La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia hechos de violencia en contra de las personas trans en Honduras. A la vez, urge a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, tomando en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados en prejuicios basados en la orientación sexual, expresión/identidad de género –reales o percibidas– o características sexuales de estas personas. La CIDH reitera su preocupación ante los altos niveles de violencia en contra de personas trans en la región y la baja expectativa de vida de esta población.
La CIDH ha seguido con seria preocupación el incremento de hechos de violencia contra mujeres trans en Honduras, en particular los asesinatos de tres personas cometidos durante la primera semana del mes de julio. De acuerdo con información de público conocimiento, el día 6 de julio de 2019, Santi Carbajal, directora del programa de televisión local “La Galaxia de Santi”, fue asesinada en Puerto Cortés, quien, según reportes, había recibido amenazas con anterioridad. El 8 de julio, Antonia Lainez, 38 años, residente del departamento de Yoro, fue asesinada con arma de fuego. Ese mismo día, Bessy Ferrera, mujer trans, 40 años, defensora de los derechos de las personas LGBTI y de personas viviendo con VIH, fue atacada y asesinada por desconocidos que se conducían en un vehículo; según los reportes, en este ataque también resultó herida otra mujer trans. La CIDH toma nota de que la policía ha identificado a los posibles responsables y ha capturado a dos personas con relación al último caso.
La Comisión advierte que estos actos de violencia no son aislados. Durante la visita in loco realizada en 2018, la CIDH pudo observar que las personas LGBTI viven en un contexto caracterizado por la frecuente violencia física, psicológica y sexual en su contra, además de la impunidad generalizada en esos casos. La Comisión ha recibido información según la cual presenta que, desde el inicio del presente año hasta el 9 de julio de 2019, han ocurrido 21 muertes violentas de personas LGBTI en el país. Ante este contexto, la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI recuerda que “Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir violaciones de derechos humanos de las personas LGBTI sujetas a su jurisdicción y, además, tienen la obligación de erradicar la impunidad frente a los crímenes perpetrados contra esas personas; de lo contrario, se transmite el mensaje social de que estos actos son condonados o tolerados”.
Al respecto, la CIDH reconoce que es difícil determinar cuándo los actos de violencia contra las personas LGBTI son motivados por prejuicio o discriminación, sin embargo, en los casos de personas de orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características corporales diversas de los patrones socialmente aceptados, los Estados deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales, libres de estereotipos y que tomen en cuenta los distintos factores que sitúan a las víctimas en particular vulnerabilidad, tales como la actuación en la defensa de los derechos humanos.
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