas garífunas de Triunfo de la Cruz, aplicar justicia contra los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

También solicitaron impulsar una ley que garantice una verdadera consulta previa, libre e informada, derogar las concesiones para la explotación minera, energética, de los bosques y para cualquier actividad que implique despojo de los territorios indígenas y negros.

Finalmente, pidieron promover programas de participación económica y política para las mujeres indígenas y negras, y crear estrategias para eliminar la violencia doméstica y la violencia y discriminación en general que viven las mujeres indígenas y negras.

En esta ocasión, el Comité de organización populares e indígenas de Honduras (Copinh) presentó 8 puntos mínimos para el respeto de los derechos y los territorios de los pueblos indígenas del país (aquí el texto completo de la propuesta).

“Ha sido un trabajo masivo, compartido y muy interesante. Sin embargo, no va a ser fácil revertir toda la estructura institucional que la dictadura deja montada. No va a tardar en venir la conspiración del gran capital nacional y transnacional contra estos procesos.

En este sentido - explicó López - vamos a necesitar que esta comunidad, estos movimientos, este pueblo se mantenga movilizado y en exigencia permanente. Corresponde al pueblo defender su programa de cambio”, advirtió.

“Si en los momentos más duros de estos doce años de oscuridad supimos dar pasos importantes, aún más ahora podemos caminar con pasos más firmes y seguros. Pero para hacerlo necesitamos profundizar la organización, la articulación y la unidad del movimiento social en Honduras. Ahí radica la posibilidad de que lo que estamos proponiendo llegue, poco a poco, a materializarse”, concluyó.