Por Arantxa Tirado y Silvina Romano
Hace varias semanas trascendió en los medios que el Gobierno de EE.UU. -por propuesta del Departamento de Estado- está barajando aprobar una nueva ley migratoria que implica recabar información personal de las personas no estadounidenses solicitantes de visa. La ley, que hasta el 29 de mayo de 2018[1] todavía es un proyecto sometido a comentarios, tiene unos alcances que trascienden lo migratorio. Su aprobación supondría una vulneración más a los derechos civiles y políticos que se viene consagrando en EE. UU., especialmente tras el 11 de septiembre y la aprobación de leyes de seguridad y vigilancia como la USA Patriot Act o Ley Patriota, o la abrogación de otras, como la Ley Posse Comitatus (Posse Comitatus Act) de 1878, que prohibía la participación de militares estadounidenses en función de ministerio público en territorio estadounidense (lo que conllevó una militarización de la policía).
Entre otros aspectos, la ley migratoria en debate plantea solicitar el registro de llamadas telefónicas, direcciones de correo electrónico y viajes internacionales de los últimos cinco años a los solicitantes de visado. Además, éstos tienen que especificar qué plataformas de redes sociales han usado en los cinco años previos a la solicitud y también “los identificadores usados por los solicitantes para esas plataformas”.[2] Esta medida afectaría a millones de personas que cada año solicitan su visado de inmigrante en calidad de estudiante, turista o negocios.[3]
La ley se adentra en temas como la ciberseguridad, la privacidad en el uso de las redes sociales y el uso de ellas para la manipulación política o el ciberespionaje, un tema que en estos días está siendo debatido en los EE. UU. a raíz del escándalo de Cambridge Analytica[4] que ha llevado a la comparecencia ante el Senado del dueño de Facebook, Marck Zuckerberg.[5]
No obstante, esta ley no supondría una diferencia cualitativa con otras leyes o prácticas preexistentes, pues el espionaje y contraespionaje de EE. UU. hacia ciudadanos extranjeros o hacia sus propios ciudadanos ha sido una constante en la historia del país, especialmente durante la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. Son ejemplos programas de contrainteligencia como el Cointelpro,[6] que llevó a cabo el FBI entre 1956 y 1971 para seguir la actividad de determinados grupos políticos en territorio estadounidense. Estos programas no se han agotado, sino que se han reformulado y ampliado en los últimos años, en una lógica de defender a EE. UU. de las amenazas que vienen de afuera o que se pueden encontrar adentro del territorio.
De telón de fondo se encuentra la disputa geopolítica con otras potencias, especialmente con China y Rusia, calificadas de “amenaza” en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, en cuyo “primer pilar” puede leerse: “redoblar los esfuerzos para proteger nuestra infraestructura crítica y redes digitales, puesto que las nuevas tecnologías y los nuevos adversarios generan nuevas vulnerabilidades”.[7] En el plano regional, el Comandante del Comando Sur, Kurt Tidd, advertía en su discurso al Congreso en febrero de 2018 que “Rusia avanza en inteligencia y en el ciberespacio, fomentando inestabilidad y desacreditando las instituciones democráticas”.[8] Esto muestra que la lucha por conservar su condición de potencia hegemónica, abarca tanto el ámbito económico como el sistema de relaciones internacionales, sumándose de modo preocupante el mundo cibernético.
A modo de ejemplo, en 2011 se podían encontrar más de 50 proyectos de ley relacionados con la vigilancia y el espionaje cibernético. Ya para el 2003, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) operaba bajo el lema de: “recolectar todo, revisar todo, saber todo, procesar todo, explotar toda la información”.[9] En ese mismo año, Google aceptó financiamiento de la NSA por 2 millones de dólares a cambio de proveer herramientas de búsqueda rápida de datos sobre “conocimiento robado”[10]. Esta colaboración adquirió legitimidad y desde 2014, Google funge como articuladora entre el Silicon Valley y las empresas del Pentágono en la obtención de información, en particular la intromisión en cuentas de e-mail (que con posteriores programas como PRISM implicó el acceso a datos privados provistos por las mayores empresas de software de EE. UU. y el mundo, como Microsoft y Apple). Así, las empresas de software devienen en un componente esencial del complejo industrial militar estadounidense y sus intereses geopolíticos, comerciales, etc. Basta recordar que el año pasado el primer ministro israelí, Netanyahu, realizó una gira por América Latina (que finalizó en EE.UU.), cuyo principal propósito fue promover a las empresas de ciberseguridad israelíes en la región[11].
Lo distintivo que aporta el reciente proyecto de ley es visualizar estas prácticas que el Gobierno estadounidense ya viene aplicando de facto sobre determinadas personas u organizaciones de su interés, como denunciaron Chelsea Manning o Edward Snowden. Ahora el objetivo se ampliaría cuantitativamente, facilitando ese trabajo al hacerlo de manera abierta. Al denegar la visa estadounidense o prohibir la entrada al país a personas que tengan un comportamiento en redes “sospechoso” para los intereses del Gobierno estadounidense, y al involucrar para ello aspectos como el seguimiento de redes y todo lo relativo a la ciberseguridad, esta ley legalizaría el control total que EE.UU. quiere ejercer sobre los ciudadanos de todo del planeta, además de los suyos propios.
Este panorama y proyectos de ley como el mencionado, abren la puerta a debates más profundos sobre cómo en un futuro, quizás no tan lejano, podremos asistir a mecanismos de control que por el momento son inimaginables.
Notas:
[10] Ibíd.
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