Por Sandra Rodríguez
"Queremos ir tranquilos a trabajar, sin el miedo a que nos vayan asesinar, y mientras no se vaya la empresa palmera y los militares que disparan contra la gente, no podemos tener paz"
Santos Torres.
Entre dos y quince años, hay cinco niños y niñas que han quedado sin papá. Su delito fue predicar la verdad desde su ministerio de celebrador de la Palabra de Dios en el Bajo Aguán, exigiendo un alto a la violencia y el respeto por derecho a tenencia de la tierra.
Huérfanos y huérfanas, han quedado “de pan en mano”, aseguraron sus compañeros campesinos que hace unos días se trasladaron a Tegucigalpa para denunciar la barbarie que nuevamente se está viviendo en esa región, la cual ha salido a la vista mundial por el conflicto agrario dejando más de 150 asesinatos entre campesinos y guardias de seguridad privada, desde el año 2010.
Juan Moncada y Santos Torres no pueden ocultar la tristeza e indignación que les ha causado el asesinato de José Alfredo Rodríguez (39), cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la finca Paso Aguán, de la comunidad Panamá, Trujillo, departamento de Colón, el pasado 20 de septiembre.
Ya asesinaron a otros celebradores de la Palabra de Dios (un ministerio de la Iglesia Católica), sólo nos quedan dos ¿será que también nos los van a matar como a José e Hipólito? Fue una interrogante el dirigente del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”, Santos Torres, dirigió al presidente de la República Juan Orlando Hernández (JOH).
Al menos siete miembros de la “Gregorio Chávez” han pedido la vida en el marco de las recuperaciones de tierras, y a la finca Paso Aguán –cultivada de palma africana-, la señalan de cementerio clandestino, pues varios cuerpos fueron hallados entre sus plantaciones, e incluso ahí se realizó la exhumación del campesino Antonio López Lara, con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Cultivos entre amenazas
La familia está hecha pedazos porque, ellos no vivían trabajando en otro lado, sino que vivían del maíz, yuca, frijoles y plátano, lo que –José Alfredo- cosechaba ahí, y creo que no han vuelto desde que fue asesinado –la familia- no han vuelto a la milpa, porque son tierras en posesión de Facussé, y hay temor de volver, declaró Torres.
El dirigente campesino se refiere a la finca Paso Aguán, la cual está en proceso de recuperación por la “Gregorio Chávez” y que el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), dijo que esas tierras no eran de Miguel Facussé (terrateniente fallecido en 2015), sino que fueron dadas para el proceso de Reforma Agraria, y transferidas a las cooperativas Panamá, Paso Aguán y El Plantel.
En el corazón de esa finca había un lote baldío y él había sembrado, y es que antes tenía cultivos en una borda donde hacía milpa, pero también fue amenazado varias veces por guardias de seguridad privada y militares de la fuerza de tarea conjunta Xatruch III, y le dijeron que hablara con Roger Pineda (administrador de DINANT), para que lo dejaran tranquilo. Pero él –José Alfredo- dijo que era una tierra del río y no tenía que hablar con nadie. Las amenazas continuaron en otras ocasiones, al extremo de decirle que lo “lo que se necesitaba era que lo mataran”, declaró Santos.
El hombre se pasó a esa otra área -agregó Torres- y ocho días antes que lo mataran había sido visitado por dos guardias y dos miliares, ahí en el terreno dónde estaba, el papá le dijo a un (su) niño de 14 años, que se fuera para una higuera, e inició un diálogo con uno de los uniformados.
Militar- sos vivo vos, ya sé porque mandaste al niño para allá.
José Alfredo- yo usé ese uniforme también y sé las tácticas militares.
Militar- pero nosotros no venimos a nada malo, nada más traemos un fresco para que lo compartamos.
José Alfredo- el doctor me lo ha prohibido, disculpame si no te agarro fresco, llevá elotes si querés, ahí hay, pero fresco no puedo tomar.
Cabe señalar, que lo del fresco fue una excusa por la desconfianza que hay hacia policías, militares y guardias de seguridad, explicó Torres, quien no supo si los hombres llevaron o no elotes. De lo que sí está seguro es que la muerte de su compañero es responsabilidad de los empresarios palmeros, de las autoridades que se prestan para esos actos delictivos, ¿Por qué andaban con esos guardias?
Sin diálogo no hay solución
La muerte de José Alfredo se dio en medio de un proceso de tomas, y a 150 metros de distancia de dónde apareció su cuerpo permanecían guardias y militares, detalló Torres, quien se preguntó ¿Qué estaban haciendo allí? Por qué cuándo miraron al grupo de jóvenes que iban a buscar a Alfredo, quienes entraron por tres lugares para llegar a donde les dijeron que estaba el cuerpo y dejaron a los militares en medio, lo que hicieron -los miliatares- fue agarrar a los guardias y meterlos dentro del carro. Eso indica que ellos son los responsables, apuntó Torres.
“¿van a seguir estos asesinatos? Le pregunto yo al gobierno, porque no es posible que en cinco años, todavía sigan protegiendo a corporación DINANT”, reiteró el presidente del grupo campesino “Gregorio Chávez”.
Aseguró que no se soluciona el conflicto llenando de militares, busquémosle una solución, y es mediante el diálogo. Queremos vivir en paz, queremos paz en la comunidad, como es el legado de lucha que nos dejó don Goyo (Gregorio Chávez asesinado en la finca Paso Aguán, en el año 2012).
Queremos ir tranquilos a trabajar, sin el miedo a que nos vayan asesinar, y mientras no se vaya la empresa palmera y los militares que disparan contra la gente, no podemos tener paz, dijo Torres.
Desde el pasado 27 de agosto, algunos grupos campesinos retomaron la lucha por la recuperación de las tierras que les pertenecen, pero que “han estado en poder de la corporación DINANT (familia Facussé), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), e Inversiones Ceibeña (familia Canales), pero actualmente están custodiadas por policías, militares y guardias de seguridad armadas”, denunciaron empresas campesinas integradas a la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, en una conferencia de prensa el viernes anterior.
El Movimiento Campesino del Bajo Aguán “Gregorio Chávez”, no está dispuesto a retirarse de la lucha pacífica, ni así se llegue a un desalojo, puede ser ejecutada por fuerzas represivas del Estado y guardias de seguridad privada; afirmamos que no vamos a retroceder, porque nuestra lucha justa es por reivindicar nuestros derechos y exigir justicia por la sangre derramada de nuestros compañeros asesinados desde el 2012: Gregorio Chávez, Ramón Lobo, Antonio López, Allan Martínez, Manuel Milla, “Toñito”, José Alfredo Rodríguez Gálvez y Francisco Pascual (desaparecido), agregó el comunicado.
En el caso de Francisco Pascual, la Unidad de Muertes Violentas en el Bajo Aguán del Ministerio Público (UMVIBA), dijo que ya sabía dónde estaba, y fuimos a ver, y después dijeron que iban a traer un aparato especial para buscarlo, pero no han dado respuesta, a menos que lo hayan sacado a escondidas de nosotros, afirmó Torres.
En el año 2015, en la Finca Paso Aguán, se encontró una calavera humana, la cual fue llevaba por elementos de investigación de la UMVIBA, y se desconocen los resultados de a quién podría pertenecer. Queremos que no guarde ni esconda la información y que dé con el paradero de nuestros compañeros desaparecidos y los responsables de estos crímenes, que el presidente JOH cumpla su palabra “caiga quien caiga”…
Mientras siguen cayendo campesinos, dejando viudas y muchos huérfanos, niños y niñas que están creciendo en medio de un conflicto agrario donde las armas se imponen a los derechos humanos como el acceso a la tierra, la alimentación, el agua, la salud, la educación, entre otros que vulneran su estabilidad emocional, económica y social.
En la comunidad Panamá, más de mil niños y niñas caminan junto a sus padres y madres que son parte de las 300 mil familias campesinas en Honduras sin acceso a tierra, viviendo el uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos.
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