Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
María Soledad Pazo es la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH). Tras la publicación del informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis post-electoral, la funcionaria accedió a brindar una entrevista en exclusiva para La Rel.
- ¿Cuáles son los elementos clave del informe elaborado por la Oficina?
- Nuestro informe [1] es el resultado de una observación muy meticulosa de la respuesta del Estado ante la protesta social que se originó a partir de un proceso electoral que mostró una cantidad muy preocupante de irregularidades.
A partir de análisis muy rigurosos, pudimos constatar que dicha respuesta fue absolutamente desproporcionada en cuanto al uso de la fuerza, violando así los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad, y generando graves violaciones de derechos humanos.
En particular, la declaración del estado de excepción en el país (el 1 de diciembre 2017, ndr) presentó una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas y los estándares internacionales.
Esta situación generó más impactos graves en los derechos de las y los ciudadanos. Al menos 23 personas resultaron muertas durante las manifestaciones, 16 de ellas a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Siempre trabajando con objetividad e imparcialidad pudimos corroborar lo que diferentes organizaciones de la sociedad civil habían venido denunciando sobre violaciones graves a los derechos humanos.
En nuestra interlocución con el gobierno vamos a insistir en la necesidad de investigar a fondo los hechos, garantizar la rendición de cuentas y realizar cambios estructurales, como por ejemplo regular el uso de la fuerza y desmilitarizar la seguridad pública.
No nos vamos a cansar de repetirlo: no se puede tener una fuerza militar haciendo tareas de seguridad y control de manifestaciones.
- ¿Podemos decir entonces de que hubo violencia de Estado?
- Sin duda alguna y lo tenemos todo analíticamente documentado. A partir de la declaración del estado de excepción se desató una ola de violaciones a los derechos humanos.
No sólo se dio la muerte de más de veinte personas, sino que hubo detenciones masivas, allanamientos ilegales, malos tratos en el momento y durante la detención y campañas de estigmatización y persecución contra defensores y líderes.
También corroboramos que hubo ataques a la integridad física de periodistas mientras cubrían las protestas, así como amenazas, hostigamiento, persecución y hasta sabotajes a medios muy críticos con el gobierno.
Diferentes organizaciones nacionales denunciaron también el asesinato selectivo de 6 personas que han tenido un papel importante en la organización de las protestas.
Esto es gravísimo y nos preocupa mucho.
Debe haber un accionar inmediato, muy diligente y profundo del Ministerio Público en aclarar las circunstancias de todos estos hechos para que no vuelvan a repetirse.
“…Se ha gaseado a la gente y se ha tirado a matar…”
- La militarización de la seguridad pública es uno de los elementos que generan crisis.
- Si uno tiene una fuerza policial que sabe cómo manejar manifestaciones y aplicar los estándares nacionales e internacionales, es más probable que no se incurra en graves violaciones a los derechos humanos.
El rol de la seguridad pública es el de cuidar que la gente que está manifestando lo haga de manera pacífica, ejerciendo su derecho legítimo a protestar.
Aquí no solo han gaseado a la gente de manera sistemática, sino que han tirado a matar. A varios les han disparado en la cabeza.
Nadie está diciendo que no hay que controlar a los elementos violentos, pero a muchos que están en puestos de alto nivel les ha costado entender que tomarse la calle o quemar llantas no significa ser violento.
Hace falta absorber a todos los niveles que la protesta puede implicar un cierto malestar de otros derechos.
- El presidente Hernández volvió recientemente a presionar al Congreso para que se eleve a rango constitucional la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina).
- Esto también nos preocupa mucho. De una vez por todo el gobierno debe definir el rol de la Policía Militar y avanzar en el proceso de depuración y profesionalización de la Policía Nacional, para que pueda cumplir con sus funciones.
- El informe evidencia también la relación directa que existe entre esta crisis y el golpe de Estado de 2009.
- Hay cuestiones estructurales no resueltas. Muchas de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación nunca fueron acatadas, y el país avanza a partir de acuerdos políticos que dejan a un lado a la inmensa mayoría de la población.
Tampoco se esclarecieron, ni hubo reparación para las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en la época del golpe.
Todos estos traumas van acumulándose y generan un clima de constante ebullición social.
Insistimos en la necesidad de atacar las causas de la crisis y no sólo los síntomas, de repensar la estructura y arquitectura del Ministerio Público, y de fortalecer y garantizar autonomía real a la Fiscalía de Derechos Humanos.
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