La persecución y criminalización contra las personas que luchan por la defensa del territorio en nuestro país va en aumento. El país según la organización Global Witness es el más peligroso del mundo para hacer el trabajado de defensoría del territorio y bienes naturales.
Según esa investigación, desde el 2010 han muerto más de 120 personas que se opusieron a las represas, minas, la tala o los monocultivos, todos asesinados por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Otra cantidad mayor han sido amenazados, perseguidos o judicializados.
En el departamento de Colón, al norte de Honduras, las comunidades Garífunas libran una fuerte lucha con el poder económico que tienen los empresarios de origen canadiense; Patrick Forseth, dueño de la Sociedad Mercantil “Carivida”, y Randy Jorgensen conocido como “el Rey del Porno”, quienes han sido denunciados por apoderarse ilegalmente de las tierras garífunas ubicadas en la Bahía de Trujillo.
Producto de la resistencia contra esos megaproyectos turísticos varios pobladores y pobladoras enfrentan procesos judiciales y son perseguidos por la justicia hondureña que se parcializan a favor de los grupos empresariales.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), a través de sus redes sociales, denunció la semana pasada que el luchador de la comunidad garífuna Guadalupe en Trujillo, Colón, Celso Guillén fue detenido en dos ocasiones en menos de 24 horas.
A Guillén se le detuvo el miércoles 4 de octubre en la posta de Satuyé, en la entrada de La Ceiba, y 24 horas después lo detuvieron en la posta policial del municipio de El Porvenir cuando regresaba de Tela hacia Trujillo.
El líder comunitario enfrentaba junto a otros pobladores un juicio, acusado del delito de usurpación de tierras, sin embargo, meses atrás un juez dictó una resolución que ordena dejar sin valor las órdenes de captura libradas en su contra.
Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, señala que es una clara violación a los derechos humanos, pero sobretodo es una muestra de cómo en este país los defensores y defensoras están a merced de un aparato judicial y policial que se encarga de perseguirles.
“No podemos movernos, porque es claro que nos andan siguiendo. Ahora hay cuatro mujeres más querelladas por una denuncia interpuesta por el canadiense Patrick Forseth.” Explica Miranda.
Tolupanes son amenazados
La situación de las comunidades garífunas e indígenas en Honduras es similar. La represión, hostigamiento, asesinatos y abandono es su cotidianidad. Desde el 2 de octubre las comunidades Tolupanas de Locomapa, Yoro organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), instalaron un campamento de resistencia contra el saqueo de madera de pino.
Las comunidades defienden los bosques de manos del empresario Wilder Omar Domínguez, quien continúa saqueando los bosques de la región. El campamento se ubica donde el 25 de agosto del 2013 fueron asesinados los tolupanes María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en agosto de 2013, cuando realizaban una toma pacifica en defensa del bosque.
Los pobladores y pobladoras denuncian que representantes del consejo consultivo de la tribu San Francisco amenazaron a muerte a los tolupanes organizados en el MADJ.
Ramón Matute miembro del consejo preventivo asegura que el empresario ha sacado toneladas de madera sin el consentimiento de la tribu y con el visto bueno de las autoridades. Agrega que esta semana realizaron las denuncias ante la fiscalía para visibilizar y dejar constancia de todos los abusos que cometen en el sector.
El líder comunitario dijo a Radio Progreso que hay temor entre los vecinos, sin embargo, a pesar de ello, no claudicarán en defender los bienes naturales.
Informes internacionales concluyen que los casos de violencia y criminalización contra defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones están en aumento. Los mismos destacan entre las causas, la explotación de recursos naturales, la ausencia de espacios para la participación e incidencia para las comunidades y los pueblos afectados y la falta de acceso a la información ambiental.
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