Por Riccy Ponce/ Sandra Rodríguez
Con Medidas sustitutivas a la prisión están los defensores del ambiente de la Villa de San Francisco, por oponerse a un proyecto de desarrollo sin la consulta debida, y se les acusa delitos de Coacción y atentados contra la seguridad interna del Estado de Honduras.
Ellos son Julio Zúniga, Rodolfo Quezada, Cristian Hernández, Mario González, Juan Camilo Palma, Jorge Aguilar presidente del presidente del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO). También se detuvo al menor de edad Maicol Aguilar (14), quien fue liberado.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), de inmediato interpuso un recurso de Habeas Corpus en favor de los y la capturada, Cristian Hernández, a quien la tuvieron amarrada de un poste, según denunciaron defensores de derechos humanos que se movilizaron hasta Talanga, donde se les abrió el proceso.
El pasado 29 de agosto, un grupo de defensores del ambiente que se hacen llamar “vecinos del bulevar” en la Villa de San Francisco, al oriente del departamento de Francisco Morazán, fueron reprimidos por la Policía Nacional y miembros del comando COBRAS, al oponerse al proyecto de cableado, Ampliación de Generación de Energía Eléctrica, a base de biomasa para la red de conexión al sistema de distribución de energía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Este proyecto está a cargo de la empresa azucarera Tres Valles del grupo CADELGA, propiedad del empresario Mateo Yibrin. denunciaron los ambientalista, el proyecto atravesará el pueblo de la Villa de San Francisco.
El proyecto se le otorgó a la empresa Azucarera Tres Valles S.A de C.V. bajo la resolución no.0435-2015 de licencia ambiental.
Esta licencia según lo manifestado por los habitantes no cumple con los requisitos, porque en ningún momento se les realizó algún tipo de consulta a los pobladores de ese sector y tampoco a las autoridades municipales.
Los representantes de CAPIRHO y la comisión de Los Vecinos del Bulevar, piden a las autoridades la no criminalización y represión contra los habitantes que solo están defendiendo sus derechos.
Los pobladores no se oponen a dicho proyecto de desarrollo, sino que solicitan que se instale el cableado por una vía alterna, por el riesgo que produciría al a salud los cables de alta tensión, según conocimientos que tienen los pobladores las radiaciones de estos cables alcanzan hasta los 250 metros.
Según lo que manifiestan los habitantes, si se construye en dicho lugar les pasaran los cables a varias familias casi por las puertas de sus hogares porque en su momento las casas quedaron muy cerca de los postes y no se tomó la distancia para decir que no afectara en nada.
El alcalde Janio Borjas asegura que no haber extendido permiso para realizar el proyecto, pero pese a esto el mismo no se ha detenido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario