Consuelo Soto, indígena tolupán, perteneciente a la tribu San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la ganadora del premio nacional Carlos Escaleras en su segunda edición.
La premiación, que se desarrolló en el marco de conmemoración de los 20 años del asesinato del líder ambiental del Bajo Aguán, se llevó a cabo en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón.
Para esta segunda edición del premio Carlos Escaleras estaban nominados Pedro Landa, Pedro Canales, Esly Banegas, Betty Vásquez, Orbelina Flores, Gaspar Sánchez, Osman Orellana y Dilma Consuelo Soto, quien fue la que recibió el galardón en reconocimiento a su labor en defensa de los bienes naturales y los territorios del pueblo Tolupan.
El premio es impulsado por la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), financiando por Diakonia y la Unión Europea, bajo el lema “Defendiendo a quienes defienden la madre tierra y los recursos naturales en Honduras”.
El premio nacional Carlos Escaleras busca rescatar la memoria histórica de los defensores y defensoras de los derechos humanos, pretende denunciar las agresiones en su contra, visibilizar el trabajo por la defensa de la vida a través de los territorios y bienes comunes, y reconocer su labor en la defensa de los derechos humanos.
La ganadora de este año nació en la comunidad San Francisco de Locomapa, Yoro, y se desempeña como vice coordinadora de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras y es miembra del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Dilma Consuelo Soto desde hace un poco más de una década inició su labor en defensa del bosque, ante las intenciones de deforestación y la instalación de una mina de antimonio. Su liderazgo y capacidad de diálogo la hicieron destacar ante las comunidades tolupanas que viven en medio de la pobreza y exclusión.
23 comunidades indígenas tolupanas situadas en las montañas del departamento de Yoro, son beneficiadas con su labor de manera directa. Pero su lucha tiene un impacto directo en la situación nacional que viven las comunidades indígenas y garífunas en Honduras que están en lucha de los bienes naturales y territorios.
Soto junto a un grupo de habitantes de Locomapa realizaron tomas y denuncias nacionales ante las intenciones de instalar una mina de antimonio. Su perseverancia y compromiso comunitario hizo que la instalación de la minera se detuviera, pero las amenazas, criminalización y muertes no cesan.
En el 2003 sus compañeros de lucha fueron asesinados y en el 2015 su esposo también fue asesinado con saña, un mensaje directo al trabajo que Consuelo realiza. Al asesinar a su esposo pensaron que su lucha se detendría, ella continúa a pesar del peligro que significa vivir en la zona y denunciar las intenciones de despojo de los bienes y territorios.
En la actualidad Consuelo Soto goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, a raíz de amenazas de muerte y el ambiente de inseguridad y conflictividad social que hay en la zona, ocasionados por la imposición de proyectos extractivos que, de forma abusiva, se han apoderado de los bienes comunes de las comunidades indígenas.
El jurado estuvo compuesto por la líder ambientalista Piedad Córdoba de Colombia; Gloria Cano de Perú; Lottie Cunningham de Nicaragua; Waldo Albarrancìn de Bolivia y Mery Agurcia de Honduras, quienes hicieron sus valoraciones para la entrega del galardón.
Carlos Escaleras fue un destacado líder popular con un amplio recorrido en la defensa de los derechos humanos. Siendo estudiante de educación media se integró en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) a mediados de los años 70, fue asesinado el 18 de octubre de 1997 en su negocio en la ciudad de Tocoa.
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