Junta de Convocantes priorizan reformas electorales en Mesa de diálogo
Las consecuencias más graves de la crisis post electoral siguen sin resolverse en Honduras. Las decenas de asesinatos, a manos de las fuerzas de seguridad, aún están en la impunidad en un Ministerio Público que se limita a decir que la Fiscalía de Delitos Contra la Vida desarrolla “pruebas de balística, tomando testimonio y realizando investigaciones en las zonas donde se registraron los 23 crímenes”, reportados por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).
En la otra cara de la moneda se ven las 23 personas presas políticas, tras las protestas contra la continuidad ilegal de Juan Orlando Hernández. “Lourdes Johana Gómez, estuvo activa en las protestas post-electorales y también tiene una larga historia de amenazas e intimidación por parte de la policía en Pimienta, Cortés. Su esposo y un hermano fueron también líderes en las protestas locales y están detenidos actualmente en la cárcel de El Pozo. Esto indica que la familia fue perfilada por ser parte de la oposición”, cita la Delegación Internacional que Investiga la Situación de los Presos Políticos, en sus conclusiones preliminares tras una visita a familiares y organizaciones que exigen la libertad de los presos políticos.
Sin embargo, esta semana, la Junta de Convocantes ha hecho llamado a los actores políticos –oposición y oficialismo- a retomar las mesas de discusión que les lleve a un diálogo nacional para acordar reformas del sistema político-electoral y como última instancia la situación de derechos humanos.
“Estamos haciendo una ronda de visitas con los protagonistas principales para lograr que se vuelvan a sentar por Honduras”, dice Jorge Yllescas, integrante de la Junta de Convocantes, quien además reitera que los temas principales en la “mesa de diálogo son las reformas al sistema electoral, un planteamiento sobre la corrupción y el respeto a los derechos humanos”.
Por su parte, Olban Valladares señala que las discusiones deben darse fuera del hemiciclo legislativo, puesto que los partidos políticos, principales actores de la crisis, son quienes tienen que generar los insumos y soluciones para que el Poder Legislativo las convierta en ley: “yo quiero recordarles que hace muchos años se creó una instancia que era el Foro Nacional de Convergencia, ahí era donde iba la sociedad entera a discutir fuera del marco del Congreso Nacional de la República y luego los resultados se llevan para que fueran vinculantes”.
Octavio Pineda, secretario del Partido Liberal, aunque reconoce que se deben castigar las violaciones a derechos humanos durante la crisis post electoral, apunta que las discusiones en la mesa de prediálogo se tendrán que centrar en “reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y transformar el Tribunal Supremo Electoral”.
Comunidad internacional
El abogado Graco Pérez, analista internacional, es del criterio que la insistencia en entablar un diálogo nacional responde a cumplir un requisito con la comunidad internacional y “realmente no se tiene interés en encontrar un camino que permita a la sociedad hondureña se una en un solo objetivo que es el desarrollo”.
Agrega que “finalmente lo que hay aquí es una lucha de intereses y poder, no se está pensando en una visión a largo plazo, no se están enfocando en la razón principal de ese diálogo que es la confrontación política y la diferencias sobre el proceso electoral”.
Pérez señala que en el llamado proceso de prediálogo los hondureños “perderán cuatro años” entre los que están en el poder y quienes tienen una posición sectaria y partidista.
“Nos preocupa las condiciones inhumanas dentro de las prisiones, como la severa escasez de agua potable en La Tolva, la calidad del agua y los alimentos disponibles en El Progreso y El Pozo; el acceso al cuidado médico, restricciones de visitas y maltrato a familiares que intentan ver a sus parientes privados de libertad”, manifestó Delegación Internacional que Investiga la Situación de los Presos Políticos, mientras los actores políticos y convocantes al diálogo piden un diálogo para acordar reformas electorales y políticas.
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