A una semana de la aprobación de nuevas reformas al Código Penal, entre las que incluye la criminalización legal de la protesta social y la divulgación de noticias falsas; la marea bajó nuevamente y el tema va quedando de a poco en el olvido.
La aprobación de las reformas se dio en un ambiente polémico en la que una minoría de legislativos aprovechó la ausencia de la mayor parte de diputados de oposición para aprobar un duro golpe a quienes siguen protestando contra las medidas gubernamentales. De esta forma el artículo 31 del nuevo Código Penal cobró vida bajo el argumento de luchar contra la asociación, promoción y financiamiento terrorista.
“Estas medidas se hacen para evitar actos terroristas como el que ocurrió en Estados Unidos con las Torres Gemelas”, dijo el diputado nacionalista Oswaldo Ramos al referirse al tema luego de ser aprobado.
Para el abogado Omar Menjivar, la aprobación del título 31, del nuevo Código Penal, que incluye la asociación, promoción y financiación, es la confirmación y consolidación de un régimen que criminaliza y castiga las voces disidentes.
Menjivar dice que en el nuevo Código Penal también se contemplarán otras figuras que podrán en riesgo la vida de personas y grupos que rechacen las imposiciones del gobierno. Entre ellas están: usurpación, manifestaciones y asociaciones ilícitas (ponen en riesgo a ONGS y organizaciones ciudadanas).
En ese sentido, el abogado manifiesta que es necesario que la población hondureña pierda el miedo al régimen y realice acciones concretas de protesta.
“Por la situación actual que impera, parece que la protesta social contra las reformas no está en agenda de los grupos políticos del momento. Los partidos políticos de oposición no pasaron de repudiar la reforma en los medios de comunicación, nada más”, comenzó el abogado Fredin Fúnez, integrante de la Asociación de Abogados por el Estado de Derecho.
“Es lamentable que en este momento lo que predomine es la campaña electoral, no tenemos diputados o diputadas que defiendan los intereses en este caso de sus votantes”, dijo Fúnez.
Fúnez coincide con Menjivar en su análisis, y asegura que la realidad impulsa a desarrollar dos acciones concretas: una, sentar un precedente en la institucionalidad y dos, salir a las calles de forma masiva a rechazar y hacer retroceder la reforma que desde su visión fue aprobada con la colaboración y complicidad de los diputados de oposición que se ausentaron del Congreso Nacional.
El tema se va apagando poco a poco, en este momento se impone la discusión electoral, las denuncias de fraude por una parte y por la otra el despilfarro de dinero público en campañas de políticos y funcionarios.
Todo sucede ante la vista y omisión de la maquinaria mediática tradicional, la que tampoco se salva de la reforma, pues en el paquete se incluye la aprobación del artículo 335-B del Código Penal, en la que se criminaliza a quienes a través de un medio de comunicación inciten al odio o protestas.
En el marco del nuevo Código Penal y los delitos contra el Orden Público, diputados y diputadas del Congreso Nacional aprobaron castigar con prisión de uno a tres años a la persona que mediante intimidación aterrorice a una población y a quienes públicamente difundan de forma reiterada noticias o rumores falsos.
Lo anterior, establecido como delito de Desórdenes Públicos en el artículo 577. Para la diputada Fátima Mena es una acción más de criminalización de la protesta social y de violación de la libertad de expresión en periodistas y comunicadores sociales.
El Colegio de Periodistas hace un mes desarrolló un plantón en Tegucigalpa y San Pedro Sula manifestando su rechazo al artículo, pero ante la aprobación el silencio impera en la dirigencia del gremio y parece que no habrá oposición alguna por esa vía.
“Siento que esa política del gobierno atenta contra nuestro trabajo, el compromiso del periodista debe ser informar y estar del lado de quien más lo necesita, ésta reforma nos afecta directamente”, dijo el periodista del canal Cortés TV, Jonatan Maldonado.
La aprobación de reformas que criminalizan la protesta es alarmante para toda la población hondureña, pero la pasividad de los sectores afectados hace que el tema se diluya poco a poco en el olvido e impunidad.
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