Por Chaco de la Pitoreta
Cuántos profes van a salir al actívate, quiénes son, cuáles son sus rostros, realmente estarán ahí por que se sienten perseguidos o es, más bien, por que a pesar de tanta m… contra ellos y ellas no son capaces de renunciar a su lado partidista. Será este domingo una oportunidad para el magisterio progreseño y demostrar de una vez por siempre que somos descendientes de Cicumba o seremos, como me dijeran hace unos días por ahí, el pueblo latinoamericano más fácil de gobernar por su docilidad, sumisión y entreguismo a cambio de dádivas.
Estos días me ha tocado moverme por distintas partes de Honduras hablando de la educación en contextos de violencia. Y es interesante como la gente se apropia de estos temas, se asume en la tarea de construir diálogos que reduzcan la brecha agresiva que hay en la zona. Pero todavía – insisto yo entonces - pese a los bonitos diálogos es importante que nos asumamos realmente en una reflexión distinta de la violencia pues esta va mucho más allá de la violencia física y el discurso pacifista. Trasciende a una violencia emocional, la estructural y - por ende - la violencia de Estado. Esta última la que nos atañe en este artículo.
Sin embargo este artículo surge a partir de un acto de violencia poco discutido pero muy repetido en el contexto. La violencia político/partidista sobre el proceso educativo nacional. Este acto se ve reflejado recientemente en el memorándum (oficio No.093 D.D.E.Y-2017) girado (según fotografías subidas por algunos docentes a las redes) por la directora departamental de educación – la abogada Irma Lazo - en torno al bochornoso y ridículo acto denominado Actívate, que es parte de la campaña política del actual presidente y candidato del partido nacional Juan Orlando Hernández.
El comunicado es la expresión de violencia impositiva más descarado que se puede vivir, es tan vergonzoso que demanda participación directa de los educadores, educadoras y estudiantes con mayor fuerza y rigor – incluso – que la que se permitió para el congreso pedagógico organizado por el COLPEDAGOGOSH en El Progreso. Y, agrega, hay que dejar evidencia para que conste en el informe. Ser parte – manda - a pesar de ser domingo, de estar fuera del horario escolar y de no tener ninguna significancia pedagógica en la experiencia directa de enseñanza aprendizaje.
Qué van a decir los y las profesoras ante esto. Y cuando digo decir no es en las redes, a tono silencioso o en cuchicheos. Hablo de cuantos comunicados denunciando esta irregularidad, cuestionando la politización de la educación, cuántos colegios magisteriales - organizados o no - tomarán la palabra y defenderán el derecho a una educación sin injerencia política, o a sus agremiados en caso de que se asuman gallardamente en contra de este atropello.
Me pregunto si los asesores legales de Juan Orlando Hernández y de la Abogada Irma Lazo les hicieron saber que esta actividad, por un lado, contradice el mandato de no más participación en actos públicos, especialmente de aquellos que van al ruedo electoral (aunque sea por la vía ilegal como es el caso de JOH). Por otro lado que no se puede otorgar puntos por participar en actos políticos que nada tienen que ver con el proceso educativo nacional y la experiencia de enseñanza aprendizaje que asumen los alumnos y los profes en el aula. Y eso esta literalmente plasmado en el numeral cuatro del comunicado emitido.
Qué significa para la abogada Lazo hacer una valoración objetiva y profesional sobre la participación del total del cuerpo docente, directiva, administración, padres y madres de familia… (Y todo lo que dice el numeral cinco de ese comunicado) para efectos de estímulo. Para un ciudadano común y corriente eso podría significar claramente compra venta de favores. Acaso no se presta para interpretarlo como un chantaje, como una compra de conciencia y peor aún como una amenaza ante la posible resistencia de algunos docentes. Acaso no es una tendenciosa forma de decir que en el futuro se va a favorecer aquellos centros, educadores o personas que participen en este ridículo en detrimento de los que dignamente se subleven.
Me quedo con algunas preguntas – que ofrezco como beneficio de la duda a las autoridades educativas acá nombradas - sobre los argumentos (todavía no visibles) en los cuales se amparan para emitir - con tanta ligereza - un comunicado que, claramente, es un atentado al derecho a la educacion libre de injerencias político/partidistas que nos garantiza la Constitución de la República. Espero un día tener alguna respuesta al respecto.
Por consiguiente los y las invito a reflexionar, a pensar más allá de mezquinos intereses cual es nuestro papel en esta realidad tan descabellada que vivimos. Cuánto tiempo más se seguirá repitiendo este tipo de comunicados y la comunidad educativa los va a tolerar y, – más aún –, cuánto tiempo falta para que de oficio el poder judicial investigue, persiga y condene - penal y administrativamente - estos actos que atentan contra el Estado de derecho en Honduras.
Y a ustedes profes y profas invitarles a que piensen su decisión de cara a esa actividad. No pierdan de vista que la historia no olvida cobardías y siempre hay un celular con cámara para evidenciar rostros, incluso cuando los cubramos con falsas honestidades.
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