Es tan disfuncional la institucionalidad hondureña que ni los propios delincuentes confían en ella. No confían porque la misma responde a intereses de personajes con poder. No confían porque solo el hecho de someterse a la justicia nacional puede llevarlos a la muerte.
Así ocurrió con Los Cachiros y ahora con el hijo de Ramón Mata, Juan Ramón Waldurraga quien de la misma forma que Los Cachiros negociaron a espaldas del gobierno hondureño con la DEA para entregarse y así iniciar un proceso de reducción de penas en Estados Unidos.
Pero, ¿por qué no confían en la institucionalidad, incluso para entregarse? Es una pregunta que permanece en el aire cada vez que un personaje de este calibre se entrega al gobierno norteamericano, de la mano de esa interrogante surge el miedo en los políticos que de una u otra forma también están vinculados a la narcoactividad.
Desde la llegada de Los Cachiros y el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, en el que vincularon directamente a políticos (diputados, alcaldes, exfuncionarios, presidentes y candidatos) en el pago de sobornos para lavado de dinero proveniente del narcotráfico, las alarmas están encendidas en la clase política.
Hay nombres claves mencionados por Maradiaga en sus declaraciones, figuras como Porfirio Lobo Sosa (ex presidente de Honduras) y Tony Hernández (diputado y hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández) lideran ese listado de personajes políticos que desde las declaraciones de Devis tuvieron cercanía con esta organización, sirviendo como puente con el gobierno para lograr sus propósitos.
El punto coincidente en la entrega de Los Cachiros y de Waldurraga es la desconfianza en la institucionalidad nacional, ambos prefirieron negociar directamente con el gobierno de Estados Unidos su entrega, por miedo claro a ser asesinados en el país, a pesar de haber considerado entregarse a las autoridades nacionales.
A Waldurraga se le incautaron sus bienes y los de su familia en el mes de junio, a través de una operación policial, también tenía orden de captura, pero a pesar de eso, el proceso que prefirió este día fue la entrega directa en otro país al gobierno de Estados Unidos. Ahora la parte complementaria a la entrega es el testimonio y allí es donde las preocupaciones se profundizan en los socios de Waldurraga que ostentan y ostentaron cargos públicos.
En la última semana el periódico New York Times, publicó una compilación del testimonio de Leonel Rivera en la Corte norteamericana, citando la cantidad de personas asesinadas por esta organización y también el vínculo económico con los políticos. El texto generó reacción inmediata por el gobierno, quien emitió casi de inmediato un comunicado manifestando que ellos han tenido una política clara de entrega de delincuentes a la justicia internacional y que ha sido en esta administración que se profundizó la lucha contra el narcotráfico.
El gobierno dice que en Honduras hay muchos sectores que intentan deslegitimar la acción de lucha contra la delincuencia organizada que impulsa el presidente. De la mano de ese comunicado el expresidente Porfirio Lobo también salió al paso desvinculándose de los cargos que se le imputan.
Esa información que retomó el New York Times, desde hace varios meses circuló a nivel de medios internacionales, nacionales y hasta en redes sociales, desde ese momento la institucionalidad hondureña ha sido incapaz de tomar acciones inmediatas contra los sospechosos.
Por ahora solo la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad anunció una investigación de redes de poder entre Los Cachiros y políticos. Por ahora no hay datos concretos, ni procesos abiertos contra los personajes mencionados en la declaración de Maradiaga.
Para el analista político Raúl Pineda Alvarado, la publicación es el inicio de una serie de revelaciones de temas que son públicamente conocidos pero que no son comentados. Además, cree que es el comienzo de una investigación más profunda por parte del gobierno de los Estados Unidos.
El gobierno dice que su política de extradición y captura de narcotraficantes es clara y demuestra su buena voluntad, pero a criterio de Pineda, curiosamente el gobierno no disparó ningún tiro en la captura de ambos personajes (Cachiros y Waldurraga). “En conclusión, es evidente que hubo arreglos, pláticas entre agencias norteamericanas y los acusados, todo a cambio de reducción de penas, a cambio de información”.
Para Raúl este panorama revela que el país está gobernado por delincuentes y personajes con conductas irregulares. “Estamos en un país donde un expresidente está prácticamente preso en Estado Unidos (Callejas), el otro sujeto a una eventual extradición (Porfirio Lobo) y que alcaldes, ministros y funcionarios son acusados de participar en esto. Honduras evidencia que ha sido y está siendo gobernada por criminales, esto debe cambiar”, valoró Pineda.
Y es que para el analista han sido los políticos los que se infiltraron en el narcotráfico y no al contrario. “Se debe iniciar una investigación para llegar al fondo del asunto”, concluyó el analista.
El artículo publicado por el NYT generó reacciones de todos los sectores (opositores, colaboradores y defensores del gobierno). Para el caso la sociedad civil permanece con una conducta cautelosa ante la situación. Omar Rivera, coordinador de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) e integrante de la Comisión de Depuración Policial, dijo que se debe investigar a las personas mencionadas en el testimonio.
“El Ministerio Público debe iniciar una investigación, para saber qué tanto de lo manifestado y publicado en el New York Times se puede comprobar”, comentó Rivera sobre el tema.
Por ahora los políticos mencionados por Los Cachiros siguen en la impunidad, y algunos de ellos incluso participando en el actual ruedo electoral. La entrega de Waldurraga genera expectativas sobre todo en relación a sus declaraciones, las que seguramente arrojarán nuevos elementos contra los grupos políticos y económicos ligados al narcotráfico nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario