Seis de cada diez personas encuestadas afirman que en Honduras se vive bajo una dictadura impuesta por el Partido Nacional que encabeza Juan Orlando Hernández. Sólo el 37.5 por ciento de la población considera que, si existe un Estado Democrático, reveló el reciente Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric, de la Compañía de Jesús.
La investigación resalta que la crisis política electoral fue el rasgo central del año 2017. Comenzó cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a Juan Orlando Hernández como candidato presidencial por el Partido Nacional en las elecciones internas y primarias. El 12 de marzo de 2017 se desarrollaron esas elecciones dejando como ganador a Hernández, quien automáticamente quedó habilitado para participar en las elecciones generales, a pesar de estar prohibido por la Constitución de la República.
A pesar de ser ilegal, Juan Orlando Hernández participó y ganó unas elecciones generales marcadas por el fraude electoral, como lo señala el Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), al afirmar que hubo irregularidades antes, durante y después del proceso electoral, que no se podía tener certeza de los resultados y recomendar la convocatoria a un nuevo proceso electoral.
Una herramienta para analizar la realidad
El estudio exploró la opinión de la población sobre la legalidad de la reelección de JOH, y muestra que el 61.1 por ciento afirma estar de acuerdo que dicha reelección es ilegal, mientras que el 34.5 por ciento de los entrevistados y entrevistadas se manifestó en contra de la misma. Esta valoración de la ciudadanía no es nueva. En el sondeo realizado en 2016, 6 de cada 10 estaban en desacuerdo con la figura de la reelección presidencial.
Otro de los puntos que resalta el sondeo son los resultados de las elecciones generales realizadas en noviembre de 2017, que dejó de más de 30 personas asesinadas, más de mil detenidas y 22 presos políticos, según informes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Los resultados de este estudio establecen que tres cuartas partes de la población (74.8%) fue a votar y un cuarto (25.2%) no fue a las urnas. A todas las personas se les consultó su opinión sobre la transparencia de las elecciones generales, el 62.1 por ciento de la población considera que en las elecciones hubo fraude, un 25.6 por ciento dijo que fueron transparentes y el 12.3 por ciento no respondió o no sabía.
La mayoría de los hondureños y hondureñas (55.7) afirman que las elecciones generales las ganó Salvador Nasralla, y el 35.8 por ciento considera que ganó Juan Orlando Hernández. Un 8.5 por ciento de los consultados en el presente estudio no respondió o no sabía.
Según la investigación 8 de cada diez personas consideran que este proceso electoral estuvo marcado por la ilegalidad, y que abonó a debilitar la democracia en Honduras.
Al explorar sobre posibles salidas a esta crisis, la población ve la convocatoria a nuevas elecciones como primer camino de salida; como segunda opción, identifica la convocatoria a un diálogo nacional incluyente; como tercera afirma que siga gobernando Juan Orlando Hernández y como cuarto camino identifica la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Este octavo sondeo de opinión deja establecido que el presidente mejor valorado por la población hondureña, desde el retorno a la democracia en 1982, es Manuel Zelaya Rosales, mientras que el peor valorado ha sido Juan Orlando Hernández.
La violación a los derechos humanos fue uno de los rasgos más destacados y lamentables de la crisis política electoral. En los informes de la OACNUDH, CONADEH, la Coalición Contra la Impunidad, COFADEH, entre otros, se han documentado graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas el asesinato de al menos 30 personas. Los resultados de la encuesta establecen que para la ciudanía estos crímenes van quedar en la impunidad.
A pesar de la avalancha mediática, política y jurídica en contra de la MACCIH, en términos generales hay una evaluación positiva sobre su actuar, la población sigue cifrando esperanzas en una instancia externa que contribuya a crear las condiciones para avanzar hacia una verdadera cultura institucional de lucha contra la corrupción e impunidad. Eso queda confirmado al ubicar a la MACCIH como primera opción, ante la interrogante sobre quién debe investigar los actos de corrupción e impunidad en Honduras.
La población hondureña calificó con una nota de 4.8 el desempeño de Juan Orlando Hernández por sus cuatro años de gestión en el Ejecutivo. La baja calificación está en sintonía con las bajas calificaciones asignadas en los 3 años anteriores. El primer año con una nota de 5.4, el segundo año con 4.7 y el tercer año con una calificación de 5.15.
La reprobación por sus cuatro años de gestión también es coherente con la valoración del 75.6% por ciento de la población que percibe que la situación económica es mala o muy mala. En esta misma línea, 8 de cada 10 personas creen que la vida en Honduras está estancada o ha empeorado.
El estudio se hizo del 12 al 22 de febrero de 2018, con una muestra de 1,584 encuestas válidas, representativa de toda la población mayor de 18 años que vive en el país, con un error muestral de +/-2.5 por ciento, y un 95 por ciento de confianza, indicó en su presentación el investigador del Eric, Elvin Hernández.
Esta es la octava investigación que realiza el Eric, y tiene como propósito indagar en la percepción de la población sobre la crisis política electoral, la situación de los derechos humanos, la corrupción e impunidad, la confianza en las instituciones públicas y actores nacionales, y sobre el desempeño de Juan Orlando Hernández, en sus cuatro años de gestión al frente del Ejecutivo. Al tiempo que busca ofrecer los resultados a los diversos sectores de la sociedad como una herramienta para el debate y la búsqueda de salidas a la crisis actual, señala el equipo investigador en su boletín informativo presentando a los medios de comunicación en la capital del país este 10 de abril.
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