En medio de una fuerte militarización y en un ambiente de intimidación, las más de 16 comunidades que conforman el sector Florida, Tela, Atlántida reafirmaron el fin de semana la decisión, tomada cuatro años, de no aceptar la explotación minera
La ciudadanía se dio cita en la escuela de la comunidad la Yusa y unánimemente con firmeza dijeron a las autoridades municipales que se mantienen firmes en decir no a las concesiones mineras en su territorio.
El abogado Víctor Fernández, del área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), expresó que la decisión no se trata de algo aislado, sino que es producto de todo un proceso organizativo y de lucha que han mantenido desde hace más de 6 años los pobladores y pobladoras de las comunidades.
“En el 2013 se desencadenó una verdadera cacería, se registraron muchas violaciones a derechos humanos y no hay investigaciones de esos casos. La voluntad de las comunidades se debe respetar”, enfatizó el defensor.
A criterio del ambientalista Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, esta decisión reafirma por segunda vez un ejercicio de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Expresa que otros sectores del departamento y el país deben avanzar en realizar declaratorias para liberar el territorio de proyectos extractivos.
“Es importante señalar que en el año 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional el artículo 67 de la Ley de Minería porque obligaba a realizar cabildos abiertos hasta después que se había otorgado la concesión. Ahora lo que está vigente en este tipo de consultas es la Ley de Municipalidades que manda a la corporación municipal a velar por el cuidado del ambiente y respetar la voluntad ciudadana”, expresa el ambientalista.
Según un reciente estudio presentado por "Oxfam Internacional", el departamento de Atlántida tiene más de 34 concesiones mineras. El informe señala que de aprobarse todas las concesiones que están solicitadas, no menos del 75 % de los ríos del país se verían afectados. El informe además destaca que en el departamento de Atlántida el 100% de los ríos estaría siendo afectado severamente.
El Estado de Honduras ha otorgado 302 concesiones para la explotación y exploración minera en una superficie territorial de 2.173 kilómetros cuadrados, dejando daños al medio ambiente y a la vida de las comunidades.
Contexto
Desde el golpe de Estado de 2009, la entrega del territorio al capital nacional y extranjero se aceleró. Las concesiones mineras e hidroeléctricas fueron parte del pago al sector empresarial y político por haber apoyado la ruptura del orden constitucional.
La lucha del sector Florida inició hace más de 6 años cuando el empresario Lenir Pérez, yerno de Miguel Facussé pretendía instalar una minera en la comunidad Nueva Esperanza, y Gustavo Urrutia una extractora de óxido de hierro en la comunidad de El Carmen, Tela, para su posterior comercialización en el mercado internacional.
Cuando comenzaron los trabajos mineros, la empresa desató un ambiente de intimidación, amenazas y agresiones, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional y el entonces alcalde de Tela, David Zaccaro. Varios líderes comunitarios huyeron y otros se quedaron a pesar de las amenazas a muerte.
En el 2014, la organización de las comunidades bajo el paraguas de la parroquia Nuestra Señora del Pilar y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), permitió hacer una lucha de frente que a pesar de la intimidación, persecución y violaciones a derechos humanos presionaron a la corporación municipal de ese entonces, bajo la administración de Mario Fuentes, a realizar un cabildo abierto y declarar en ese año el sector como " zona productora de agua, libre de explotación minera".
A partir del 2017 a pesar de haberse declarado, el 2014 sector libre de explotación minera, los empresarios comenzaron a acechar la zona promoviendo proyectos a cambio de dejar ingresar la concesión. Sin embargo, la población de mantuvo firme en la defensa.
La amenaza continúa
Aunque el fin de semana se reafirmó por segunda vez el no a la minería en el sector Florida, no significa que la amenaza haya concluido en su totalidad. Los empresarios mineros han llegado hasta las comunidades del sector Guaymas, El Negrito, Yoro (que colinda con el sector Florida, Tela), a promover la concesión y convencer a la población de esas comunidades para que dejen entrar los proyectos.
En ese sentido el domingo 8 de abril las fuerzas vivas de El Negrito, Yoro y la parroquia San Francisco de Asís de Toyos, conformaron el Comité Ambientalista para Defender su territorio de los proyectos extractivos.
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