Eduardo Urbina sonríe en San José; su familia, sus amistades y ex compañeros también, y nosotras por supuesto celebramos la decisión de Costa Rica de ponerlo bajo su protección, en libertad.
Pero en Morocelí, El Paraíso, Edwin Robelo Espinal sigue privado de su libertad, enjuiciado en una cárcel militar junto a Raúl Álvarez, por oponerse a los golpes de estado de 2009 y 2017.
Robelo Espinal tiene medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 2010 por su historial de constante acoso policíaco, cateos domiciliarios, amenazas e intimidaciones documentadas por el Cofadeh.
Álvarez y Robelo no sonríen, porque la dictadura se los prohíbe. Los militares impidieron que una delegación de Estados Unidos entrara a la prisión a verificar su situación en cautiverio.
Una situación carcelaria que incluye la hostilidad contra sus familiares, una pésima calidad del agua de consumo humano, la negación de las comunicaciones y el aislamiento.
Los dos casos, el de Eduardo y el de Edwuin, nos importan esta noche, todos los casos nos importan. Pero hoy vamos a referir estos dos.
El asilo político a Eduardo fue concedido el pasado jueves 19 de abril, después de 4 meses de angustias para su familia y de trabajo jurídico para el equipo del Cofadeh y sus aliados internacionales.
No era una actividad para ponerse chalecos distintivos ni buscar aplausos de nadie, era una enorme responsabilidad probar la verdad delante de un gobierno democrático asediado por una dictadura narco-militar, dispuesta a imponer la mentira y la fuerza sobre la razón.
En Honduras no fue posible hacerlo. El Cofadeh, con 36 años de experiencia en la defensa de la vida, la procuración de la justicia y la búsqueda de la verdad, no pudo frente a la soberbia del Ministerio Público. Intentamos parar con evidencia el injusto proceso, pero ellos insistieron.
En contra las pruebas, el régimen activó una orden internacional de extradición el 27 de marzo, que fue firmada por el propio fiscal reeleccionista Oscar Chinchilla, tratando de cazar al joven estudiante que había salido de Honduras cinco días antes del hecho falso que los militares le imputaban en diciembre.
Por eso ayer en su sala de reposo, tras su larga gira de incidencia en Costa Rica, la coordinadora del Cofadeh comentaba que “lograr la libertad de un inocente en un país democrático sólo representa una pequeña victoria, pero que haberlo hecho en Honduras sería algo excepcional por su calidad de país violador de los derechos humanos”.
Bertha Oliva, sin embargo, anunció que la comunidad internacional junto al Cofadeh y sus contrapartes locales comprometidas con la justicia no van a densansar hasta liberar a todos los presos políticos en Honduras.
El régimen tiene que reconocer sus abusos y darle la razón a quienes ejercieron legalmente el derecho a la insurrección popular.
Le cuadre o no le cuadre a la embajada de Estados Unidos, la definición de presos políticos que produce su dictadura instrumental es la que aumenta la presión internacional por liberarlos.
“Nuestras organizaciones junto con otras de Estados Unidos y Canadá estamos formando un Grupo de Trabajo sobre Presos Políticos en Honduras y trabajaremos internacionalmente por sus derechos y liberación”, dijo al cierre de su gira esta semana la Misión Estadounidense que recorrió las cárceles hondureñas.
“Nos reunimos con un funcionario en la Embajada de los EEUU en Tegucigalpa, cuestionamos las acciones que han hecho u omitido, relacionadas con violaciones a los derechos humanos en Honduras y con los arrestos de presos políticos. Expresamos nuestra inconformidad con la política de Estados Unidos y con la postura de la Embajada”, dijo la Misión en su informe preliminar.
Como ciudadanos estadounidenses estamos conscientes del papel de nuestro país en la crisis política de Honduras, incluyendo la crisis post-electoral. El apoyo político de EEUU es clave para mantener el régimen. EEUU gasta millones de dólares en ayuda económica para las fuerzas de seguridad de Honduras.
Vamos a compartir nuestras observaciones con nuestros miembros al Congreso en los EEUU y con los medios de comunicación. Continuaremos insistiendo al Congreso de EEUU aprobar la Ley “Berta Cáceres para Derechos Humanos en Honduras” para que termine la ayuda económica que envían a Honduras, pues sólo hay incremento a las violaciones a los derechos humanos, concluyó la delegación no gubernamental estadounidense.
Nosotros dareemos seguimiento a este proceso desde esta columna editorial. Así nos comprometemos.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 21 de abril 2018
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