jueves, 26 de abril de 2018
Por el retorno a la legalidad constitucional y a la libertad
Una dictadura ensombrece a Honduras. No hay otro modo de calificar a quienes usurpan el poder soberano y usan al Estado como negocio y para negocios, sin la mayoría de la sociedad y más bien contra ella. Luego de un largo período de “democracia tutelada”, convertida tras el golpe de Estado de 2009 en “democracia autoritaria”, la extrema derecha, con el respaldo del gobierno estadounidense, a partir de las elecciones inútiles de noviembre de 2017 nos transformó en país sometido a un régimen indecente, violador de la aspiración y voluntad populares.
La marca cachureca
Vivir en dictadura es existir con el alma en vilo. Sufre la dignidad porque dejó de imperar el Estado de Derecho y se impuso el estado de los fuertes. Vivir en dictadura es vivir bajo la apariencia del Estado constitucional, pero en verdad con seudo instituciones al servicio de la discrecionalidad del dictador. Una reducida camarilla de políticos asociados al régimen, en alianza estrecha con cierta élite empresarial oligárquica, consiguió apoderarse de todos los hilos administrativos, legales, militares y policiales del Estado hondureño para lucrarse y corromper sin límite a la sociedad.
Quien ejecuta esto es usualmente un conjunto pequeño de pícaros con suma audacia gerencial, que paso a paso va tomando las escalas diversas del poder hasta hacerlas suyas. Cuando el pueblo menos acuerda ya son dueños de los sistemas, los métodos, los diálogos y los protocolos con que se emiten las leyes, se aprueban los impuestos, se elige funcionarios y se forjan políticas que en vez de favorecer a la población le otorgan a empresas extractivistas internacionales lo mejor de la riqueza hidráulica, minera e incluso intelectual de la nación a cambio de baratos juegos de impuestos y tasas que jamás lograrán desarrollar la república.
Mientras que los procedimientos tradicionales de dominio son de asociaciones o conjuntos, la dictadura es unipersonal. Un fulano o individuo logra acaparar consigo las potencias absolutas del Estado y nada se mueve, construye o decontruye sin la expresión de su voluntad. Ello requiere mucha inteligencia, desde luego, pero igual suma maldad, y la biografía del pueblo se edifica con la primera, no la segunda.
Ninguna tiranía es eterna, empero, y su caída es más próxima cuanto mayor es la voluntad comunitaria para resistirla. Así que los gritos de ¡fuera JOH!, que voluminosamente se escuchan en Honduras e incluso el exterior, deben ser considerados no como simples protestas sino como la constante y permanente reacción digna de un pueblo que resiste ser dominado y humillado, que está dispuesto ––no importa el tiempo que requiera–– a transformar esa dolorosa experiencia en mal recuerdo del pasado, en pesadilla y jamás en aceptación. La Honduras insurrecta tiene dignidad.
La marca del imperio
Lo que esta dictadura ha destruido es la constitucionalidad, a la que vició y burló y a la que pervirtieron y prostituyeron en conjunto el ejecutivo, el legislativo, la sala constitucional y el Ministerio Público, es decir los entes representativos del Estado democrático clásico. Apoyaron su rotura real y simbólica las fuerzas armadas, más todo un complejo estamento al que es largo enlistar pero que comprende a la empresa privada, organismos regionales complacientes e interesados en que en Honduras nada cambie y siga indemne el statu quo, la comunidad europea, aún no desligada de pretéritos complejos racistas e imperiales; y sobre todo el mando hegemónico que es Estados Unidos, lo cual no es de extrañar ya que al dar su respaldo a la ignominia en Honduras el comportamiento del imperio sigue el mismo patrón aplicado en Egipto, en Bangladesh, en Vietnam, hoy en Afganistán, Siria. Pero es inútil, ningún ejército ha sido jamás, nunca, capaz de doblegar la dignidad de los pueblos.
Retrato de la dictadura
Es una estructura o régimen caracterizado por distorsionar y burlar el pacto que unánimemente aceptaron los pueblos en su Constitución y que es un contrato histórico entre gobernantes y gobernados. Estos, mediante tal acuerdo, prometen obedecer las leyes y mandatos gubernativos en tanto se les administre bien, pero con derecho a rebeldía e insurrección inmediatas si el mandatario obra mal.
Para subvertir tal acuerdo el sátrapa o tirano comienza por adueñarse de los tres estamentos institucionales: ejecutivo, legislativo y judicial, poniendo a la cabeza de ellos, con maniobras abusivas, a cómplices. Luego seduce y soborna a las fuerzas armadas y entes represivos, de modo que al instante requerido le sirvan para apuntalar el delictuoso régimen, no importa si gaseando, garroteando o matando, entre tales minucias no ocurre distinción. El dinero corre como río, se invierte a profundidad en el silencio de los medios de comunicación y todo acontece entre fértiles ambientes de secretividad: nadie sabe nada de lo confidencial, todo recurso jurídico choca con un sistema que ha sido blindado para que sea inexpugnable ante cualquier fuerza o poder que no esté bajo control de una dictadura que ha logrado perfeccionar la maldad de sus perversos círculos de dominación.
Grito unánime por el retorno a la constitucionalidad
Con las dictaduras todo conduce a lo peor y debilitarlas hasta erradicarlas es condición básica para que avancemos hacia un escenario de retorno al Estado de Derecho y la democracia. Solamente en democracia podremos ponernos de acuerdo sobre un nuevo modelo económico, social y cultural que nos conduzca hacia el futuro de una sociedad pluralista, con iguales oportunidades y en donde toda su gente corre por igual los mismos riesgos. Para avanzar hacia esa sociedad soñada necesitamos sacudirnos de la actual imposición tiránica, y para ello hemos de convocar y articular todos los esfuerzos y energías de todas las fuerzas sociales, culturales, políticas y organizativas que creemos en las transformaciones en democracia y en el Estado plenamente jurídico. Dejar de unirnos es ceguera cómplice. Optar por ello significaría seguir la abusiva pauta neoliberal que posiciona al comercio, al dinero y al lucro como sostenes de un gobierno ofensivo para la humanidad.
Es urgente convertir en reclamo nacional la vuelta a la constitucionalidad democrática. No podemos construir nación si no es fundamentada en modernos principios de convivencia, administración, cultura, economía y política comunes, lo que implica visiones actualizadas, incluso audaces, de la República. Si el Estado no sirve para conseguir el progreso social y el bienestar de la ciudadanía, ¿qué otro propósito puede tener sino egoísta y vulnerable?
Esos lemas deben ser, por tanto, ¡retorno a lo constitucional!, ¡por una genuina asamblea constituyente! ––convocada por el pueblo, no por los usurpadores–– y ¡abajo el pensamiento autoritario, verticalista y dictatorial!
A las democracias se las edifica en horizontalidad ciudadana o se las destruye.
¡País insurrecto!
Abril, 2018
Ismael Moreno, sj
Darío Euraque
Víctor Meza
Helen Umaña
Rodolfo Pastor Fasquelle
Eduardo Bähr
Patricia Murillo
Wilfredo Méndez
Hugo Noé Pino
Mauricio Torres Molinero
Ramón Enrique Barrios
Leticia Salomón
Mario Ardón Mejía
Marvin Barahona
Joaquín Mejía
Rafael Del Cid
Rafael Delgado
Julio Escoto
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