En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana en Nueva York, el Estado de Honduras fue citado entre los países altamente peligrosos para los defensores de derechos humanos y para las víctimas desplazadas por la violencia.
Dos relatores diferentes del sistema de la ONU – el de refugiados y el de defensores – coincidieron en retratar la tragedia que sufre este país centroamericano, cuyas élites y medios tarifados insisten en desconocer.
El relator Michel Forst denunció que en el transcurso de 2017 han sido asesinados al menos ocho activistas de derechos humanos en Honduras y, por su parte, Francesca Fontanini, la portavoz de ACNUR en las Américas, informó que más de 174.000 personas fueron desplazadas entre 2004 y 2014, en 20 municipios urbanos de Honduras.
El relator Forst subrayó el asesinato el 9 de agosto pasado de Kevin Ferrera, abogado, presidente de la Juventud del Partido Liberal y miembro fundador de la organización Oposición Indignada.
Ferrera trabajaba con el objetivo de que la ciudadanía denunciara actos de corrupción e impunidad. Recientemente, había ayudado a organizar las caminatas de protesta en contra de las propuestas de reelección del actual presidente de Honduras, Juan Hernández.
La portavoz de la ACNUR, por su parte, detalló que en los últimos años más de 7.000 hondureños aseguraron que el despojo y la ocupación de sus casas y propiedades por maras asociadas a policías son las principales razones para huír de sus barrios y ciudades.
Fontanini dijo que en las ciudades las pandillas destruyen y ocupan a la fuerza los hogares de miles de personas, y en el campo, donde se establecen las rutas de drogas, sus socios narcos presionan a las familias para vender sus tierras a precios más bajos que los del mercado o los obligan a abandonar las zonas a riesgo de morir.
ACNUR no dijo, sin embargo, que en Honduras esas maras y bandas de narcos se confunden entre los policías corruptos que cuentan con el aval de empresarios lavadores de dinero sucio, alcaldes, diputados y presidentes corruptos, que se mantienen en sus cargos al servicio de los carteles.
Estos relatos en Nueva York sucedían al mismo tiempo que aquí en Tegucigalpa un oficial de los policías “cobras” amenazaba con partir en pedazos a los líderes estudiantiles que expulsaron del cargo a la rectora de la Universidad Nacional.
Entretanto, los publicistas de la Marca País intentaban sacudirse el leñazo internacional manipulando un supuesto índice global favorable a su macro economía.
Fue con sobrada razón que la mayoría de representantes de las Naciones Unidas decidieron salirse del salón principal cuando tomó el turno de la palabra el cuestionado presidente hondureño, que corre ilegalmente por la reelección.
Antes de incluir a Honduras en la lista de países depredadores de los derechos humanos, la ONU pidió al gobierno de liberales y nacionalistas que defienda los derechos territoriales de las personas desplazadas por la violencia, también a las comunidades indígenas y garífunas.
Pero aquí parecían no escuchar, la campaña electoral seguía con su censo lleno de muertos en más del 30 por ciento, una tarjeta de identidad clonada, una impresión industrial de credenciales a delincuentes de mesas electorales y un alistamiento militar jamás visto.
Por eso, la verdad debe ser dicha de una vez: que se lleven antes de noviembre a los corruptos del poder, y que sean pospuestas las elecciones generales para ordenar la casa en tiempo perentorio.
Permitir que el pueblo de Honduras asista a elecciones generales en las actuales circunstancias es un crimen de lesa humanidad, que pesaría sobre aquella comunidad internacional que ya ha sido cómplice de la ilegalidad de 2009 y 2013.
No más sufrimiento para un pueblo que se merece otro presente y otro futuro.
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