Por Sandra Rodríguez
Por segundo día consecutivo la Policía Nacional armada de gases lacrimógenas atacan a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” (UPNFM), a inmediaciones del bulevar Fuerzas Armadas.
Ayer viernes 12 de julio, atendiendo el llamado de la Plataforma en defensa de la Salud y Educación, se realizó una serie de tomas en diferentes ciudades del país, las cuales fueron, como siempre, fuertemente reprimidas, con golpes, intentos de capturas y gaseadas constantes, afectando a la población que se opone a las decisiones impuestas por el régimen de Juan Hernández.
Lo que causó mayor indignación, fue el ataque directo de parte de la policía y agentes de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), depararon bombas lacrimógenas dentro de las instalaciones de la UPNFM, donde funciona el Centro De Investigación E Innovación Educativa (CIIE), que atiende a escolares menores de edad.
“No puedo, no puedo…” expresaba un menor, en aparente estado de shock ocasionado por los gases lacrimógenos, mientras un adulto lo auxiliaba con un paño en su rostro. Otros videos muestran a niños y niñas con mochilas de rueditas, correr casi asfixiados por los pasillos de la escuela pública, hacia el servicio de transporte.
Por esos hechos, un grupo de universitarios protestó esta mañana en el mismo lugar de ataque policial que puso en peligro la vida de cientos de niños y niñas, que entre sus útiles escolares -trascendió en un chat- podrían sus madres y padres agregar vinagre y un pañito como acción inmediata contra los gases lacrimógenos.
La violenta escena de disparos y humo tóxico no se hizo esperar, nuevamente la policía y TIGRES atacaron a la juventud cuyas armas es la conciencia social, universitarios que se preparan para ser maestros de educación media que defienden la educación pública.
Pese a estar prohibido el uso de gases lacrimógenas para la guerra desde 1993por la Convención de Ginebra, la policía y los militares no se restringen para lanzarlo donde exista una manifestación social, incluso dentro de centros educativos, comercios y viviendas, incrementando así la criminalización a la protesta pacífica.
La inhalación de este gas de uso policial para disuadir manifestaciones puede provocar abortos, edemas pulmonares, además de los efectos inmediatos como lagrimeo, visión borrosa, irritación bucal, cefalea, salivación intensa y dificultad para respirar. También puede causar sangrados de la nariz, según el doctor Andrei Tchernitchin, toxicólogo de la facultad de medicina de la Universidad de Chile, donde se realizó un estudio sobre el tema.
Los efectos de los gases lacrimógenos pueden permanecer por mucho tiempo en el cuerpo humano, según expertos.
Desde el golpe de Estado del 2009 hasta la fecha, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), registra al menos 130 asesinatos y muertes en el marco de protestas sociales contra la dictadura instaurada en el país en la última década. Entre ellas la muerte de Wendy Ávila (sept. 2009) por inhalación de gases lacrimógenos; la profesora Ilse Ivannia Velásquez (marzo 2011), perdió el conocimiento en medio de una gaseada policial, además una bomba le impactó en la cabeza y perdió el control siendo atropellada por un vehículo de la prensa y falleció.
En las recientes protestas de abril a junio del 2019, José Armando Ruiz (trabajador de la salud) y Marco Antonio Espinoza (taxista), fallecieron por causas respiratorias tras bombardeos de gases lacrimógenos.
A través de redes sociales la población ha condenado el uso desproporcionado de las fuerzas represoras del Estado que siguen las órdenes del ilegal presidente Hernández, especialmente contra los y las menores que ayer se encontraban en clases:
Conchita Ramos, expresó que “Así corren los niños del colegio de mis hijos CIIE de la universidad pedagógica ante el gas lacrimógeno que lanzan los policías desgraciados éstos… Los niños inocentes solamente reciben sus clases, lastimosamente así está nuestro país”
Por su parte el periodista Cesar Omar Silva, denunció “Nuevamente los niños son los afectados en centros educativos, la Policía lanza gases lacrimógenos en el CIIE, asfixiados los pequeños intentan huir”.
La docente universitaria Melissa Merlo, con un ¡Basta ya! Pidió disculpas por no poder defender a los y las pequeñas en uno de los centros educativos públicos con alto prestigio académico. “Como docente de la UPNFM, como madre, como ciudadana, pido perdón públicamente a los niños y niñas del CIIE, a la gran y noble familia educativa de la UPNFM, a la comunidad que nos acoge. Perdón por no tener la fuerza ni la inteligencia para defenderles de las crueles estrategias represoras de este narcogobierno. Pido a las comunidades universitarias y educativas de todo tipo, y a la comunidad hondureña en general, que nos unamos para proteger a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Una comunidad en silencio es cómplice de los crímenes. Sigamos luchando, aun y cuando la tempestad no amaine. Condeno a los cuatro vientos el atentado a la vida del que fuimos objeto hoy en nuestra universidad.
Mientras que, Bertha Hernandez Aguilera, madre de familia de esa institución, reaccionó indignada por esas acciones en las que no se piensa en los niños.
Glinis Soraya Núñez Rodríguez Hay tantas cosas que en este país nos indigna, pero más indignante es que se metan con los más indefensos. Al pueblo nadie lo debe callar, todos tenemos derecho a hablar, a opinar y disentir de lo que no nos gusta, pero tal parece que hacerlo trae consecuencias nefastas.
En cuanto a la represión ayer en Jícaro Galán, Valle, al sur de Honduras “eso era una barbaridad” declaró a Defensores en Línea, el líder social Pedro Canales, quien estuvo en la manifestación. La policía disparó, persiguió y hostigó. El dirigente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), descartó que hubiera heridos o capturados.
Pese a que la Policía Nacional y Tigres protagonizaron una huelga de “fusiles caídos” el 19 de junio pasado, expresando que ya no querían seguir atacando a la ciudadanía, entre otras denuncias, siguen cumpliendo órdenes de Hernández, que ha desplegado a nivel nacional a “las Fuerzas Armadas, Policía, inteligencia y los órganos que dependen del poder ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito pero también la protección a la propiedad privada y a la integridad de la población”.
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