martes, 31 de diciembre de 2019

La encuesta que desvela quiénes son y qué quieren los que emigran a EE UU


Por Emmanuel Abuelafia y Marta Ruiz-Arranz *

Un agente de la frontera detiene a migrantes escondidos
que intentan entrar en EE UU. JOHN MOORE AFP

Migrar no es una decisión fácil. Aunque los beneficios de un mayor salario y mejores condiciones de vida en el lugar de destino hacen atractivo este camino, sus costos son enormes y van más allá de los meramente económicos que supone el viaje. Dejar atrás a la familia y mudarse a otro país con una cultura e idioma diferentes implica un gran sacrificio que se viene incrementando cada día por la violencia, criminalidad y el mayor control migratorio, y en el Día Internacional del Migrante, es necesario recordarlo.

La emigración desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia Estados Unidos sumó en el último año más de 800.000 personas, de acuerdo con las autoridades fronterizas. Una gran mayoría de ellos son familias enteras. Estos tres países sobrepasan ya a México como principal origen de los detenidos en el sur de Estados Unidos. Hoy por hoy, más de tres millones de migrantes de estos países viven el país norteamericano, un 60% de ellos en situación irregular.

Mucho se ha escrito sobre su perfil y motivaciones, pero hasta ahora no había encuestas con una metodología robusta que permitiesen desvelar quiénes son, cómo y por qué migraron y sus planes en el futuro. Todos ellos son datos fundamentales en el diseño de políticas públicas orientadas a generar oportunidades, mejorar la calidad de vida y aumentar el arraigo en los países de origen, así como para aprovechar el valioso capital humano de los retornados. Por eso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha realizado diferentes estudios sobre los flujos migratorios, incluyendo una reciente encuesta a casi 2.000 migrantes que llegaron en los últimos 10 años a Estados Unidos provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los resultados de esta investigación confirman que la búsqueda de oportunidades económicas, la reunificación familiar y la violencia en el país de origen son las tres principales causas para marcharse. En este sentido, el flujo migratorio probablemente continúe, especialmente el relacionado con la reunificación familiar, lo que sigue haciendo lucrativo y clave el tráfico de personas por medio de guías o coyotes, un servicio por el que los migrantes pueden pagar entre 4.000 y 8.000 dólares mediante la ayuda de familiares, préstamos o ahorros. Por eso, resulta necesario generar empleos de calidad para lograr un mayor arraigo en los países de origen. Una mayor inversión pública y privada (un shock de inversión), acompañada por un proceso de fortalecimiento institucional y combate efectivo a la violencia, permitirían dinamizar el sector productivo local y expandir las oportunidades económicas, reduciendo los incentivos para migrar.

La búsqueda de oportunidades económicas, la reunificación familiar y la violencia en el país de origen son las tres principales causas de la migración

La encuesta nos permite también ver más allá de la homogenización de la migración centroamericana y profundizar en las realidades de los tres países. En el caso de Guatemala, la migración se puede caracterizar como un proyecto temporal, y es mayoritariamente económica. Los migrantes guatemaltecos tienen una menor intención de asentarse en Estados Unidos, ahorran en mayor proporción que los otros migrantes y no quieren traer a los hijos que quedaron en el país de origen, a donde envían más remesas e invierten más que el resto. En el caso de los salvadoreños, hay una mayor incidencia de la reunificación familiar y tienen una mayor intención de asentarse de manera permanente. De acuerdo con esto, hacen más inversiones en Estados Unidos y envían menos remesas. Los migrantes hondureños, por su parte, están motivados por temas económicos y de violencia; aunque inicialmente se plantean la migración de forma temporal, una vez en el país de acogida, quieren permanecer en él.

¿Y la familia que queda atrás?
Un tercer aspecto sobre el que arroja luz esta encuesta es el familiar: ¿qué impacto tiene la migración sobre la familia que queda atrás? Más de la mitad de los hijos de los migrantes, alrededor de 270.000 según estimaciones de la encuesta, viven en el país de origen al cuidado de alguno de los progenitores (34%) o de sus abuelos (30%). Y, a pesar del esfuerzo de los progenitores por mantener un contacto frecuente con ellos (la mitad diariamente) y del envío de remesas que se destinan en gran medida a su cuidado, la responsabilidad que recae sobre los cuidadores es muy grande. Por ello, es necesario generar políticas y programas que apoye a este grupo vulnerable no desde el punto de vista económico, sino desde el del riesgo social.

Una última reflexión de este estudio es sobre los retornados. Anualmente, cerca de 200.000 vuelven a los países de origen. Estas personas representan una oportunidad, y también un reto, para los países de origen. Los datos muestran que los migrantes tienen un capital humano mayor al de la población de sus países, cuentan con un mayor conocimiento de inglés, exposición a otra cultura y a la experiencia laboral estadounidense e incluso ahorros, lo que les permitirá aportar al crecimiento de las economías de sus países. No obstante, el retorno también representa desafíos desde el punto de vista personal, familiar y hasta económico que las autoridades de estos países deben estar preparadas para afrontar.

Los guatemaltecos tienen una menor intención de asentarse en Estados Unidos, ahorran más que los otros migrantes y no quieren traer a los hijos

Pero también hay un papel claro para la comunidad internacional. Por un lado, existe una oportunidad de colaborar por medio de financiación y/o garantías para que se den las inversiones públicas y privadas necesarias para lograr que las economías generen trabajos de calidad que, a su vez, aumenten el arraigo. Por otro, puede acompañar el proceso de reforma institucional necesario para que estas oportunidades florezcan. El apoyo al proceso de integración social y económica del migrante retornado facilitaría a los países aprovechar la oportunidad que se les presenta y, a su vez, fomentar el arraigo.

Solo comprendiendo en profundidad, a través de sus protagonistas y con datos sólidos la experiencia migratoria será posible diseñar políticas públicas eficaces que ofrezcan a los ciudadanos la posibilidad de tener una vida plena personal y profesionalmente en sus países, o de poder regresar y sacar el máximo partido a su experiencia en caso de que decidan migrar. Ojalá este sea un primer paso de muchos.

* Emmanuel Abuelafia, economista líder, y Marta Ruiz-Arranz, asesora económica principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son dos de los autores del estudio Tras las huellas del migrante.

La razón práctica para endosar a Xiomara



Por Rodolfo Pastor Fasquelle *

Coinciden en su mensaje, las giras de la lideresa a distintas ciudades importantes del país y la visita… a Xiomara de los líderes cafetaleros que llegaron esta semana a ofrecerle su apoyo ante la campaña que arranca después de Navidad. Soplan vientos de votos. No se sabe exactamente cuándo, pero habrá pronto nuevas elecciones que buscarían formar un gobierno sostenible, estable, creíble. Que goce -en primer lugar- del consentimiento ciudadano y la confianza de todos. Y luego que sea capaz de iniciar una reconciliación, aunque hay un golpismo irredento que ya esta bajo tierra o se quedó afuera.
En 2013, de frente a la elección general, publiqué en Diario Tiempo que en ese entonces -por orden superior- imprimía mis escritos, un testimonio pidiendo a la ciudadanía, el voto a favor de Xiomara Castro… de Zelaya, a quien yo llamaba ahí la opción moral. Ese argumento solamente se ha fortalecido –entretanto- ante la caída libre de los estándares éticos y general inmoralidad del régimen, y de cierta fingida oposición. No se le reconoció, pero Xiomara es casi seguro ganó esa elección porque era la opción de triunfo de una oposición que ya era masiva. Aunque aquí en San Pedro –pueblo sin música, novelero y políticamente ingenuo– ganó Nasrala. En vez de retomar hoy aquel argumento, prefiero reubicarlo en su nuevo contexto práctico.

Para ganar de nuevo se necesitará una coalición, que se manifieste después en un gobierno de unidad y moderación. Además, de una presidencia reconciliadora, necesitamos dignatarios electos decentes en los gobiernos locales y el parlamento y funcionarios idóneos, capaces y honestos en todas las instituciones, los mejores hombres y mujeres del país. Habrá que ver muy pronto ¿cómo se podría configurar un reto en cada una de los departamentos y ciudades, contra las maquinarias que, pese a los cuestionamientos, lucen todopoderosas en sus fortalezas clientelares? sin que nadie consiga ponerlas en el banquillo de los acusados. ¿Cómo forjar alianza de bases, no solo en la cúpula?

Lo que ante ese panorama electoral complejo luce ineludible es la escasez de opciones reales de liderazgo supremo dentro de los partidos, obligados a reeditar sus propuestas de todos conocidas. No por falta de talento joven, ni de genuinos valores alternativos, si no porque la cultura política caciquil ha impedido el desarrollo de esos liderazgos noveles, incluso a la hora demasiado tarde de ponerlos sobre el escenario, la mecánica dura de la política exige que la gente conozca a los pretendientes antes y no hay tiempo ya.

Antes de alcanzar la encumbrada cúspide de poder en donde todavía se agazapa tembloroso el zombie de JOH, sobre una armazón que se desploma, el Partido Nacional contaba con un puñado de liderazgos independientes. Con bemoles y tachones, pero al fin y al cabo lideres. Hoy, con unos en la cárcel y otros procesados, el PN ve su elenco reducido al binomio del candidato orlandista Nasry Asfura, desconocido fuera de la capital –por quien no se puede uno imaginar que votarían esas muchedumbres rurales de Matamoros y J. Mejía que salvaron al actual gobernante frente a los votos reales— y de otro lado, el archiconocido en todas partes -por perverso- Dr. M. Oliva, indiscutible caudillo de los pandoros y sus socios. Mientras que, en el Partido Liberal, salvo tentetiesos, tampoco sobresalen líderes nacionales indiscutibles. Vale que don Luis Zelaya, custodio del sello, sea hombre de condiciones y conocimientos para la suprema magistratura. Repudiado por la mitad más arraigada de su organización, no tiene esperanza de llegar a una fórmula presidencial que no sea en alianza con su Lado Oscuro, con lo que salga de la catacumba azul o con Salvador, que todos lo aventajan. ¿Pudiera convenirle más al PL apoyar una Coalición?

Así las cosas, uno resta obligado a avizorar cuales pudieran ser los candidatos seguros de la oposición política real, que también está dividida -por hoy- en al menos dos bandos electorales, el de LibRe por supuesto el partido opuesto al régimen, consolidado, capaz de al menos interponerse en el camino de su arbitrariedad, y que ha luchado más de ocho años, aunque sin vencer a los poderes fácticos. Y de otro lado, el menos articulado esfuerzo -que al final va a recibir, por conveniencia, la bendición oficialista- del nuevo Partido Salvador de Nasrala, que olvida que solo el pueblo salva al pueblo y salta sobre la cancha anunciando la redención, sin guante y sin renunciar al rol de presentador de deporte y sociales

Perseguido y resistido por tirios y troyanos, acusado, aunque sin juicio, del crimen que se cometió en su contra, victimizado por la nueva industria de la propaganda negativa, la de Mel, sigue siendo, por cuestión de principio contra la reelección (declarado una y otra vez como línea del Partido), la opción de la Constituyente. Pero Mel es, aunque no nos gustase, quien va a disponer de la candidatura de LibRe, en suspenso. Le cuesta.

No debe errar. Pichou es una opción para el siguiente ciclo, debe tener antes una oportunidad de trabajar y demostrar destreza administrativa. No han pegado los liderazgos jóvenes que valientes levantaron un guante (Ávila, Tomé, Dixon, Méndez, a los que habría que reservar las diputaciones punteras) ni otros como Calix apadrinados desde la Coordinación Nacional y el 28 de junio, mientras varias damas del celoso circulo interior se contentan con posiciones burocráticas. Queda Xiomara. Mujer y Madre del Partido. Olvídense de virtudes etéreas. Es la única que puede -en términos prácticos- convocar el voto mayoritario y reconciliarnos. Es cuestión técnica ya, no hay nada más que hacer.

Xiomara es la figura LibRe que tiene la menos resistencia y el reconocimiento más amplio de la membresía, así como de la comunidad nacional más amplia, que conoce su rostro, su nombre, y el de casada. Para todos salvo machos irredentos y sus émulas, está claro que tiene el temple. Paradójicamente, la cercanía con Mel sigue siendo el gran obstáculo para la aceptación universal de su mujer. Entre gente poco avezada en la política, se la ve a veces como mero instrumento del marido, lo que no ha sido del todo nunca y se le quieren reclamar los defectos de aquel. Sin reconocerle los méritos propios. Fue leal hasta la temeridad y seguirá siendo compañera, pero Xiomara es su propia persona. Mujer de firme arrojo. Con una visión y un proyecto político propio, de cambio, acaso más cuerdo, por ser más práctico ¿más sólido y orientado? ¿Más arraigado en la realidad de la Honduras profunda? No consultó fantasmas y no he tenido visiones, me late y vaticino, Xiomara será Presidente y de las mejores que tendrá esta nación huérfana, en el siglo XXI.

* Historiador y analista político

Proyectar la emancipación latinoamericana


Rebelión

Por Cristóbal León Campos *

Pensar el devenir de nuestros pueblos es también reconocer lo especifico, lo particular de la realidad en la geografía latinoamericana muestra un sinfín de variantes en cada país o región, en términos culturales y naturales, construir los caminos de liberación tiene entre otra misiones aprender del pasado y evitar los errores cometidos, reconocer los avances y cuestionar los pasos dados para poder ir diseñando o reestructurando el proyecto emancipador, esto, sin hacer eco de las posturas posmodernas infiltradas con el afán de desvirtuar la utopía y la posibilidad de edificar el socialismo, pues la crítica al capitalismo ya de por sí se ha visto tergiversada o relativizada en un grado tan agudo que la propia naturaleza del sistema es estudiada desde puntos de vista ajenos a su lógica, la necesidad de reconocer lo particular de las realidades locales o regionales, no significa la renuncia a la comprensión global de los procesos, los hechos económicos, sociales, culturales y políticos están ligados y responde a causas generales producidas por la naturaleza del capitalismo, y si bien, como se ha dicho se reflejan en especificidades, eso nunca eliminará que el análisis deba seguir siendo global o total, simplemente lo complejiza. La fragmentación ultra-especifica que relativiza todo y niega lógicas generales, es un truco más del pensamiento débil posmoderno que divide el todo para sustraer del imaginario social y político la idea de un proyecto libertador que aglutine la totalidad de los aspectos, esa tan cantada aseveración del fin de la ideologías y las utopías hasta la fecha repercute a la hora de trazar el camino a seguir en los procesos de lucha, su efecto sigue generando dudas cuando se habla del porvenir de la humanidad, el truco del sistema fue ese, sembrar la duda y relativizar las interpretaciones para frenar la emancipación total, por eso proyectar la liberación de nuestros pueblos requiere la reformulación del proyecto socialista para conducirnos a ese mundo mejor tan añorado en donde cada uno de los males que hoy nos siguen aquejando sean superados para al fin dignificar realmente a toda la humanidad.
Las protestas recientes en América Latina dan y darán luz a una amplia gama de variables para analizar por lo particular de cada país, sujetos sociales, demandas, formas de resistencia, estructuras organizativas, tipos de movilización y autogestión al interior de las luchas, vanguardias sociales aunque no se asuman así, también, las respuestas represivas de los estados capitalistas, sus discursos, la contraofensiva conservadora que pretende frenar el reclamo social, el neofascismo, la injerencia e intervencionismo del imperialismo que se muestra a veces de manera velada y otras abierta y descarada, las estructuras económicas del capitalismo latinoamericano preso en contradicciones de dependencia y por la presencia de formas modernas y otras aún antiguas. Si bien los grados cambian y pueden incluso parecer contraponerse, la raíz que les da naturaleza se mantiene, la política del neoliberalismo comparte su lógica en todos los países donde se ha implando o donde se quiere reimplantar, el capitalismo es el sistema depredador de siempre, las oligarquías latinoamericanas lo defienden, sea con golpes de estado, represiones brutales, cercos mediáticos, persecución, censura, cárcel, genocidio, bloqueos económicos, acciones ejecutadas con el consentimiento y apoyo de los organizamos internacionales dedicados a velar por el interés del imperialismo y de los proyectos neocoloniales. Ante todo esto, los pueblos y sus luchas requieren retornar al camino de las grandes utopías y proyectos emancipatorios, el marxismo sigue vigente como teoría social para el estudio del capitalismo y como base científica de la edificación del socialismo como sociedad futura requerida para la sobrevivencia humana.

En las últimas décadas para el caso latinoamericano, la emergencia de la propuesta bolivariano ha permitido recuperar esa proyección emancipadora que se había perdido en muchos sentidos después de la caída del bloque socialista, vino a acompañar nuevas propuestas de liberación como ha sido también la lucha zapatista que desde finales del siglo XX inyectó aires de renovación a la esperanza humana. Ahora entrando a la tercera década del siglo XXI, las condiciones coyunturales avalan seguir hablando de unidad e integración latinoamericana, el proyecto bolivariano-socialista es vigente, por su raíz autóctona de ideas independentistas y por su carácter anticapitalista cimentado en el pensamiento socialista-marxista comprendido sin dogmas ni esquemas forzados, la liberación de nuestros pueblos amerita proyectar nuevamente la libertad latinoamericana.

* Cristóbal León Campos es integrante del Colectivo Disyuntivas

América Latina: Se acortan los ciclos, se agudiza la crisis


Rebelión

Por Colectivo Nuestra América

I. El arribo de los gobiernos progresistas
El arribo de los llamados gobiernos progresistas en la primera década del siglo XXI es un fenómeno que dio lugar una coyuntura nueva para el continente, y es necesario un nuevo enfoque para tratar de explicarla. Quien esperaba que esos gobiernos se comportaran como una revolución socialista del siglo XX, o avanzaran en esa dirección, estaba errando desde el inicio y fácilmente podría perderse en el debate. Una característica de estos gobiernos es que lograron hacerse de la presidencia y de una parte del aparato de Estado, pero los poderes reales y fácticos que rigen el capitalismo dependiente latinoamericano no fueron derrocados. Los poderes mediáticos, económicos, religiosos y militares que sostienen al capitalismo, siguieron imperando y actuando como antagonistas de los nuevos gobiernos, imponiendo condiciones que los beneficiaran.

Es importante recalcar que, salvo en el caso de Venezuela, la posibilidad del arribo de los gobiernos progresistas no se debió a una estrategia electoral, ni a la formación de un partido político, ni al carisma del líder en cuestión, aunque todo eso contribuyó. La coyuntura en la que accedieron al poder la mayoría de los gobiernos progresistas estuvo signada por la lucha de los movimientos sociales y los pueblos organizados que literalmente impidieron, por la vía de la movilización masiva y sostenida, que los gobiernos neoliberales pudieran gobernar. La tensión de la lucha de clases después de décadas de neoliberalismo rapaz, hacía insostenible para el capital mantener la misma política. Por eso caían presidentes como moscas en Argentina, Ecuador o Bolivia. Pero el mismo movimiento social, la fuerza popular que le puso un alto a la versión más cínica del neoliberalismo en ese momento, no podía tomar el poder, no había desarrollado la fuerza, organización y conciencia necesarias para profundizar los procesos por cauces revolucionarios. Entonces, los gobiernos progresistas aparecieron como una alternativa aceptable que permitía salir del entrampado social que significaba ese “empate catastrófico” de fuerzas sociales.

II. El papel de esos gobiernos

Estos gobiernos significaron un respiro, un freno al neoliberalismo rapaz y una momentánea contención ideológica a la ofensiva conservadora. Después de la larga noche de los noventa, presidentes, líderes, partidos, organizaciones sociales y la masa integrada a la lucha, hablaba de nuevo de imperialismo, de socialismo, de marxismo y de integración latinoamericana. La calidad de vida mejoró con los gobiernos progresistas, salieron de la pobreza 168 millones de personas (según Rafael Correa). Se renegociaron las condiciones de explotación de recursos naturales con mejores circunstancias para los países, se garantizaron derechos como pensiones universales, alimentación, vivienda, se redujo la brecha de desigualdad, etcétera. Fue sin duda un momento nunca visto en la historia del continente. Todo eso, que la derecha tacha de populismo, estaba guiado por una forma de pensar la articulación de la economía en función de los sectores más desprotegidos, que habían sido vapuleados por la avalancha neoliberal. Un desafío en la práctica, al dogma que reza que el mercado debe controlarlo todo y el Estado no debe meter la mano en la economía.

Parecía que se había logrado hackear al sistema: ahora la izquierda ganaba elecciones imparablemente. Entre 2002 y 2014 se ganaron elecciones presidenciales más de una vez en Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia, y una vez en Paraguay, Guatemala y El Salvador. En 2009 había doce países latinoamericanos con gobiernos que se ubicaban a la izquierda y en contra del neoliberalismo. Chávez, Maduro, Evo, Correa, lograron sortear intentos de golpes de Estado por fuerzas armadas, o bloqueos y sabotajes económicos. Se hablaba en esos países del “pasado neoliberal”, y se asumía como inexorable el camino al posnoeliberalismo. Pero el imperialismo y los poderes oligárquicos aprendieron también.

III. Los golpes blandos

Entonces vinieron los golpes blandos: en Honduras y en Paraguay, pasaron casi desapercibidos y parece que se les aprendió poco. Pero en Brasil fue brutal. La destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula denotaban una ofensiva que superaba el cinismo jurídico para instalarse de facto en un golpe de Estado (“no tengo pruebas, pero tengo convicciones”, dijo el juez), sin que ninguna fuerza de las que acompañaron a ese gobierno, o del movimiento social brasileño, pareciera capaz de detenerlo, a pesar de la efervescencia social que provocó el hecho. Lo verdaderamente estratégico es que se reimpuso la agenda neoliberal de un plumazo. Los logros históricos de los gobiernos progresistas se mostraron endebles. El propio Rafael Correa confesó en entrevista a La Jornada: “Fue una gran decepción para mí, porque yo creí que habíamos hecho muchos cambios irreversibles. Tuve exceso de confianza, creía que había cosas irreversibles y gran parte de esas cosas fueron revertidas rápidamente”.

Correa, Lula, Cristina, Evo, presumían como un logro el sacar de la pobreza a millones de personas y, al mismo tiempo, incrementar las ganancias del capital. Esta lógica de conciliación de clases, donde todos ganan y nadie pierde, sólo podía existir momentáneamente, apoyada en una coyuntura económica favorable y en la incapacidad de las fuerzas de derecha de reorganizarse. Pero ninguno de los dos fenómenos podía durar mucho tiempo.

Otro fenómeno que socavó la capacidad de consenso de estos gobiernos está ligado a la falta de un trabajo de educación y formación política. Sacar a un sector de la pobreza y colocarlo en la clase media, sin un trabajo ideológico que lo comprometa con el proyecto, sólo crea una clase media con mentalidad burguesa, que exige más beneficios sin una contribución social (en trabajo y lucha) acorde a un proyecto no digamos socialista, sino simplemente posneoliberal o comunitario. En estos países se creó un sector social proclive a apoyar a la derecha de nuevo, incluso en las urnas, si ésta le ofrece más eficiencia en la resolución de sus nuevos intereses. El gran talón de Aquiles de los gobiernos progresistas ha sido la falta de consistencia en una ofensiva ideológica en contra no sólo del neoliberalismo, sino contra sus bases capitalistas, que permitiera quitarle lo opaco al sistema, mostrar cómo funciona y proponer una alternativa de desarrollo social y económico. Una ofensiva por el consenso social en torno a ideas revolucionarias. “Dejamos huecos en la lucha de ideas, dejamos huecos en la radio, en la televisión, en los periódicos, y nunca olviden lo siguiente: Toda transformación se gana primero en las ideas, y luego en los hechos. No descuiden la lucha de ideas, la lucha por el sentido común de una sociedad,” dijo García Linera en el Centro Ollin Yoliztli. Para afectar los intereses centrales del capitalismo dependiente latinoamericano se necesita una fuerza descomunal, que sólo el pueblo organizado y consciente de la obra que está creando, puede ofrecer.

Sin embargo, el neoliberalismo tampoco vive una etapa dorada, su nuevo ciclo tropieza a cada paso, su desprestigio en el continente es tan grande que los pueblos los rechazan de facto y se movilizan con más claridad respecto a sus objetivos, como es evidente en Chile. No hay otra oferta del capitalismo para América Latina (como un new deal o una política Keynesiana) que no sea el despojo brutal, lo que le impide mantener a sus representantes en el gobierno y generar un consenso social en torno a su proyecto. El consenso que estos gobiernos llegan a generar en la vendimia electoral, lo pierden de inmediato en cuanto vuelven a aplicar el programa neoliberal, que además regresa con un discurso político más conservador.

IV. Las concesiones a la derecha

Los gobiernos progresistas, por su lógica misma, hicieron concesiones a la derecha y al imperialismo, que después pasaron factura. Una de las más graves, es calificar al sistema político liberal, mediante el cual estos gobiernos llegaron al poder, como democrático y no enfocarse en alterarlo sustancialmente. Los procesos posneoliberales se ven arrastrados a la lógica electoral, que en América Latina está también asimilada a la lógica comercial, en la que se trata de vender un producto. Entonces se acumulan fuerzas para la siguiente elección y no para un cambio más permanente en la correlación de fuerzas entre sectores populares y oligarquía. Para ganar elecciones hay que hacer concesiones que resultan contraproducentes para la consolidación de un proyecto alternativo al capitalismo dependiente. Los gobiernos progresistas no hicieron nada para modificar el sistema político, buscando hacerlo democrático para los intereses populares, no para los intereses de la derecha, que mantiene de esa forma una posibilidad permanente de retornar al poder político con relativa facilidad. La democracia que necesitan los dueños del dinero no es la democracia que necesitan los sectores populares para ejercer el control efectivo sobre sus recursos y la forma de explotarlos, es decir, control sobre la producción. El problema de los gobiernos progresistas de la primera ola es la falta de construcción del poder popular. Por eso hoy Correa no puede movilizar fuerzas populares en Ecuador para defenderse de la persecución y no hay alternativa en Brasil y en Argentina que vaya más allá de tratar de reeditar los procesos anteriores. Estos gobiernos no construyeron un contrapoder popular al poder de la oligarquía y el imperialismo que sigue ahí. Faltó la organización de los sectores sociales para ejercer la toma de decisiones de las cuestiones que afectan su vida directamente y también las cuestiones del proyecto nacional.

Otra concesión a la derecha es no plantearse el escenario del uso legítimo de la violencia como una necesidad. Porque la derecha, como estamos viendo, no duda en utilizarla para derrotar a los procesos alternativos al neoliberalismo rapaz. No prepararse para contener la violencia de la derecha, es un error catastrófico. En los gobiernos progresistas se dejó intacto el poder militar, no se construyó un poder popular que también asumiera la defensa del propio proceso. Es por eso que no hubo cómo defenderse en Bolivia ante la traición de la policía y el ejército que nuca dejó de estar vinculado a las escuelas militares estadounidenses. García Linera también hace una confesión al analizar “la principal lección” de la situación en Bolivia: que los avances en la igualdad no pueden dejarse solamente bajo protección de las fuerzas armadas del Estado. “Lo que faltó fue mayor decisión para haber creado una fuerza civil de defensa, que proteja las conquistas de la igualdad y los avances de la democracia, ese fue uno de los elementos que ha permitido el golpe de Estado.” (en el programa “Cruce de palabras” de Telesur).

V. El escenario actual

El escenario actual es contradictorio: por un lado, vuelve a la presidencia el kirchnerismo y la liberación de Lula abre posibilidades de enfrentar a Bolsonaro, que se desfonda más rápido que Macri. Por otro lado, una especie de empate técnico en Ecuador deja para el futuro saber si en el mediano plazo se recompone el gobierno neoliberal o si hay posibilidad de que sea desplazado por una nueva oleada popular. También es aún una incógnita la profundidad del cambio que generará en la sociedad chilena la lucha que se libra actualmente, pero está claro que la sociedad chilena no volverá a ser la misma. Un fuerte golpe al optimismo es la situación en Bolivia, pero la posibilidad de que se consolide una dictadura fascista aún no está definida, no estará mientras el pueblo resista.

Sin embargo, hay una tendencia: los ciclos neoliberales se agotan cada vez más rápido, la derecha tiene serios problemas para mantener el dominio de los gobiernos, lo que puede devenir en que se pase a formas más autoritarias de control que el capital necesita para reproducirse (dictaduras) o una alternancia con gobiernos progresistas, como un empate de largo aliento. Entonces es imprescindible romper ese ciclo hacia delante, hacia formas más anticapitalistas de ejercer la vida.

Estamos en el borde de una etapa de definición trascendente. Los enemigos siguen siendo el imperialismo y sus aliados de las oligarquías nacionales, pero el escenario se convulsiona y los pueblos van probando alternativas para su liberación. ¿Qué corresponde hacer a los movimientos y a las fuerzas revolucionarias ante estos escenarios?


La grieta norteamericana



Por Ernesto López

Con la caída del muro de Berlín (1989) y la disolución de la Unión Soviética (1991), Estados Unidos quedó en una posición absolutamente dominante a nivel mundial. Se convirtió en una superpotencia solitaria sin competidores a la vista. Sus dos más importantes sistemas de alianzas de ese entonces –el Grupo de los 7 (G7) y la Organización del Atlántico Norte (OTAN)— acaparaban una indiscutible supremacía.
El G7, que se había constituido en 1977, integrado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, pasó a tener un amplio predominio en el plano económico, a comienzos de los años ’90. La OTAN replicó esa posición en el campo militar y la aumentó. Abrió sus puertas para albergar, luego de la desaparición del Pacto de Varsovia en 1991, a un considerable número de países de Europa Central y del Este que habían funcionado otrora en la órbita militar soviética. En 1999 se unieron a la alianza nor-atlántica Hungría, Polonia y República Checa. Y en 2004 lo hicieron Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Más tarde –y como para remachar esta importante maniobra— se incorporaron a la Unión Europea (UE), también en 2004, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia. Poco después también lo hicieron Bulgaria, República Checa y Rumania.

La marcha hacia el este impulsada básicamente por Estados Unidos y apoyada por sus aliados, lo colocaron en una abrumadora posición de predominio a escala mundial, en los planos económico y militar.

Veintiocho años más tarde de aquel 1991, la situación es diferente. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea –en particular la Eurozona— pasaron por sendas crisis financieras, en 2008 y 2010 respectivamente. Y si bien las superaron, sus desempeños económicos posteriores quedaron menguados.

Por otro lado, la respuesta norteamericana a los ataques al Pentágono y a las Torres Gemelas de septiembre de 2001 fue estratégicamente incorrecta y condujo a una notoria ausencia de resultados positivos. Las guerras de Afganistán y de Libia no están aún terminadas, lo cual es todo un síntoma. La participación norteamericana en Siria no tuvo hasta ahora buenos resultados, más bien al contrario. En Irak la contienda terminó pero es dudoso que Estados Unidos haya alcanzado réditos políticos allí. Ni siquiera la librada en Yemen por aliados muy cercanos a aquel país –y abastecidos por este— ha sido exitosa, hasta ahora, para los agresores. No es exagerado sostener que lo ocurrido en este plano revela una notoria insuficiencia estratégica que no ha conducido a la meta que originariamente se había fijado Estados Unidos: reducir a los terroristas, pacificar Medio Oriente y alrededores y disfrutar de los beneficios de la victoria. Más bien al contrario, parece haber merodeado el fracaso.

La UE, por su parte, tras su crisis económica, inició una deriva hacia lo que es hoy: un verdadero pandemónium.

Debe agregarse que el ininterrumpido desenvolvimiento de China desde 1980 hasta el presente –con un crecimiento porcentual anual promedio del PBI del orden del 7%— ha convertido a su economía en la más grande del planeta. Se produjo, asimismo, una sorprendente recuperación política y económica de Rusia, que volvió a reequilibrar la correlación de fuerzas con los Estados Unidos en el plano militar.

De este modo, la gran potencia del norte extravió su otrora indiscutible predominancia y el mundo se ha reconfigurado. Al punto que es posible sostener en la actualidad que en el orbe se ha instalado una doble polaridad:

la que opone a la gran potencia del norte y a China en el plano económico; y
la que la enfrenta con la Federación Rusa en el militar.
Estados Unidos continúa teniendo un amplio poderío tanto económico como militar pero se ha encontrado, por un lado, con esos dos países competidores/contendientes de alto calibre que fueron ganando posiciones la una (China) y recuperándolas la otra (Rusia). Y, por otro, paga el precio de su fracaso estratégico en Medio Oriente y aledaños.

En el plano doméstico las cosas no le han ido mejor. En una nota publicada en enero de 2012 en Project Syndicate, Joseph Stiglitz decía: “El 2011 será recordado como el año en que muchos estadounidenses que siempre habían sido optimistas comenzaron a renunciar a la esperanza”. Este reconocido economista se refería a que ese año, los ahorros de los norteamericanos que se habían quedado sin empleo en 2008 y 2009 habían ya desaparecido y el seguro de desempleo se había terminado. Muchas personas de mediana edad habían debido clausurar la ilusión del volver a conseguir trabajo. Y, en rigor, estaban en proceso de convertirse en jubilados a la fuerza. Las y los jóvenes graduados también padecían: no tenían cómo hacer frente a los créditos con los que habían financiado sus estudios. Más de 7 millones de familias habían perdido sus hogares debido, en buena medida, a la imposibilidad de pagar las hipotecas.

Barack Obama era el Presidente en ese 2011 –gobernó dos períodos consecutivos entre 2009 y 2017— y batallaba contra la dura crisis recesiva y financiera que había estallado en el último trimestre de 2007. Terminaría superándola pero con un costo social muy grande. Era un convencido de que la economía globalizada y la libertad de mercado eran positivas y defendía el multilateralismo que se había fortalecido bajo el impulso de aquellas. Publicó incluso un artículo, en 2016, en coautoría con Angela Merkel –ya en ese entonces primera ministra de Alemania— en el que ambos sostenían que “no se volverá a un mundo anterior a la globalización”. En consonancia con esto firmó, en febrero de 2016, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica —junto con otros once jefes de Estado— y fue un entusiasta impulsor de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, que aún estaba en desarrollo cuando terminó su mandato; (TTP y TTIP sus respectivos acrónimos en inglés).

Pese a que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2009, incrementó la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán; ordenó la intervención militar en Libia; mantuvo la guerra en Irak y fue un enconado opositor al régimen sirio encabezado por Bashar al Assad.

Donald Trump es casi su contracara. No sin cierta razonabilidad embistió sobre el globalismo de su predecesor. En su discurso inaugural como Presidente convocó a un gran esfuerzo nacional para reconstruir el país. Puso en jaque a las administraciones anteriores y, entre otras cosas, enumeró: “Washington floreció pero el pueblo no compartió esa riqueza. Los políticos prosperaron pero los empleos se fueron y las fábricas cerraron. El establishment se protegió a sí mismo pero no a los ciudadanos”. Criticó el apoyo al enriquecimiento de industrias foráneas en detrimento de las propias, también que se hubieran gastado miles de millones de dólares en el exterior mientras la infraestructura propia decaía, y que se subsidiara a ejércitos de otros países y se sobreexigiese al propio. Y remató: “De ahora en adelante será América primero”.

Apenas tres días después de haber asumido la presidencia, Trump retiró a Estados Unidos del TTP que había quedado definitivamente constituido el 4 de febrero de 2016. Y anunció que abandonaba el TTIP, que estaba en proceso de construcción. Se desafilió del climático Acuerdo de París así como, más tarde, del importante Acuerdo 5 +1 con Irán. Todo en línea con su propósito de embestir contra el globalismo y el multilateralismo preexistentes, a los que agredió también con diversas bravatas y descalificaciones. Debe añadirse que sus excesos autoritarios, su desprecio por las formas republicanas y las sospechas de corrupción que lo entornan se encuentran también a la orden del día.

Es evidente que en el sistema político norteamericano se ha instalado una profunda grieta, insalvable por el momento. Los enfoques estratégico, de seguridad internacional, económico y social, entre otros, de los demócratas y de los republicanos tienen escasos –o casi nulos— puntos de contacto. De lo que se deriva la falta de un mínimo sustrato consensual capaz de regular las disidencias y de alimentar convergencias.

Campea así una doble insuficiencia. Una referida a la estrategia –quizá sería mejor decir a la grand strategy— y la otra a la regulación hegemónica. Obviamente, la primera concierne a la escena internacional y la otra al plano político doméstico. Ambas se solapan y, en alguna medida, se retroalimentan.

En noviembre de 2020 habrá elecciones en Estados Unidos. Y está en curso un proyecto de impeachment del Presidente Trump. Habrá que ver cómo inciden los resultados de esos procesos sobre la cisura apuntada más arriba.


sábado, 28 de diciembre de 2019

Vallecito es un ejemplo de soberanía, resistencia y dignidad


Tarde en la comunidad de Vallecito, Colón.

A 75 kilómetros de la ciudad de Trujillo en el departamento de Colón y entre extensas plantaciones de palma africana se encuentra Vallecito, considerado el último santuario garífuna, que cuenta con aproximadamente 1,200 hectáreas de territorio recuperado de las manos de terratenientes y del crimen organizado.

Fue en esta comunidad pacífica productora de coco, donde se desarrolló el quinto Encuentro de Egresados y Egresadas de las Escuelas de Formación Política y Ciudadana, promovidas por el ERIC-SJ.

Cuarenta jóvenes de los departamentos de Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, Copán y Colón fueron testigos de cómo esta comunidad se ha convertido en un ejemplo de soberanía al impulsar, ante la falta de interés del gobierno, una escuela garífuna donde asisten al menos 20 niños y niñas mientras sus madres y padres trabajan en las plantaciones de coco, recolectando frutos en las parcelas y elaborando los alimentos para la comunidad.

Jóvenes egresados de las Escuelas de Formación junto 
Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH.

Para el año 2020 la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) planea instalar la primera universidad garífuna en Vallecito, con un contenido académico diferente al oficial que, sirva para recuperar la identidad del pueblo garífuna y fortalecer su cosmovisión.

Para conocer de cerca la comunidad de Vallecito los jóvenes tuvieron la oportunidad de recorrer el área donde se encuentran las plantaciones de coco, unas 60 manzanas. A menos a 2 kilómetros de la escuela se encuentra la plantación principal de este fruto, que forma parte fundamental de la alimentación del pueblo garífuna.

En este pueblo los jóvenes recolectaron los frutos germinados y los trasladaron al vivero donde se encuentra el resto del cultivo que se espera trasplantar a 50 manzanas de terreno y distribuir en otras comunidades, convirtiéndose de esta manera en la zona de la región con mayor producción de coco y sus derivados.

Después de realizar actividades de limpieza y recolección, los jóvenes caminaron tres kilómetros entre pinos y cocoteros para llegar a la playa, la cual cuenta con una barrera de manglares. Vallecito es el único pueblo garífuna que no está a la orilla del mar, lo cual no ven como un inconveniente, sino como una ventaja, debido a la erosión costera que enfrenta el resto de comunidades garífunas de la zona que consiste en la desaparición gradual de sus playas. Vallecito es una alternativa para quienes debido a estas causas pierdan su territorio.

Jóvenes en las plantaciones de coco

Al caer la tarde y tras finalizar con los recorridos, con el compromiso de realizar encuentros regionales, facilitar y dirigir escuelas de formación comunitarias, incentivar el cultivo de sus propios alimentos y comenzar procesos de reciclaje en sus comunidades, concluyó el Encuentro de Egresados y Egresadas 2019 en una comunidad que, a pesar de las dificultades y constantes amenazas sigue dando muestras de resistencia y dignidad.


El Congreso Nacional fortalece la impunidad, señala ex diputado


Congreso Nacional en plenaria

La renovación del convenio entre el Estado hondureño y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) sigue en el debate público y con ello las acciones que, particularmente se han ejercido desde el Congreso Nacional, para evitar la continuidad del organismo de investigación.

En ese sentido, el ex diputado Aníbal Cálix señala que el actual Congreso Nacional mantiene una conducta de generar impunidad, de legislar contra reformas para que los parlamentarios que están siendo investigados no tengan problemas con la justicia.

“El Poder Ejecutivo tiene mucha presión interna y externa para renovar el convenio, pero el Congreso Nacional se da una situación de sobrevivencia y que, a toda costa ellos están buscando como eliminar a la MACCIH; desafortunadamente en este pleito interno el más lastimado será el país, porque estamos enfrentando el riesgo de tener un problema similar al del 2009”, puntualiza Cálix.

A criterio del analista político y ex diputado, Efraín Díaz Arrivillaga, el informe de investigación y la propuesta para derogar el decreto que permite la instalación de la MACCIH, dan pauta que el Congreso Nacional hará el trabajo sucio de evitar la ratificación del convenio para la continuidad del ente investigativo.

Efraín Díaz Arrivillaga dice que, ante las presiones nacionales e internacionales, Juan Orlando Hernández podría renovar el mandato de la MACCIH pero con limitaciones a sus acciones para el establecimiento de juicios producto de la investigación.

“El presidente después se tendrá que justificar si no renueva el convenio con la MACCIH porque el Congreso se opuso”, advierte Díaz Arrivillaga.

Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (LibRe), Jari Dixon Herrera, explica que, para aprobar la propuesta de ley, que pide la derogación del decreto que da vida a la MACCIH, se necesita la mayoría simple del pleno, y recuerda que esos votos ya están listos, pues serán los mismos 71 que aprobaron el informe investigativo de actuaciones de la Misión.

Jari Dixon Herrera interpreta que la propuesta de derogación del decreto la MACCIH es el inicio del plan B por parte de los diputados, esto luego de conocer el informe de la mesa de evaluación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que pide la renovación del convenio.

Jari Dixon, al expresar que era lógico que el Partido Nacional, y algunos socios que tiene en el Partido Liberal, no se quedaría de brazos cruzados al conocer el resultado de la evaluación, indica que el Congreso Nacional podría hacer uso de la función constitucional de aprobar, derogar o modificar leyes: “aun existiendo la renovación del convenio, la MACCIH dejaría de existir”.De acuerdo a las organizaciones que se han unido en la Coalición por la Renovación de la MACCIH, a través de los 13 casos investigados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) el erario hondureño ha perdido 3,400 millones de lempiras

Los medios intentan que no pensemos, ellos piensan por nosotros


Rebelión

Por Àngel Cappa

“La gente va muy bien para contarles cuentos, 
para darles porrazos y venderles ungüentos”  
Canción de J.M.Serrat

Me refiero a los hegemónicos. No a los alternativos. Y voy a empezar con un ejemplo. Por las mañanas temprano, mientras desayuno, tengo la ilusa intención de informarme con la radio, generalmente la cadena SER. No lo consigo, por supuesto, porque es muy difícil distinguir alguna noticia entre decenas de sugerencias comerciales e infinidad de números de teléfono para llamar ya y así comprar una inmensa diversidad de objetos que me harían muy feliz. Además los “informadores” hablan a toda velocidad, como si tuvieran que tomar un tren que se les escapa. Dicen todo como si fuera un largo renglón y sin respirar. Entonces se mezclan las noticias locales con las nacionales y las internacionales y el resultado del partido de anoche y un herido de arma blanca en una reyerta, todo junto a razón de 25 o 30 noticias por minuto. No te dejan tiempo para incorporar ninguna y mucho menos de razonar.

De pronto, a lo que voy, una voz al parecer de un hombre mayor que pretende ser ocurrente y graciosa es presentado como columnista. Reniega de la costumbre de los políticos de consultar a las bases. No le gusta porque dice que de esa manera eluden su responsabilidad. Ellos, los políticos, están para tomar decisiones, ¿qué es eso de consultar a las bases?

La voz de hombre mayor, nada ocurrente y mucho menos graciosa, dio en el clavo a pesar de lo chapucero de sus argumentos.

La democracia consistiría en elegir, cuando nos inviten a votar, a los políticos que supuestamente nos representarán y tomarán las medidas que crean convenientes para arreglar nuestras vidas. Nosotros, una vez que hayamos votado, no tenemos nada más que hacer ni que decir. De casa al trabajo y del trabajo a casa, como decía Perón cuando había trabajo. (También decía, hay que ser justos, que “la verdadera democracia es donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”).

O sea: los políticos, que son los que saben, por un lado. Nosotros que no entendemos de esas cosas, por el otro. Separados. Ellos como una clase especial de gente entendida. Nosotros estamos para aplaudir cuando nos lo digan y no pensar ni meternos en camisa de once varas.

En las campañas electorales nos cuentan lo bueno que son y los planes que tienen para nosotros y nos piden que depositemos en ellos nuestra confianza. “Síganme, no los defraudaré”, era el slogan de un político argentino que no paró de defraudar a quienes lo siguieron con esa inocencia que dios nos dio.

Por si fuera poco, los medios nos dicen permanentemente que es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Todo bien masticado. Que lo más democrático es obedecer a los que mandan, quedarnos en casa y mirar la televisión para entretenernos. En todo caso, si vamos a algún mitin tenemos el derecho de aplaudir y pedirle autógrafos y fotos a los líderes que tanto hacen por nosotros.

La voz de hombre mayor que renegaba por la mala costumbre de algunos políticos de consultar a las bases, no reparó en que generalmente nos consultan cuando el estofado está listo y servido. Y si por esas cosas de la vida, nuestro voto los contradice, la consulta queda sin efecto.

Los medios se esfuerzan para que no se nos ocurra pensar a quienes representan realmente “nuestros” representantes y de ninguna manera por qué nos tienen que representar sin que tengamos ninguna posibilidad de decidir asuntos que afectan a nuestras propias vidas. Y por qué en caso de hacer lo contrario de lo que prometieron, no podemos despedirlos como hacen los patrones con nosotros cuando les parece.

Cuando nos piden la confianza es hasta un poco humillante, como si no estuviéramos capacitados para intervenir en nuestras vidas. Como si no supiéramos qué nos conviene y qué no.

¿No será, quizá, que esta democracia parlamentaria es tan necesaria como insuficiente? ¿No será que es hora de que esta democracia se profundice para que sea un poco más real y no solo formal?

Por algo el trifachito y sus representados, los grandes empresarios, ponen el grito en el cielo cuando hablamos de asambleas populares con poder de decisión y sacan inmediatamente de su argumentario rancio y caduco las alarmas de siempre: ¡soviets, bolivarianos, antisistemas! etc que, aunque parezca mentira, siguen asustando al personal.

¿No era que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, como nos enseñaron en la escuela? Por cierto, no fue Lenin ni Fidel Castro el que lo dijo, sino Abraham Linconl en 1863, presidente de los EEUU.

No se trata de que los representantes y el parlamento tengan que dejar de existir, sino de que nosotros tengamos algo que decir acerca de nosotros y de ese modo ayudarlos a ser más democráticos. Y al mismo tiempo construir entre todos una sociedad más justa, aunque no le guste a la voz de hombre mayor, que nos invita desde la radio a no pensar y no actuar.

Y eso, tener voz además del voto, solo dependerá de nosotros, no individualmente, sino con los demás.

Tal vez sería bueno empezar cuestionando a los medios que tratan de infantilizarnos, para formar nuestras propias opiniones.

Estalla América Latina



Por Manuel Castells

Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia. Las calles protestan allá donde los puentes con las instituciones se han roto. Una densa nube de gas lacrimógeno, mezclada con la polución ambiente, hace irrespirable el aire. Cada protesta tiene una causa específica, pero similares formas de expresión. Los jóvenes, hombres y mujeres, son vanguardia. Han perdido el miedo y luchan por sus mayores. Sus redes digitales los empoderan y los movilizan, no necesitan líderes. La represión policial es violentísima. La panoplia de medios de hacer daño se multiplica. Artilugios que revientan ojos, fracturan cráneos, asfixian pulmones, desfiguran rostros. Y cuando no bastan, balas. El cuenteo de muertos va subiendo. Pero los manifestantes han perdido el miedo y se enfrentan a la policía con violencia creciente. Al calor de la protesta, hay quienes aprovechan para saquear supermercados o incendiar edificios simbólicos y hasta hospitales. Y atacan comisarías. A pesar de la violencia, una mayoría de ciudadanos aún apoya la protesta. En Chile, Ecuador y Colombia es una revuelta contra la apropiación del crecimiento económico por una minoría que además apenas paga impuestos y deja salud, educación y pensiones a la lógica del mercado. Hay conciencia clara de rechazo a un modelo económico hegemónico en las instituciones. Decía un dirigente estudiantil: “El neoliberalismo nació en Chile y ­morirá en Chile”. Y otros añaden el consumismo, esa trampa en la que acaban endeudados insosteniblemente porque los señuelos publicitarios no se ­corresponden con los sueldos. La chispa fue la subida de la gasolina en Ecuador o el aumento del precio del metro en Santiago. Por empresas privadas, respaldadas por el Gobierno. En Colombia, país que ha superado el miedo tras la incierta paz, los estudiantes piden acceso a la universidad, mientras disminuyen los recursos destinados a la enseñanza. Pero también las caceroladas y manifestaciones claman contra el aumento del paro. Y contra la crisis permanente de salud y, como en todas partes, contra pensiones miserables que condenan a la indigencia a millones de ancianos. Mercado libre para una sociedad tremendamente desigual en que la injusticia social es el hábito de oligarquías que utilizaron siempre las instituciones para defender sus privilegios. A las demandas sociales se une el clamor por la dignidad y el respeto de los derechos humanos, em­pezando por las mujeres y la libertad de decidir a quién se ama. Bogotá acaba de elegir alcaldesa a una líder lesbiana ecologista y humanista saludada con entusiasmo por la juventud.


En la raíz del conflicto está la desigualdad social, el fracaso del neoliberalismo y la crisis institucional

La violencia en Bolivia tiene un origen distinto y más amenazante. Porque es un país en que el crecimiento económico de la última década ha ido acompañado de una reducción sustancial de la pobreza y una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población bajo el liderazgo de Evo Morales. Pero hubo al mismo tiempo una profunda transformación social: los indígenas llegaron al poder, con las cholas en primera línea de la instituciones del Estado y mayoría absoluta en el Congreso democráticamente elegido. La élite blanca no pudo tolerarlo. El conflicto en Bolivia es fundamentalmente racial. Aunque se apoyara la oposición en los brotes de corrupción en el Estado, la prepotencia del partido MAS y las maniobras de Evo para mantenerse en el poder, incluyendo, tal vez, fraude electoral. Pero Morales ofreció volver a repetir las elecciones y no presentarse. Aun así, la conspiración que ya estaba en marcha, incluidas manifestaciones populares orquestadas por líderes religiosos fundamentalistas, consiguió que la jerarquía militar obligara al presidente constitucional a dimitir y exilarse. La mano de Bolsonaro parece probable, jaleado por Trump. Contra ese golpe estalló parte de Bolivia, tanto en las regiones cocaleras de Cochabamba como en El Alto, concentración de indígenas en La Paz. El ejército reaccionó disparando y matando, retornando a la siniestra historia de Bolivia, el país con más golpes de Estado en América Latina.

Quienes creíamos superada esa etapa hemos de aceptar que cuando hay un cambio del poder social (aunque se respete el económico) el último recurso de las élites es siempre el monopolio de la violencia.

Mientras tanto, en Chile la violencia sin sentido está desatada en un frenesí de destrucción, alimentada por grupos narcos tal vez manipulados y una rabia popular multiforme. Es posible que se despliegue el ejército en las calles a requerimiento de un Piñera desbordado. Y si no hay reformas pronto y continúa la protesta, podría suceder una regresión autoritaria.

En la raíz del estallido latinoamericano, al que se podría añadir un Perú políticamente desestabilizado y del que se libró Argentina por la esperanza popular en Alberto Fernández, hay tres fenómenos entrelazados: una desigualdad social extrema; el fracaso, una vez más, de políticas neoliberales que imponen la lógica estricta del mercado no sólo a la economía sino a la sociedad en su conjunto, y la ruptura de la confianza ciudadana en las instituciones políticas, cuya representatividad rechaza el 83% de la población en el conjunto de la región. En ese contexto, el gatopardismo (“que todo cambie para que todo siga igual”) no parece que pueda ya ser suficiente. Las ondas de choque del estallido actual podrían expandirse en tiempo y espacio, con consecuencias impredecibles.

viernes, 27 de diciembre de 2019

Con militarización del sistema penitenciario, Honduras incumple con estándares internacionales de DDHH en materia penitenciaria



La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Mesa de Seguimiento”), conformada por organizaciones que hemos acompañado casos de víctimas de violaciones a derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), manifestamos nuestra posición sobre la decisión estatal de intervenir el sistema penitenciario por un periodo de seis meses debido a la grave situación de violencia y muerte que se vive en las cárceles, particularmente en las catalogadas como de máxima seguridad.

Consideramos que, ante los 16 asesinatos ocurridos desde 2017 en las cárceles de máxima seguridad, es una decisión oportuna la suspensión de las máximas autoridades penitenciarias; sin embargo, vemos con profunda preocupación que se haya nombrado una comisión interventora compuesta mayoritariamente por militares, lo cual no es un hecho nuevo, sino una manifestación más del fenómeno de la militarización de los espacios públicos y de diversas funciones estatales que corresponden a otras instancias civiles del Estado, y que se ha profundizado a partir del golpe de Estado de 2009.

La creciente militarización del sistema penitenciario se ha traducido en la gestión cotidiana de facto de la mayoría de centros penales a cargo de funcionarios militares, sobre lo cual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Tortura y el Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, ya han manifestado su preocupación por contrariar los estándares internacionales de derechos humanos y la propia Ley del Sistema Penitenciario. Del mismo modo, es contrario a las sentencias López Álvarez y Pacheco Teruel y en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado hondureño, entre otras medidas, revisar y modificar la legislación nacional en lo que corresponde al personal penitenciario a fin de adaptarlo a los estándares internacionales exigidos, así como adoptar las medidas necesarias para que las condiciones en los centros penales sean adecuadas.

A la luz de tales estándares, “los funcionarios públicos de carácter civil, debidamente entrenados, son los idóneos para atender necesidades psicológicas, educativas, laborales, educativas, y de reinserción social, así como para realizar funciones de administración y seguridad interna respecto de las personas privadas de libertad”. Debido al incremento del riesgo en la comisión de violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran dentro de un régimen penitenciario militarizado, la CIDH ha establecido que la formación militar no es idónea para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias.

Asimismo, la participación de militares en la gestión carcelaria vulnera lo contenido en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que en su artículo 37.1 dispone que las autoridades de carácter civil son las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria y que “no puede ingresar a la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario Nacional, quien […] Se encuentre activo o de alta en el servicio de carrera militar o policial”.

La Mesa de Seguimiento le exige al Estado de Honduras cumplir con las recomendaciones hechas por la CIDH en su informe especial sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras (2013) y sus informes sobre la situación de derechos humanos en Honduras (2015 y 2019), en el sentido de:

1.    Garantizar que los centros penitenciarios sean administrados y custodiados por personal penitenciario especializado en materia penitenciaria, de carácter civil y con carácter de funcionarios públicos, e independiente de las fuerzas militares y policiales.
2.    Establecer una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión, tanto a nivel formal como material, de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario.
3.    Asegurar de manera inmediata que la custodia de los centros penitenciarios esté a cargo de agentes penitenciarios, así como poner fin a la detención de personas en instalaciones militares.
4.    Dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en las sentencias de los casos López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, pendientes desde 2006 y 2012 respectivamente. En particular, llamamos al Estado a cumplir con las medidas relativas a:
a.    Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios señalados en el párrafo 95 de la Sentencia, adecuándolas a los estándares internacionales
b.    Implementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales.
c.    Implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecido de Honduras

Casa Alianza

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura
Caritas Diócesis de San Pedro Sula
Pastoral Penitenciaria. Diócesis de San Pedro Sula
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
Asociación de Jueces por la Democracia
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos alertamos sobre los últimos acontecimientos que ponen en riesgo la continuidad de la MACCIH e instamos a renovar su mandato



Organizaciones nacionales e internacionales con destacada trayectoria en materia de derechos humanos en Honduras alertamos que el anterior 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y un día después del Día Internacional Contra la Corrupción, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un informe sobre las actuaciones, avances y resultados alcanzados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual fue instalada en 2016 en el país producto de un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El referido informe solicita al Poder Ejecutivo que no se renueve el actual convenio Honduras-OEA que creó dicha Misión. Cabe destacar que el informe se elaboró por una Comisión Especial integrada por siete congresistas, de los cuales cuatro son del Partido Nacional de Honduras, creada el 5 de diciembre. Ese día, el Presidente del Congreso, Mauricio Oliva, quien ha sido investigado por la Misión, mencionó a través de medios de comunicación que: “La MACCIH es un matrimonio con el (Poder) Ejecutivo, que lo envíen aquí y decido si lo santifico o no”. Otra de las afirmaciones hechas por Oliva, fue que el informe elaborado “es puntual e inapelable”.

Recordamos que la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentaron en 2018 el denominado caso “Pandora” que evidencia un plan para el desvío de fondos gubernamentales para el Partido Nacional durante la campaña electoral de 2013. La investigación se dirigió en contra de 38 políticos(as) y funcionarios(as), entre los cuales, se encuentran actuales congresistas. Asimismo, este partido político ha sido mencionado en los casos de corrupción “Caja chica de la dama”, “Caja chica del hermano”, “Licitaciones fraudulentas del Seguro Social”, “Arca abierta” y “Narcopolítica”.

Todos estos casos caracterizados por delitos como lavado de activos, malversación de presupuesto público y violación a los deberes de los funcionarios. Entre las personas implicadas, además de congresistas se ha vinculado a jerarcas del Instituto Hondureño de Seguro Social, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y empresarios emergentes como David Castillo, acusado por ser parte de la red de fraude a la ENEE a través del Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque y también por ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Igualmente, a través de las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC se develaron los actos de corrupción de la ex primera dama de Honduras en el periodo 2010-2014, el hermano y el hijo del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa.

Los avances anteriores han significado que la MACCIH y la UFECIC sean objeto de ataque constante, con el propósito de socavar su mandato. Es por ello que, las organizaciones observamos con profunda preocupación que la reciente medida adoptada por el Congreso, responda a la búsqueda de proteger intereses particulares y garantizar la impunidad para quienes han sido investigados por actos ilícitos en el país. Asimismo, consideramos que el plazo establecido -cinco días- fue muy breve en términos de estudiar el alcance de la Misión en los cuatro años de gestión que tiene en el país. Igualmente observamos que la lectura y aprobación de dicho informe en el pleno se dio de manera expresa, situación que se denunció por parte de otros congresistas que estuvieron presentes en la sesión.

En paralelo, recordamos que  el gobierno de Honduras y la OEA, instalaron una Mesa de Evaluación de Trabajo de la MACCIH, que publicó su informe el reciente 12 de diciembre y en el que, en virtud a los resultados que ha obtenido la Misión, recomienda: “prorrogar el texto actual del Convenio MACCIH; y posteriormente, a establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que consideren necesarios”.

En esa sintonía, instamos al Estado hondureño a renovar el mandato del MACCIH y a tomar medidas para fortalecer su trabajo conjunto con la UFECIC para investigar, procesar y sancionar a los responsables de graves actos de corrupción que han debilitado y provocado  consecuencias negativas para todos los sectores de la sociedad hondureña. Además, solicitamos al Congreso de la República particularmente, que se abstenga de realizar declaraciones estigmatizantes a la labor de la Misión en el país y que promueva una discusión imparcial basada en criterios técnicos.

Asimismo, llamamos a los países miembros de la OEA así como a su Secretaría General a que promuevan que se pueda renovar el convenio con el Estado y a los países y agencias cooperantes con la Misión así como a la comunidad internacional, que puedan elevar sus voces condenando la avanzada en contra de la lucha anticorrupción en el país.

Organizaciones firmantes

Honduras:
Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH)
Coalición contra la Impunidad, compuesta por: Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Asociación Feminista Trans (AFET), Asociación FÍAN Honduras, Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH), Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA), Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST), Pastoral Social Cáritas- diócesis de San Pedro Sula, Centro de Derechos de Mujeres(CDM), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y SIDA (CEPRES), Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Colectivo Diamantes Limeños, Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Crisálidas de Villanueva, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Espacio-ACI, Familia Franciscana JPIC, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), Foro de Mujeres por la Vida, Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH), Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Frente Amplio del COPEMH, JASS en Honduras, Organización de Mujeres intibucanas “Las Hormigas”, Movimiento Ambientalista Social por la Vida (MASS VIDA), Movimiento Indígena Lenca- La Paz Honduras (MILPAH), Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla”, Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), plataforma agraria Regional del Valle del Aguán, Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguan (OPDHA), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), PBI, Plataforma internacional contra la impunidad (PI), Pastoral de Movilidad Humana (PMH), Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Red de Participación de Organizaciones de sociedad civil Siguatepeque (RPOSC), Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras (REDMUDE), Unión de Empresas y de Organizaciones de Trabajadores del Campo (UTC), Vía Campesina.
COIPRODEN
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
DIAKONIA Honduras
Grupo Sociedad Civil (GSC)
Plataforma Agraria del Bajo Aguán

Internacionales:
Asociadas por lo Justo (JASS)
CADEHO
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC-USA)
Corporación Colectivo Ansur
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Honduras Delegation
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

Rebeldía popular contra el régimen fantoche



Por Luis Alfonso Mena S.

Este martes 3 de diciembre de 2019 se produjeron en Bogotá dos hechos que retratan de cuerpo entero a Iván Duque, el presidente fantoche que desgobierna en Colombia, y al régimen uribista en el poder.

Uno: su negativa, a través de un par de segundones, a aceptar puntos mínimos de acuerdo con el Comando Nacional de Paro que permitieran no dilatar más la discusión del pliego de trece puntos presentado al Gobierno por las centrales obreras y otras organizaciones sociales, cuyo eje es el rechazo al paquetazo económico neoliberal que tiene en marcha el Gobierno, y contra el cual el pueblo está en las calles desde el 21 de noviembre.

Dos: el estruendoso fracaso de la reunión de cancilleres del denominado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, aparataje de la Guerra Fría desenterrado por Duque y el grupo de mandaderos de EE.UU. que lo acompañan en su agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, y que concluyó con una declaración fantasmagórica, espejo de la famélica reunión de burócratas que vinieron a conspirar y a gastarse los dólares con los que los compra el imperio.

Pero Duque es, además de fantoche, cínico: en vez de buscar solución a las exigencias del pueblo, se burla de él poniendo en ejecución el llamado holding financiero, camino hacia la privatización de entidades públicas, y, apoyado en las fichas del establecimiento en el Congreso de la República, como las de Cambio Radical, el conservatismo y el liberalismo, que se sumaron al uribismo, negocia la aprobación de la Reforma Tributaria, que exonerará de impuestos por alrededor de diez billones de pesos a grandes empresarios y acrecentará los abismos sociales en el país.

Así, el Ejecutivo y el Legislativo le dan de nuevo la espalda al pueblo, y se unen en la defensa de la estructura económica imperante, correspondiendo a la esencia del Estado capitalista, en tanto aparato de dominación social, política, jurídica y coercitiva de las clases oligárquicas (gran burguesía financiera, industrial, comercial y grandes poseedores de latifundios) sobre las clases y sectores populares.

Dos semanas después de iniciada la portentosa protesta, que este miércoles 4 de diciembre tiene una nueva gran movilización en todo el país, y que el miércoles 27 de noviembre registró otro punto elevado de acción reivindicativa, el régimen sigue maniobrando para darle largas a la discusión del Pliego de Exigencias con la táctica tramposa de convocar comisión tras comisión hasta el 15 de marzo de 2020.

Con infinidad de reuniones insustanciales, que a nada conducen y desconocen a los orientadores del paro, el Gobierno le apuesta a agotar la protesta, confiado en que los afanes de las festividades navideñas y de fin de año diluyan el movimiento.

Fiel a la táctica de la traición practicada a lo largo de la historia, la oligarquía colombiana sigue actuando con falsedad y despotismo, apoyada en el engaño y en la violencia, con su brazo predilecto contra la movilización popular, el Esmad de la Policía, escuadrón convertido en el enemigo de estudiantes, trabajadores, campesinos y de todos los que marchan sometidos a la amenaza de sus disparos.

La represión ha campeado en las últimas dos semanas, ocasionando centenares de retenidos, heridos y varios muertos, entre ellos el joven bachiller Dylan Cruz, asesinado por el Esmad cuando ejercía su derecho a la protesta de manera pacífica en Bogotá, y convertido en símbolo de la rebeldía juvenil en la actual coyuntura.

La campaña del régimen fantoche cuenta con la complicidad de sus medios de comunicación y de los esquiroles que no faltan, que cumplen sus roles: los primeros, como propagandistas del poder y censores de las causas populares, y los segundos, como vulgares cancerberos de los bolsillos de sus amos, que jamás dejarán de tratarlos como sirvientes.

Pero en Colombia los factores subjetivos de las luchas están cambiando, y sectores cada vez más amplios de la población asumen una actitud consciente y se incorporan, de manera independiente, incluso sin banderías políticas definidas, a la lucha contra las reformas pensional y laboral que negará más el futuro a los jóvenes; contra la violencia estatal y paramilitar que sigue acabando la vida de líderes sociales y de excombatientes; por reformas profundas en materia de salud y educación; contra las cargas impositivas que afectan el bolsillo de pobres y capas medias, y en procura de soluciones a los demás reclamos enarbolados en el paro.

Redes contra la dictadura mediática

El eco de las luchas populares escenificadas en los meses recientes en Ecuador y Chile contra el neoliberalismo sirve de acicate a la población colombiana, que hace uso de las nuevas herramientas de las redes electrónicas y, empoderada, se autoconvoca e incorpora al cúmulo de reclamos los derechos de las mujeres, el medio ambiente, los animales, la defensa del agua, del páramo de San Turbán y el rechazo al fracking, por ejemplo.

Los tiempos han cambiados y las ciudadanías están en todo su derecho a ser tenidas en cuenta, a organizarse para la protesta de masas, pacífica, pero firme, contra la corrupción y las lacras de un Estado en descomposición. Ahora no se trata de obedecer a ciegas, sino de unirse contra el régimen criminal y antipopular.

En medio de su desesperación por el avance y multiplicación de las luchas sociales, que no esperaban, grupos, políticos y periodistas de la extrema derecha tratan de reactivar la ofensiva contra Venezuela, en la misma tónica de Duque con la fracasada reunión del Tiar en Bogotá, con el propósito de tender una cortina de humo sobre el Paro Nacional. Pero no les funcionó. Ya en muchos sectores en Colombia no tienen audiencia.

Un hecho importante en el momento actual ha sido precisamente la derrota de la prédica de los medios tradicionales que, con la doble moral que los caracteriza, estigmatizan la protesta en Colombia, pero la enaltecen en otros países, cuando ella es usada como ardid de la derecha golpista para conspirar contra procesos y gobiernos progresistas.

Otro elemento novedoso en la actual coyuntura, que evidencia el arraigo popular del paro por las sentidas reivindicaciones que levanta, son los masivos y sonoros cacerolazos registrados durante días seguidos en las principales urbes del país. La cacerola ahora acompaña todo acto ciudadano y salió de casa para marchar también en las calles.

De igual manera, se destacan formas nuevas de expresión, como los conciertos callejeros, las velatones y las protestas en escenarios deportivos, como la expresada por el pueblo hincha del América de Cali, que, al inicio del partido frente a Santafé en el estadio Pascual Guerrero, gritó al unísono: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”.

Asimismo, ha sido determinante el papel de las redes sociales, no solo en la autoconvocatoria de las comunidades para las protestas, sino en la difusión de contenidos orientados a contrarrestar la desinformación y la censura de los medios masivos de comunicación propiedad de las élites. La censura es antiperiodística, es antidemocrática, es el silenciamiento con turbios objetivos políticos.

De ello hemos sido testigos los pobladores del Valle del Cauca, y especialmente los de Cali, donde, mientras se desarrollaban constantes marchas todos los días y noches (con protestas, cacerolazos y pronunciamientos de sectores obreros, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes, etc.), en los medios televisivos regionales ese caudal de expresión popular se desconocía de plano o se cubría con sesgo, otorgando mayor despliegue a actos vandálicos ajenos al paro, a las medidas represivas del Estado local o a las estrategias de pánico inducido y claramente desarrolladas por enemigos de la movilización popular, interesados en introducir matrices para tratar de desacreditar y deslegitimar el Paro Nacional.

La coyuntura ha puesto en evidencia, una vez más, la importancia de los medios de comunicación alternativos y populares para enfrentar la dictadura de los medios de las clases dirigentes, visibilizar las luchas sociales y convertirse en canales de expresión de sus reclamos, tergiversados o, simplemente, silenciados por la prensa de las oligarquías.

Y ha evidenciado también la urgencia del respaldo por parte del campo alternativo a esos medios contrahegemónicos, para que puedan tener la sostenibilidad que la vida y las luchas sociales reclaman.

Una movilización por el futuro

Vivimos tiempos de cambio, con comunidades y subjetividades movilizadas a pesar de la vergonzosa manguala de la inmensa mayoría de los medios de prensa con el Gobierno, que persiste en la imposición de sus medidas neoliberales, obedeciendo a los dictámenes leoninos de la Ocde y de la banca internacional (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), en detrimento de la vida de la población en general, y del futuro de la juventud y la niñez, en particular.

El que está en marcha es, precisamente, un paro de los jóvenes, convertidos en uno de los ejes de la protesta, porque la política del régimen se orienta contra ellos, no solo porque el desempleo los azota, porque la reforma pensional oscurece su perspectiva de vida, porque las propuestas salariales y laborales los precarizan sin misericordia y la falta de acceso a la educación los condena al ostracismo, sino porque la represión y la violación de los derechos humanos los tienen en la mira.

El caso de Dylan Cruz es el más paradigmático. Pero esta protesta ha dejado otras víctimas de las nuevas generaciones, como el joven herido por la represión policial en Cali el 21 de noviembre, y que hoy está a punto de quedar parapléjico; o el soldado que se suicidó al no resistir la presión de sus superiores luego de pronunciarse en favor del paro, o como otro joven soldado que fue detenido y sometido, insólitamente, a un proceso penal por también haber expresado su apoyo al paro.

La juventud, en todos los campos de la sociedad y no solamente el universitario, ha tomado la iniciativa, y acompaña a líderes sindicales, campesinos, de pensionados y desempleados en la brega porque, más temprano que tarde, el país se enrute por el camino de las grandes reformas que reclama.

Un régimen fantoche, como el que encabeza Duque, no podrá detener ese movimiento social, este empuje de futuro, así intente desviar la atención con su política de agresión contra la hermana Venezuela.

Este 4 de diciembre, obreros de Cali y de Yumbo volvieron a bloquear las vías de acceso a la zona industrial, en Sameco y Menga, al norte de la capital del Valle del Cauca; colectivos populares hicieron lo propio en inmediaciones de Juanchito, en la vía a Candelaria, otra zona económica importante, al oriente de la ciudad; nuevos grupos barriales estuvieron en Puerto Rellena, ya conocido como Puerto Resistencia, con copamiento de la Autopista Simón Bolívar, en inmediaciones del Distrito de Aguablanca; mientras que los estudiantes de la Universidad del Valle y de otros centros de educación superior se dirigían hacia el sur de Cali, para recibir a la minga indígena del Cauca y cerrar la vía a Jamundí.

Acciones similares madrugaron a hacerse en centenares de puntos del país, con movilizaciones confluyentes en las grandes plazas de las principales ciudades, y en muchos municipios de las regiones también. El paro no cesa.

El régimen fantoche del uribismo y Duque no podrá seguir tendiendo cortinas de humo, ni dilatando el diálogo con los orientadores de la protesta, ni endilgándoles la responsabilidad de ella a cuanto fantasma se le ocurre, porque estos se hallan en vías de extinción y los colombianos creen cada vez menos en cuentos.

Del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2019 han transcurrido 14 días de movilizaciones, cacerolazos, pronunciamientos, actos múltiples y diversos del pueblo colombiano en calles, plazas, barrios y veredas del país. 

El paro pica y se extiende, y el año 2020 será de continuidad de estas luchas, porque la sociedad las reclama y porque ellas serán el mejor homenaje a quienes ofrendaron sus vidas y cayeron bajo la violencia estatal en busca de justicia social y democracia en Colombia.