La defensora de derechos humanos Jessica Sánchez, denunció una serie de hechos que han puesto en peligro su integridad física, emocional y entorno familiar.
Jessica Sánchez, actualmente integra el Consejo Nacional de Protección, directora del Grupo Sociedad Civil, Integrante de la Coalición Feminista Todas, miembra de la Articulación 611, y de la Coalición contra la Impunidad, espacios donde trabaja por la implementación de políticas públicas de derechos humanos y denuncia la emisión de leyes que restringen el goce de los derechos humanos.
Entre ellos, Sánchez denunció que ha sido víctima de ataques ejecutados por personas desconocidas, después de participar en eventos referentes a la temática de derechos humanos. El 22 de agosto pasado, una llanta de su vehículo fue perforada con un objeto no determinado y al darse cuenta ingresó a una llantera en el barrio La Guadalupe de Tegucigalpa, posteriormente fue perseguida desde un vehículo turismo color gris, hasta cerca de su casa.
Meses atrás, saliendo de un evento donde participó como integrante del Consejo Nacional de Protección en la firma del Convenio, también su vehículo fue averiado, no dándose cuenta sino hasta que ya iba en marcha. En ambos casos estaba el automóvil en estacionamientos de hoteles y las fallas no tienen explicación de parte de los mecánicos.
Cabe mencionar que las violaciones a los derechos de los defensores no deben de ser motivos de discusión o dudas, son hechos comprobados.
Por lo que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), exige que el Estado de Honduras emita resoluciones que protejan la vida de la defensora, ya que es su obligación prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos y a garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus legítimas actividades sin temor o represalias y libres de cualquier restricción.
Honduras es catalogado por diferentes organizaciones internacionales como el país más peligroso de Latinoamérica para defender los derechos humanos. El año anterior, 17 defensores fueron asesinados. En 2017, los y las defensoras continúan siendo víctimas de asesinatos, atentados, persecución, amenazas a muerte, de campañas de difamación y actos de hostigamiento. Cabe señalar que es aquí donde hay mayor cantidad de defensores y defensoras beneficiarias de Medidas Cautelares que fueron asesinadas.
El COFADEH considera que la falta de Acción del Estado ha fortalecido a las estructuras clandestinas que impulsan actos de desestabilización que puede venir de grupos dentro del gobierno o fuera de él.
Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones buscan obtener información y se dan en un contexto de inseguridad que vulnera su trabajo, haciendo ver los hechos como violencia común, hechos que afectan gravemente las actividades y derechos de defensoras y defensores, particularmente cuando la defensa de derechos toca intereses de actores con poder político o económico.
Este Comité, registra cuatro asesinatos y modificaciones en el patrón de ataques, pues se están dando en sus residencias y lugares de trabajo, lo que contribuye a generar un ambiente negativo y de temor para la defensa de los mismos y provocan como consecuencia, la disminución de reclamos y denuncias.
En una reciente declaración, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señaló que “cualquier amenaza o violencia contra los defensores de derechos humanos constituye una violación de las obligaciones de los Estados hacia la realización de los derechos contenidos en el Pacto”.
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