Durante una protesta pacífica contra la minería, representantes de la transnacional Los Lirios, de capital norteamericano, dispararon contra la población que se opone a la explotación minera a cielo abierto en la comunidad Ojo de Agua, municipio El Triunfo, Choluteca. El hecho violento ocurrió el 01 de abril de este año.
La minera Los Lirios pretende explotar más de mil 800 hectáreas de tierra, para la extracción de oro, bronce y plata, afectando a 20 comunidades de la zona costera de El Triunfo y Namasigue en Choluteca, según el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida Mass-vida.
En 2016 mediante cabildo abierto, los habitantes de la zona costera dieron un rotundo NO a la minería, basándose en el daño irreversible que estas empresas han provocado en El Corpus, Choluteca y Valle de Siria en Francisco Morazán. Sin embargo, la decisión soberana del pueblo no es respetado por la empresa y las autoridades locales.
“Con bolsitas solidarias la empresa nos quiere comprar”, dijo con indignación Lucia Gonzales en Foros Populares, un programa semanal que produce Radio Progreso. Las bolsitas solidarias son pequeñas raciones de comida que rondan los cinco dólares (120 Lempiras), y que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha adoptado como parte de su política asistencialista.
Cuando los mineros llegaron a entregar las bolsitas solidarias para obtener la aceptación de las comunidades, la gente salió a manifestarse bloqueando el paso de los vehículos de la empresa. Los mineros desenfundaron sus armas y dispararon contra los manifestantes. Fueron las mujeres las más afectadas con la violencia provocada por la minera. “Yo pensé que iba a morir”, asegura Lucia, convencida que está viva porque tiene la misión de luchar por defender la tierra que la vio nacer.
A pesar del ataque violento, las comunidades de los municipios de El Triunfo y Namasigue, Choluteca, están dispuestas a continuar la lucha en defensa de los bienes comunes de la naturaleza. “No vamos a dejar que la minera se instale”, afirmó Rufino Méndez, líder de la comunidad Ojo de Agua. Rufino explicó que la amenaza data desde 2001, cuando la empresa canadiense Maya Gold realizó un estudio de exploración para medir la cantidad de oro que existe en la zona. “Maya Gold le vendió el estudio a la empresa que ahora nos amenaza”, aseguró Rufino.
La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.
La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.
En 2017, Los Lirios fue la mayor patrocinadora del tercer congreso minero que organiza la Universidad Politécnica de Ingeniería junto a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Mi Ambiente. Actualmente es candidata a ser socia del parque minero industrial.
Crece criminalización
Solo en el municipio de Namasigue, Choluteca, unas 30 personas son criminalizadas por el delito de coacción en perjuicio de la empresa Energía Solares de capital noruego, quien pretende instalar seis proyectos de energía fotovoltaica sin el consentimiento de las comunidades.
“La población criminalizada pertenece a las comunidades de Ranchería, Costa Azul, Playa Negra, Guamerú, Prados 1 y 2, quienes cuentan con medidas sustitutivas que los obliga a ir a firmar a los juzgados cada 15 días”, asegura la abogada defensora Denia Suyapa Castillo de Mass-vida.
En las comunidades de El Tránsito y Las Barajas en Nacaome, Valle, la población lleva años cuidando la entrada a uno de los cerros de donde se han extraído grandes cantidades de piedra, que según ellos contiene oro de hasta 25 kilates. Allí también hay varios nacientes de agua, árboles y animales. Las comunidades han logrado detener la explotación minera, aunque 6 líderes continúan siendo judicializados en los Tribunales de Nacaome.
A raíz de esta situación criminalización, un grupo de abogados y abogadas se sumaron a la defensa de los derechos humanos y los bienes naturales. Solo en el sur alrededor de 15 profesionales del derecho prestan sus servicios para acompañar legalmente a la ciudadanía que está siendo criminalizada injustamente, según la red de defensores de Mass-vida.
Además de las agresiones y procesos de criminalización en contra de la población, el Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE se encuentra levantando información que soporte las alertas nacionales e internacionales que harán para denunciar las violaciones a derechos humanos. En declaraciones a Radio Progreso Amada Ponce de C-LIBRE, aseguró que además de las alertas, están formando a periodistas, comunicadores y comunicadoras que son pieza clave para lograr que los temas de las comunidades sean escuchados por los tomadores de decisiones.
Organización la esperanza
Frente a la explotación de los bienes naturales en el sur de Honduras, la población cuenta con el apoyo de sacerdotes y religiosas de la Iglesia Católica, que les animan a continuar en lucha. Por medio de la iglesia la gente está conociendo más sobre los daños que provocan las explotaciones mineras y entienden que luchar por los bienes naturales implica luchar por la vida de las presentes y futuras generaciones.
Fruto de ese trabajo que realiza la iglesia es la existencia del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida Mass-Vida, que aglutina a todas las organizaciones y comunidades que se oponen al extractivismo. El padre Bernardino Lazo, párroco de Amapala, Valle, afirma que la iglesia del sur está impregnándose del mensaje del papa Francisco, que nos invita a cuidar la casa común, sin embargo, hace mucho por hacer en un sistema que excluye de forma violenta a los pobres.
También, las organizaciones sociales organizadas en el Movimiento Ambientalista Social del Sur Mass- vida, trabajan articuladas en estrategias de luchas en caminadas a detener los proyectos extractivos que amenazan la región.
Mass-vida considera que la denominada “Hora del Sur” está llevándose a cabo sin la consulta de la población en la región y señalan como ejemplos: la explotación minera y la instalación de cantidades industriales de paneles solares destruyendo el bosque seco tropical sin que estas empresas generen empleo permanente y digno, y sin ingresar impuestos al Estado de Honduras.
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