Por Sandra Rodríguez
El docente universitario, Sergio Rivera, denunció que esta mañana guardias de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán, S. de R.L. (ESPA), continúan con acciones de intimidación y represión en la máxima casa de estudios en Tegucigalpa, tomando en cuenta que hay un nuevo rector.
A tempranas horas de hoy, un guardia asignado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) “pretendió intimidarme por tomarle fotografías a los murales que los estudiantes pintan en los predios universitarios, pese a que los mismos no duran 24 horas debido a la intolerancia institucional”, afirmó el catedrático de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, especialmente de la educación pública.
Agregó que, “estos guardias llevan años enfrentándose a docentes y estudiantes con total impunidad”, en ocasiones anteriores Rivera ha sido víctima de ataques y persecución de parte de las autoridades universitarias, intensificadas en los periodos de la entonces rectora Julieta Castellanos, que dejó su cargo el pasado 25 de septiembre, y nombrándose de manera interina a Francisco Herrera.
Hoy, al ser interceptado por el guardia de ESPA, éste le preguntó a Rivera qué ¿Qué hacía?, a lo que le respondió que estaba tomando fotos a los murales, y el uniformado le replicó que dejara de tomar fotos porque los tenían que borrar.
Y el guardia agregó que esos cipotes -estudiantes- eran abusivos. Entonces el profesor le tomó fotos al guardia que le prohibía la captura de imágenes, pero que sí le tomaba fotos al docente “él me prohíbe tomar fotos en mi centro de trabajo”.
Según versiones de estudiantes, declaró Rivera a defensoresenlinea.com, el guardia ha sido testigo en los juicios que criminaliza a los y las estudiantes y que actualmente tiene más de 50 con medidas sustitutivas a la prisión y al menos 25 expulsados por cinco años, al abanderar la lucha de la defensa de la educación pública. Desde el 2014 más de 200 jóvenes han sido señalados como usurpadores, y miles de ellos como vándalos, encapuchados y delincuentes, negándole la oportunidad de dialogo y exponer sus necesidades en torno a la defensa de la educación no excluyente y que se retire a los miembros de ESPA.
Hay más de un centenar de guardias y algunos vestidos de civil que se pasean entre los y las estudiantes, esa es parte de las estructuras que dejó el julietismos, y que no se han desmontado, afirmó Sergio Rivera.
Norma Suyapa Flores, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), declaró en el juicio oral y público en mayo pasado, que se celebraba conta los estudiantes universitariosSergio Ulloa, Cesario Pailla y Moisés Cáceres, actualmente condenados, que ella recibió órdenes de infiltrase en una toma estudiantil en julio del 2015 en la UNAH, y que empleados del Alma Mater, le habían facilitado perfiles de algunos estudiantes.
La UNAH, cuenta con seguridad mixta (privada e institucional), bajo el mando del militar retirado Roger Aguilar, señalado como miembro del escuadrón de la muerte 3-16, en la década de 1980, y testigo en el juicio contra Ulloa, Padilla y Cáceres, a quien se les responsabilizó por el delito de usurpación, al liderar supuestamente la acción de protesta entre el 13 y 17 de julio del 2015, exigiendo el respeto a la educación pública, pese haber declarado que ejercían la labor de observadores de derechos humanos y ya en calidad de egresados de las carreras de Trabajo Social, Periodismo y Sociología, respectivamente.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), “En Honduras operan unas 706 empresas de seguridad privada que suman entre 60.000 y 70.000 guardas, cifra que supera en más del doble la cantidad de elementos que tienen juntos la Policía Nacional y el Ejército.” Por lo tanto, relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, según la información disponible, y también se hace énfasis en que la mayoría de los propietarios de esas empresas son ex oficiales de la Policía y el Ejército.
La UNAH en el contrato CSB No.06-201a-SEAF-UNAH firmado con ESPA (de vencimiento en marzo del 2016 y renovado) requirió un número específico de guardias de seguridad para asegurar el resguardo de los y las estudiantes, al parecer, ESPA ha sido contratada por un monto de Lps 84, 978, 240.00[1] con el fin último de asechar, intimidar, amenazar a muerte y criminalizar al estudiante universitario, al docente y a los vendedores ambulantes.
Infograma tomado de La Prensa
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