Observaciones Preliminares
Nuestra misión de nueve observadores internacionales de derechos humanos provenientes de varias partes de los Estados Unidos que fue organizada por Alliance for Global Justice (AGJ -Alianza por la Justicia Global) y La Voz de los de Abajo, siendo ambas partes de Honduras Solidarity Network of North America (HSN -Red de Solidaridad con Honduras de Norteamérica), estuvo en el país del 08 al 18 de abril del 2018.
La Delegación Internacional conversó con las familias de los presos políticos y con los presos políticos mismos, sobre sus arrestos y tratamiento por parte de las fuerzas de seguridad pública, las condiciones en la prisión y el impacto en sus familias.
Además, nos entrevistamos con miembros de la Convergencia Contra el Continuismo, el Comité Nacional para la Liberación de los Presos Políticos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, SJ (ERIC-SJ), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y otras organizaciones.
Solicitamos a las autoridades correspondientes permiso para visitar a los presos políticos, pero nuestra petición fue ignorada. Nos movilizamos hasta la cárcel de “La Tolva” en Morocelí, y se nos negó ver a Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez. Sí pudimos entrevistarnos con Lourdes Johana Gómez en la Penitenciaría de Tela, Atlántida.
Estamos profundamente preocupados por la situación de los 21 presos políticos en Honduras, por ellos y por sus familias y comunidades. Estamos igualmente preocupados por la situación de Eduardo Urbina, actualmente preso en Costa Rica a solicitud de las autoridades del gobierno hondureño a través del Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla.
Añadimos que, incrementa la criminalización y la represión contra los movimientos sociales tales como campesinos, indígenas y los participantes en la protesta pacífica.
Por lo que subrayamos las siguientes observaciones preliminares:
Los arrestos y las condiciones de los individuos apresados tienen una base claramente política. Todos los arrestos y acciones de las fuerzas de seguridad ocurren en el contexto de una crisis política, militarización y represión masiva, la cual también dejó al menos 30 muertos y más de 1,300 arrestados.
La mayoría de los presos políticos fueron participantes activos y líderes locales de las protestas contra los resultados de las elecciones. Algunos de ellos no estuvieron presentes en las protestas, pero sí, activamente sus vecindarios o poblaciones. Cuando menos, uno de los arrestados fue forzado a sostener una pancarta con la inscripción “Fuera JOH” para ser fotografiado en la estación de policía tras su captura.
La Delegación considera que hay un elemento de castigo colectivo en las acciones del gobierno que incluyen las incursiones de grandes números de fuerzas de seguridad por todos los vecindarios y asentamientos, y el uso indiscriminado de gases antimotines. Destacamos los siguientes ejemplos: Edwin Robelo Espinal -ahora privado de libertad en La Tolva- fue enjuiciado junto con Raúl Álvarez. Edwin es un conocido activista en su comunidad, parte del movimiento en contra del Golpe de Estado (2009) y de las protestas post-electorales del 2017. Él ya tiene medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 2010 por su historia de constante acoso policíaco, cateos domiciliarios, amenazas e intimidaciones muy bien documentadas por COFADEH. Además, el juez Claudio Aguilar asignado al caso actual, presidió previamente un caso que implicaba el allanamiento de la casa de Edwin. Para nosotros queda claro que Edwin Robelo Espinal es preso político por su militancia social.
Lourdes Johana Gómez, estuvo activa en las protestas post-electorales y también tiene una larga historia de amenazas e intimidación por parte de la policía en Pimienta, Cortés. Su esposo y un hermano fueron también líderes en las protestas locales y están detenidos actualmente en la cárcel de El Pozo. Esto indica que la familia fue perfilada por ser parte de la oposición. Varias familias de Pimienta explicaron que ha habido un patrón de acoso contra los opositores por parte de las autoridades locales que pertenecen al Partido Nacional.
Intimidación y castigo colectivo.
En Potrerillos, Cortés, hay líderes campesinos de la CNTC reconocidos por oponerse a la reelección e identificados como parte de las protestas en Progreso, y pese a no tener órdenes judiciales en su contra, se vieron forzados a huir de sus casas cuando las fuerzas de seguridad pública entraron a sus comunidades y viviendas.
En Pimenta y en El Progreso, las familias de los prisioneros y defensores de derechos humanos nos hablaron de la represión masiva contra las protestas en los vecindarios durante y después de los arrestos. En este tiempo hubo amenazas y malos tratos contra sus familiares incluyendo niños, disparos de gases lacrimógenos hacia el interior de sus viviendas. Una casa con niños adentro fue atacada con gases lacrimógenos después de que su padre fue arrestado y ya estaba dentro del vehículo de la policía. Hablamos con una mujer que había dado a luz recientemente vía cesárea, la cual dijo que fue forzada a dejar la cama y estar de pie por un largo período mientras arrestaban a su esposo.
Otros temas preocupantes en materia de DDHH son:
1. Militarización de las cárceles e instituciones judiciales, esto agudiza la restricción al acceso de familiares y público en general como veedores a los procesos judiciales y limitan severamente el acceso de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
2. Preocupación por los derechos humanos y las condiciones inhumanas dentro de las prisiones, como la severa escasez de agua potable en La Tolva; la calidad del agua y los alimentos disponibles en El Progreso, El Pozo y La Tolva; el acceso al cuidado médico, restricciones de visitas y maltrato a familiares que intentan ver a sus parientes privados de libertad.
Nos reunimos con un funcionario en la Embajada de los EEUU en Tegucigalpa, cuestionamos las acciones que han hecho u omitido, relacionadas con violaciones a los derechos humanos en Honduras y con los arrestos de presos políticos. Expresamos nuestra inconformidad con la política de Estados Unidos y con la postura de la Embajada al declarar que “no estamos convencidos de que los prisioneros sean presos políticos”.
Como ciudadanos estadounidenses estamos conscientes del papel de nuestro país en la crisis política de Honduras, incluyendo la crisis post-electoral. El apoyo político de EEUU es clave para mantener el régimen. EEUU gasta millones de dólares en ayuda económica para las fuerzas de seguridad de Honduras.
Vamos a compartir estas observaciones con nuestros miembros al Congreso en los EE.UU y con los medios de comunicación. Continuaremos insistiendo al Congreso de EE.UU aprobar la Ley “Berta Cáceres para Derechos Humanos en Honduras” para que termine la ayuda económica que envían a Honduras, pues sólo hay incremento a las violaciones a los derechos humanos.
Nuestras organizaciones junto con otras de Estados Unidos y Canadá están formando un Grupo de Trabajo sobre Presos Políticos en Honduras y trabajará internacionalmente por sus derechos y liberación.
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