martes, 17 de octubre de 2017

Aportes del SJR LAC y la RJM LAC para el proceso de consulta de los Pactos Globales sobre Migrantes y Refugiados



El Servicio Jesuita a Refugiados y la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y El Caribe ha trabajado durante muchos años de manera comprometida en acompañar, servir y defender a todas aquellas personas que se encuentran en condición de migración forzada. Por ello, celebran con entusiasmo el proceso de consulta entorno a los Pactos Globales sobre Migrantes y Refugiados.

Como obras de la Compañía de Jesús y motivados por el Papa Francisco en su llamado de acoger, proteger, promover e integrar a migrantes, refugiados y víctimas de trata de personas; como por los 20 puntos de acción propuestos por la Santa Sede: desean de manera positiva expresar sus principales recomendaciones con base en su experiencia local, nacional y regional en América Latina, con la espera de contribuir en las propuestas, que como sociedad civil deben considerarse en las negociaciones que tendrán lugar en la Organización de Naciones Unidas. 

En el Acoger:

Es importante respetar el principio de no devolución, lo cual implica, evitar la expulsión colectiva y arbitraria de migrantes y refugiados. El proceder debe partir de las consideraciones humanitarias de las personas que huyen por razones de violencia de sus países, para no ser devuelto de manera abusiva a un lugar que se considere de riesgo para su integridad personal.

Es necesario encontrar más y mejores vías jurídicas para asegurar condiciones adecuadas para la migración o reubicación segura y voluntaria. Existen alternativas útiles como visas humanitarias que garantizan la protección de personas que no cumplen formalmente los requisitos de ley para ser considerados refugiados; visas de reunificación familiar (incluyendo hermanos, abuelos y nietos) y visas temporales para personas que huyen de conflictos en países vecinos; creación de corredores humanitarios; programas de reubicación de refugiados en las comunidades acogida, en lugar de concentrarlos en asentamientos.

En el Proteger:

Es importante que los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados puedan gozar de la protección necesaria de parte de los países de acogida, a fin de prevenir situaciones que atenten contra su dignidad como la explotación sexual, el trabajo forzoso y la trata de personas.

Los Estados deben capacitar integralmente a sus funcionarios sobre los tratos y procedimientos que tienen que seguir con migrantes y refugiados, como promover una coordinación interinstitucional que permita garantizar una respuesta integral en el acceso y goce de justicia, defensa y seguridad, especialmente cuando la vida esté en riesgo, así como la asistencia permanente con información clara y oportuna sobre la necesidad de protección.

La población migrante y refugiada debe contar con el goce efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones que la población nacional. Los migrantes y refugiados se enfrentan a múltiples obstáculos, en particular, vacíos legales debido a la falta de regulación y lineamientos claros, pues muchos tienen dificultades legales para acceder a bienes y servicios básicos (bancos, colegios, hospitales, trabajo, inmuebles, etc.).

Es importante la adopción no sólo de medidas contingentes, sino de políticas migratorias que contemplen un enfoque diferencial y con perspectiva de género, ya que existen necesidades e impactos diferenciados según el grupo poblacional (niños, niñas, adolescentes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, etc.)  previniendo las discriminación, re-victimización y vulnerabilidad, en los momentos de tránsito, destino y retorno. 

En el Promover:

Reivindicamos la necesidad por la protección del núcleo familiar del migrante y refugiado, especialmente para que la población de niños, niñas y adolescentes (NNA) no queden desprotegidos. Muchos de ellos huyen de sus países sin el acompañamiento de sus padres, hecho que acentúa su condición de vulnerabilidad, por lo cual está la necesidad de protegerlos asegurando su reencuentro y reunificación familiar.

Hacemos un llamado para que los Estados generen políticas públicas responsables e integrales, donde se promueva una inclusión social de migrantes y refugiados para que puedan ejercer su oficio en las comunidades de acogida. Por ello, es importante asumir políticas menos restrictivas que garanticen tanto la igualdad como una posibilidad más amplia para ejercer la ciudadanía y la promoción humana en los lugares de acogida. 

Es necesario generar respuestas ágiles para el reconocimiento de la condición migratoria, especialmente de quienes requieren protección internacional, y la debida documentación que permita acceder servicios de empleo, vivienda, salud y educación. Del mismo modo, urge que esta documentación sea conocida y reconocida en todas las instancias gubernamentales e instituciones privadas.

En el Integrar:

Es prioritario adoptar un lenguaje que fomente la solidaridad y la hospitalidad de migrantes, solicitantes de asilo y refugio, evitando verles como competencia o amenaza en los países de tránsito y destino. Los medios de comunicación y líderes políticos tienen un papel fundamental para transformar este imaginario colectivo.

Los espacios de intercambio entre quienes llegan y quienes acogen deben servir para favorecer una cultura del encuentro que permita entender los beneficios que trae la integración. Es un proceso bidireccional que aunque toma tiempo, debe reconocer y valorar la importancia de la multiculturalidad de la que somos parte en Latinoamérica y El Caribe. En virtud de esa riqueza cultural podemos aprender a convivir, aprovechar y disfrutar las diferencias que tenemos.

Hay que evitar supuestos y discursos que sigan estigmatizando y criminalizando a migrantes y refugiados per se.Por el contrario, es menester hacer un reconocimiento al aporte que estas poblaciones hacen a la economía local, por ejemplo. En esto, son claves los procesos de integración implican un mutuo aprendizaje para compartir los recursos que se tienen.

Proponemos generar un trabajo más cercano con los hijos e hijas de extranjeros nacidos en el país acogida para prevenir que violencias de diferentes tipos vulnere sus derechos fundamentales y contribuya a un sano proceso de sana convivencia. La integración es un componente fundamental que puede concebir nuevos proyectos de vida y promover la superación de las necesidades y vulnerabilidades de migrantes y refugiados. 

Los Estados deben promover acciones precisas que de manera colateral o por aspectos estructurales o del funcionamiento del mismo, no afecten o discriminen a los inmigrantes. Así como políticas de cooperación y articulación con la sociedad civil que permitan que el desarrollo como seres humanos se dé en condiciones de dignidad e igualdad.

Conclusiones breves:

Vemos con preocupación en toda Latinoamérica y El Caribe el aumento de las solicitudes de asilo, el incremento del número de detenciones y deportaciones masivas, y el crecimiento del desplazamiento forzado interno, así como poca capacidad estatal y falta de marcos legales garantes de los derechos para migrantes y refugiados; igualmente la persistencia de escenarios de inseguridad y precariedad que afectan a los migrantes forzados que están en toda la región.

Anhelamos que el proceso de consulta de los pactos globales entorno a la migración y el refugio pueda culminar en una transformación de la perspectiva de los Estados para que conduzca a pensar más allá de las particularidades de una nacionalidad y trascender a un enfoque de derechos que nos abarque como humanidad.  El valor de la integridad de cada persona, debe estar equilibrado con las preocupaciones de seguridad nacional de cada país y nunca estar por encima de la dignidad y los derechos fundamentales de los seres humanos.

Hacemos un llamado a la reflexión conjunta e inclusiva, para que analizando la complejidad de las transformaciones del contexto en el mundo, se haga un aporte orientado a la profundización de la comprensión sobre los graves obstáculos que enfrentan migrantes y refugiados en países de tránsito y destino, y la necesidad de proteger a todos los refugiados de facto, y no sólo a quienes se le otorga un estatus.

Es deber de todos los gobiernos establecer medidas de protección y prevención para aquellas comunidades profundamente amenazadas por las nuevas violencias; avanzar hacia soluciones estables y duraderas que les permita reconstruir sus proyectos de vida en armonía con los territorios y de cara a un desarrollo humano con un rumbo ambientalmente sostenible y socialmente equitativo; y garantizar la vida de los migrantes forzados que huyen de sus países de origen por situaciones de violencia social generalizada, por políticas económicas erróneas y por violación sistemática de sus derechos humanos. 

Allí donde nacen muros de exclusión, securitización, desconfianza y xenofobia, reiteramos la invitación para construir más y más puentes de Hospitalidad, Humanidad y Fraternidad.
En tiempos de muros, Hacemos puentes.

No hay comentarios: