Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional.
Entre la ingobernabilidad, los vicios de nulidad, el autoritarismo, la corrupción e impunidad, funciona el Congreso Nacional en este período que dirige por segunda ocasión, el diputado nacionalista Mauricio Oliva. Los últimos dos meses, esta situación se agudizó por las diferencias existentes entre el oficialismo y los partidos de oposición.
Este poder del Estado entró en los últimos diez años en una etapa de degeneración, en la que los espacios democráticos se han reducido, y la ley del más fuerte, del que más representantes tiene, es la que se impone por encima de cualquier queja, impugnación o denuncia pública.
“Es penoso ver que en algunas sesiones no se da la palabra, que se busca sobornar a varios diputados para que voten a favor de un proyecto en particular o que se aprueben cosas sin tener la mayoría necesaria, o simplemente utilizando un método lleno de nulidad”, valoró el expresidente del Congreso, Carlos Montoya, al ser consultado sobre el tema.
Para Monyota, los últimos tres períodos que este poder del Estado ha estado en manos del partido Nacional, han sido suficientes para convertir este espacio, en una plataforma dictatorial, en la que se generan ambientes ideales para cometer corrupción y protegerse con la impunidad que genera el poder.
En este período de tiempo que citó Montoya, se han entregado contratos a empresarios sobre asuntos energéticos, salud, educación, carreteras, financiamiento estatal a través de Organizaciones no Gubernamentales, entre otros, algunos de estos han sido investigados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y otros simplemente continúan en la impunidad.
“Hemos hecho de todo: gritar, pedir la palabra, estudiar, denunciar ante la justicia y no recibimos respuesta. Acá hay una dictadura legislativa, ellos tienen el poder, pero seguiremos denunciando porque es el papel, que al menos en este momento, nos toca hacer a favor del pueblo hondureño”, dijo el diputado Luis Redondo, quien representa a una de las bancadas de oposición en el legislativo.
En la actualidad, la ley del más fuerte se impone en el Congreso. Cuando los que tienen mayor cantidad de representantes, promueven una iniciativa particular, no hay poder de oposición legislativa que pueda frenarlo, y de eso el partido Nacional ha sabido aprovecharse a la perfección.
Ingobernabilidad y autoritarismo
El Congreso vive un momento histórico, en el que la división y la pluralidad de su composición generan un contexto de ingobernabilidad, tal inestabilidad se expresa en las dos fracciones existentes: por una parte, el sector opositor representado por las bancadas de Libre, Pinu y un reducido grupo de diputados del partido Liberal.
En el otro extremo se encuentra el oficialismo, con el apoyo de algunos partidos minoritarios, como ser Democracia Cristiana, Unificación Democrática, Alianza Patriótica y un grupo de liberales.
En los últimos dos meses esas expresiones se agudizaron con las acciones de protesta del partido Libertad y Refundación, Libre, denominada insurrección parlamentaria, el que surge de la demanda de este instituto político, de nombrar a nuevos representantes en los recién creados entes electorales.
“Estamos en insurrección, y continuaremos allí porque tenemos derecho a integrar los entes electorales, para que de esa forma evitemos nuevos fraudes y así poder respetar la voluntad del pueblo en las urnas”, dijo el diputado de Libre, Yester Múñoz.
Las protestas de insurrección se han caracterizado por el uso de pitos, pancartas, petardos, consignas, entre otros, cuyo objetivo fundamental es evitar que las agendas legislativas se desarrollen, hasta que se nombre a un representante de su partido en el Tribunal de Justicia Electoral y Consejo Nacional Electoral.
Las últimas sesiones se han dado en un ambiente de protestas por una parte e imposición por otra, en la que el oficialismo aprovecha para sesionar sin el número de diputados aptos para una sesión e incluso ha aprobado iniciativas sin tener la cantidad de votos que requiere el procedimiento parlamentario.
“Hemos evidenciado por completo la nulidad y la ilegalidad de las sesiones, ellos han cometido delito, delitos que deben ser penados por la justicia, pero como también la controlan, tienen total impunidad para hacer lo que quieran en este Poder del Estado”, denunció el diputado Luis Redondo.
El dominio del Partido Nacional de este poder del Estado es absoluto. Por ejemplo, los diputados que no forman parte de este instituto político, en muy pocas ocasiones conocen la agenda a abordarse, por lo que, en la previa de cada sesión, la expectativa se hace presente sobre cualquier ley o reforma que el oficialismo quiera presentar para fortalecer sus intereses o proyectos.
“Como ya es una costumbre, nosotros no tenemos nunca conocimiento de la agenda legislativa, la Junta Directiva es la única que sabe, nosotros debemos estar siempre alertas, porque no sabemos cuando ellos van a meter algún proyecto que pueda ser dañino para el pueblo y óptimo para cometer corrupción”, valoró la situación, la diputada de oposición Doris Gutiérrez.
Por su parte el presidente del Congreso Nacional, ante los medios de comunicación ha dicho que ellos son abiertos, democráticos y que dan espacio al diálogo a cada uno de los partidos.
Oliva afirmó que no existen agendas ocultas, y que tampoco hay un ambiente dictatorial, lo que sí existe es una mala percepción del desarrollo legislativo, porque a veces las protestas que hacen algunos diputados de oposición, caen en el desorden, por lo que alguien le toca poner orden.
Oliva no se refiere a las prácticas autoritarias, que se expresan en negar la palabra, aprobar iniciativas sin la mayoría indicada por el procedimiento parlamentario u otros movimientos nulos que se dan en el Congreso.
Corrupción e impunidad
Más allá de ser un espacio de debate y legislación para el beneficio de la población, el Congreso se convirtió en la plataforma óptima para la corrupción, privatizaciones y el blindaje sobre el manejo irregular de fondos estatales, dicen analistas.
Bajo esta dinámica, el Congreso ha dado fuertes golpes a la institucionalidad, por ejemplo la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando el ahora titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, dirigía las riendas de este poder del Estado, y desde ya estaba preparando su camino a la continuidad en el poder.
Asimismo, se han aprobado proyectos de drenaje de fondos públicos, que son usados para el financiamiento de campañas políticas, el caso más sonado es el relacionado a la Red de Diputados en el que, bajo el mando del actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se entregó fondos a diputados a través de Organizaciones no Gubernamentales para financiar campañas y desviar fondos.
Bajo esos hechos, es que Carlos Montoya se refiere a la crisis institucional que vive este Poder del Estado y el papel deprimente de una institucionalidad que ha sido incapaz de proceder contra esta violación no solo a los protocolos parlamentarios, sino ante los graves actos de corrupción que desde esa plataforma emanan.
Redondo es uno de los diputados que más denuncia las irregularidades en las sesiones de Congreso, en cada una de ellas, sale ante los medios a denunciar, la violación a los procedimientos parlamentarios y en el peor de los casos, la legislación que busca fortalecer la corrupción e impunidad.
“Acá manejan todo, desde la agenda, hasta cómo van a meter un proyecto, nos queda denunciar, por eso el pueblo nos ha puesto acá”, expresó el diputado de Libre, Jari Dixon.
“Mire si no hay un cambio importante, la situación empeorará, y el autoritarismo, la corrupción y la impunidad se apoderarán de lo poco que queda de democrático del Congreso”, finalizó Montoya.
Analistas, diputados y exfuncionarios de este poder del Estado, coinciden en la necesidad de transformar por completo el manejo, las prácticas antidemocráticas y la falta de transparencia, que hoy por hoy mantienen secuestrado al Congreso Nacional, y que convierten la misma, en el complemento perfecto de la dictadura que dirige Juan Orlando Hernández.
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