jueves, 19 de abril de 2018

Corrupción deniega acceso a derechos fundamentales, denuncia la FIDH



Una Coalición de 25 organizaciones que componen la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), llamaron este lunes a los Estados  para que aborden "prioritaria y eficazmente" la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos; en el marco de la Cumbre de las Américas, donde participarán los Jefes de Estados del continente entre el 14 y 14 de abril en la capital peruana.

"La coalición de organizaciones, tiene el firme convencimiento que hacerlo a través de una perspectiva de derechos humanos habilita y enrumba hacia una buena dirección", dijeron en un comunicado la Coalición adscrita a la FIDH.

Ejemplificaron actos de corrupción en al menos ocho países en los que incluyen a Honduras, en donde se instauró un fraude electoral, sin respetar la voluntad soberana del pueblo y que durante la crisis post electoral, van más de 30 asesinados y asesinadas por razones políticas.

Por Honduras, integra esta Coalición el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH).

A continuación y por su importancia reproducimos el comunicado de forma íntegra:

Comunicado conjunto en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, Lima, Perú

París, Lima, 10 de abril de 2018, Lima.- La Coalición de la FIDH compuesta por 25 organizaciones de derechos humanos de las Américas, presente en la Cumbre de las Américas del 9 al 14 de abril, hace un llamado a los Estados del continente a abordar prioritaria y eficazmente la problemática de la corrupción, desde una perspectiva de derechos humanos. El documento “La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales” publicado hoy recoge las líneas de acción propuestas por esta coalición para lograr una gobernabilidad democrática en las Américas.

Varias de las actuales crisis políticas, de legitimidad y escándalos recientes de los gobiernos de la región son producto de graves actos de corrupción. Ejemplos de países como México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, entre otros, demuestran que la corrupción está instalada, arraigada y convive con la forma en que en estos países se hace política y que por lo tanto será imprescindible cambiar radicalmente nuestras prácticas y forma de encarar esta problemática. La coalición de organizaciones, tiene el firme convencimiento que hacerlo a través de una perspectiva de derechos humanos habilita y enrumba hacia una buena dirección.

“La corrupción ha demostrado ser una plaga que carcome los cimientos de la democracia y afecta la posibilidad de que millones de personas de la región realicen sus derechos. Desde la construcción de una escuela, el acceso a una justicia efectiva, hasta el diseño de políticas públicas a gran escala. Por ello resulta prioritario que en las medidas para desincentivarla, los gobiernos tomen acciones para fortalecer la ciudadanía activa que trabaja con este mismo fin.”señaló Jomary Ortegón, Representante de la FIDH ante la OEA, y Abogada del CAJAR, Colombia.

Tal como lo reconoce la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción en su preámbulo, la corrupción socava “las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia” y compromete “el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”, valores íntimamente relacionados con la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

El documento presenta cuatro líneas de acción fundamentales: luchar contra la corrupción para reforzar la gobernabilidad democrática en las Américas, otorgarle una participación y protección real a la sociedad civil en las estrategias anticorrupción, fortalecer el Estado de Derecho Democrático y la administración de justicia, y reforzar y ampliar los mecanismos transregionales de lucha contra la impunidad.

La Coalición, que viene trabajando este tema desde su reunión estratégica en Lima, está representada en la Cumbre por una delegación compuesta por la FIDH y sus organizaciones miembro, CALDH de Guatemala, CIPRODEH de Honduras, CNDH de Républica Dominicana, CAJAR de Colombia, CAJ de Argentina, así como APRODEH y EQUIDAD de Perú.


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