Por Walter Isaía y y Natalia Aruguete
Walter Isaía y Natalia Aruguete bucean en el tratamiento informativo acerca de la desaparición forzada de Santiago Maldonado para poner de manifiesto las relaciones transaccionales que existe entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y una parte de los medios tradicionales.
Las primeras informaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado surgen –todavía sin el formato convencional de una noticia– en las páginas de Facebook de apoyo a las comunidades mapuches el martes 1° de agosto, pocas horas después de la represión en la ruta 40 y en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Con el transcurrir de las horas, medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos se apropian del tema para sostenerlo públicamente hasta hoy.
Con el concepto “propiedad sobre un tema” nos referimos a la legitimidad de los actores políticos para expresarse sobre ciertos asuntos.
Ya con más información, FM Kalewche de Esquel, FM Alas de El Bolsón, Anred y Cosecha Roja narran la historia de la represión y de la desaparición de Santiago a manos de Gendarmería. También los medios comerciales de la región cubren los hechos aunque desde una perceptiva distinta. El intercambio de mensajes sobre #Maldonado en las redes sociales y el tratamiento que hacen las revistas Cítrica y La Vaca, los diarios Tiempo Argentino y PáginaI12, y otros medios y redes alternativos de diferentes regiones del país, motorizan la puesta del tema en agenda. En esta primera etapa, los abogados querellantes, la familia de Santiago, los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen, los organismos defensores de derechos humanos y, en menor medida, los responsables de las fuerzas de seguridad, aparecen como las únicas fuentes del caso.
Luego de cinco días, Clarín y La Nación lo incorporan a sus ediciones como un hecho policial que desnaturaliza, despersonaliza y desconoce la dimensión política de una desaparición forzada en democracia (“La aparición de un artesano, el otro reclamo del grupo agresor”, Clarín, 5 de agosto, pág. 65; “La Justicia dice que no está corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería”, La Nación digital, 6 de agosto, sección Inseguridad). Los matutinos de mayor tirada del país abren así una nueva etapa en la cobertura del caso con el dominio de fuentes institucionales, como el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
La masificación de la información en medios de prensa y audiovisuales a partir del fin de semana del 5 y 6 de agosto es congruente con el encuadre oficial que niega la desaparición forzada de Maldonado, atribuye la responsabilidad de los hechos a la comunidad mapuche y reivindica el accionar de Gendarmería. Esta redefinición de la situación vulnera el discurso –construido en las redes sociales y en las coberturas de los medios alternativos– que había logrado instalarse como legítimo.
A partir de este punto de inflexión, gran parte de la prensa nacional y de programas periodísticos de cable, de radio y de televisión abierta confluyen en una cobertura homogénea, saturando sus agendas con información que acapara todas las aristas del caso, donde las fuentes oficiales proponen un abanico de explicaciones posibles: Santiago era un terrorista que escapó a Chile, un camionero lo llevó a Entre Ríos, lo mató un puestero o un gendarme suelto y, en el peor de los escenarios, se ahogó en el desierto. A estas semejanzas en las coberturas de medios que no sólo publican los mismos tópicos sino que los presentan desde una perspectiva similar, las llamaremos “consistencia, consonancia, conformidad”. En una correlación de fuerzas desventajosa, los medios comunitarios y alternativos, los diarios PáginaI12, Tiempo Argentino y La Izquierda a diario, la AM750, la señal C5N y El Destape Web, entre otros, mantienen la coherencia del inicio en sus narraciones noticiosas.
El proceso de institucionalización de esta cobertura se cristaliza con las declaraciones del juez Guido Otranto en una entrevista exclusiva a La Nación, donde afirma: “La hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó” (La Nación, 17 de septiembre, tapa). No sólo porque se constituye en el argumento excluyente para decidir su apartamiento del caso sino, y sobre todo, porque pone de manifiesto las relaciones transaccionales entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y una parte de los medios tradicionales. Desde entonces, la simbiosis entre Estado y medios de comunicación coincide con la caída de la intensidad del diálogo político en la red #SantiagoMaldonado. La disputa por el sentido alrededor de la desaparición forzada de Santiago se cobra un capítulo. ¿Quiénes continuarán con la cobertura? ¿Quiénes seguirán con la búsqueda?
- Walter Isaía: Comunicador social, periodista y miembro de la Cooperativa Huvaití.
- Natalia Aruguete: Investigadora del Conicet, profesora UNQ. Autora de El poder de la agenda. Política, medidos y público.
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