Los medios de comunicación estatales, entre ellos canal 8 y Radio Nacional, durante comparecencias oficiales, han servido para que el mandatario Juan Orlando Hernández se refiera a temas político-electorales, en favor de su candidatura ilegal e ilegítima.
“Yo no creo que el pueblo hondureño quiera estar sometido en un evento a insultos ante los candidatos; imagínese usted sin tener a un contendor enfrente destila alguien veneno y lo menos que hace es proponer, y además existen líderes de partidos que ya tuvieron la oportunidad de hacer mucho y lo que nos dejaron fue una tragedia”, eran las declaraciones Hernández durante una conferencia de prensa gubernamental, el pasado 04 septiembre.
Ese despotismo no se contempla en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos -Política Limpia-, asegura el comisionado de la Unidad Técnica de Política, German Espinal.
En relación a la normativa y a los abusos del presidente Hernández, Espinal refiere que “ahí hay un cuestionamiento, a la gente no le gusta que se haga eso, porque en lo que se llama ciencia política es el abuso del poder, que se use el poder para sacar ventajas en beneficio propio, la Ley no lo contempla sino que 45 días antes”.
En su artículo 32, la Ley de Política Limpia estable que “los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse de realizar actos de proselitismo político de conformidad con el Artículo 142 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Durante los últimos cuarenta y cinco (45) días del período de propaganda, quedan suspendidas las inauguraciones de obras públicas y su difusión en medios de comunicación”.
El analista político Miguel Cálix señala que con las acciones del candidato inconstitucional y nacionalista, Juan Orlando Hernández, entra en detrimento el principio de equidad de pauta televisiva: “la oficina de prensa debería en ese momento interrumpir la conferencia de prensa, porque se ve obligado en ese caso, especialmente canal 8 y Radio Nacional, de ofrecer el mismo espacio que ha utilizado el candidato-presidente”.
Cálix añade que el hecho es un reto y un “buen ejercicio” para que la Unidad de Política Limpia y el Tribunal Supremo Electoral comiencen con la aplicación de la ley.
Por su parte, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Arístides Mejía, es del criterio que no se puede esperar una sanción ante el uso y abuso de los medios de comunicación del Estado, puesto que el máximo órgano electoral permitió la candidatura ilegal del presidente Hernández.
“Está prohibido que se haga propaganda bajo cualquier forma utilizando los recursos del Estado, de acuerdo a la leyes de transparencia y otras; él –Hernández- está infringiendo eso, desde hace muchos años utiliza los espacios y recursos del Estado para promover su imagen, el Tribunal debió tomar medidas pero la primera cosa que debió hacer es no inscribirlo porque su reelección es completamente ilegal”, puntualizó Mejía.
Fiscalización y financiamiento
En medio del escenario de constantes violaciones y un proceso electoral revestido de ilegalidad y autoritarismo, en el que los medios de comunicación deberían evitar referirse a temas electorales en comparecencias oficiales y así contribuir al cumplimiento de la ley, la Unidad Técnica de Política Limpia asegura que avanza con los trabajos de fiscalización al financiamiento de los candidatos e institutos políticos.
En ese sentido, el comisionado de Política Limpia, Kelvin Aguirre, apunta que, hasta la tarde del jueves 12 de octubre, alrededor de 1,200 aspirantes a cargos de elección popular han cumplido con la acreditación de cuentas bancarias y representantes financieros.
“Según nuestra base de datos, se establece que cinco partidos políticos han acreditado sus dos cuentas, una de financiamiento público y otra de privado, y también han designado su responsable financiero”, indicó Aguirre.
Los candidatos a la presidencia de la república Salvador Nasralla, Luis Zelaya, Juan Orlando Hernández y Marlene Alvarenga son “los únicos que ya abrieron las cuentas y las acreditaron”, de un total de nueve, informó el pleno de comisionados de Política Limpia.
Tras una reunión con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, la Unidad de Política Limpia recordó que la fecha límite para la acreditación vence el 12 de octubre, para aquellos candidatos y candidatas que ya han realizado gastos de campaña y a la fecha no han reportado sus cuentas.
De no acreditar las cuentas bancarias y representantes financieros, los candidatos y candidatas que impulsen campañas serán sancionados o multados con el doble del monto no reportado.
Heleen Schrooyen, representante en Honduras del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, pese a que reconoce el avance de la creación de la Unidad de Política, señaló que en el país se requiere de un fortalecimiento de la democracia y la transparencia en los procesos electorales.
“Con los montos que se manejan es difícil que todos puedan participar en igualdad de condiciones, y también vemos que la participación de las mujeres, de los afro-hondureños o de otros grupos están menos representados en la política”, dijo Schrooyen.
Durante la campaña de elecciones general 2017, los candidatos y candidatas a la presidencia de la república, de acuerdo a la Ley de Política Limpia, podrán gastar hasta 470 millones de Lempiras, monto que contrasta con la realidad de pobreza en la que viven 3.5 millones de hogares.
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