Según Sebastián*, un profesor del Instituto Carlos Alberto Rivera Ramos, este colegio antes tenía más de 1,000 alumnos. Pero en el 2014, la matrícula de este instituto grande de San Pedro Sula experimentó un abrupto descenso, cayendo a apenas a 500 alumnos. La causa: la inseguridad. (*Por su seguridad hemos cambiado el nombre del profesor y de varias otras personas entrevistadas en este reportaje.)
La escuela está ubicada en la Rivera Hernández, un sector marginal y conflictivo en la zona sureste de San Pedro Sula. Según Emiliano (nombre cambiado), un investigador privado que trabaja con el apoyo de un conjunto de iglesias y organismos cristianos, la Rivera Hernández es una zona completamente sectorizada y controlada por cinco pandillas: la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18, los Olanchanos, los Vatos Locos y los Tercereños; estos últimos ahora están aliados con los Vatos Locos.
El Instituto Carlos Alberto Rivera Ramos tiene el infortunio de estar ubicado en la frontera entre zonas controladas por tres de estas pandillas. El hecho significa que el centro educativo enfrenta dos problemas graves a la vez: estar en un territorio bajo del control de una pandilla y estar en medio de una guerra territorial.
“La zona está sectorizada”
Hay un parque nuevo y bonito en la Rivera Hernández. Tiene una cancha de futbol y basquetbol, un parque infantil y muchos bancos con tableros de ajedrez donde la gente puede sentarse y relajarse. El parque hasta tiene su propia pulpería con refrescos y merienda que los niños pueden disfrutar entre el calor y humedad de San Pedro Sula.
Sin embargo, el parque está ubicado en territorio de los Tercereños. Para un niño residente de otra parte de la Rivera Hernández, controlada por otra pandilla, ir a jugar futbol en este parque significaría arriesgar hasta la vida.
Las fronteras invisibles pero estrictas que entrecruzan la Rivera Hernández, dividiéndola en feudos, limitan severamente la movilidad de sus habitantes.
Según Emiliano, el investigador, las pandillas prohiben que los pobladores de sus zonas de influencia crucen las fronteras a otras zonas por miedo que podrían compartir información con una pandilla rival.
Las pandillas pagan a “banderas” o “porteros”, típicamente niños de 9 a 12 años, para estar en las entradas de las zonas y avisar a los pandilleros sobre quién entra y sale de la zona. Solo permiten que la gente salga de la Rivera Hernández si les avisan por donde van.
Emiliano explica que los pandilleros viven en una guerra perpetua en que cada pandilla intenta fagocitar territorios para la venta de drogas. Los territorios más atractivos son los más concurridos, que tienen espacios públicos como parques o supermercados.
Esto significa que a veces, la gente no tiene acceso a servicios privados y gubernamentales porque el servicio está ubicado en territorio controlado por otra pandilla.
Martina (nombre cambiado), una madre de tres alumnos del Instituto Carlos Alberto Rivera Ramos, dice que los padres de familia de su territorio se vieron obligados a pedirle al Estado que estableciera un colegio en su colonia, porque los otros colegios en la Rivera Hernández estaban ubicados en territorios de pandillas rivales.
Emiliano, el investigador, también dice que la sectorización de pandillas puede cortar acceso a servicios privados. Algunos de las pandillas cobran “impuestos de guerra” (pagos de extorsión) y si una empresa de agua, por ejemplo, quiere proveer su producto a toda la colonia, debe pagar un impuesto diferente en cada territorio. Según Emiliano, hay algunos servicios que dejaron de trabajar en ciertos territorios de la Rivera Hernández para evitar pagar el impuesto. Además, si una empresa está pagando impuestos a dos pandillas rivales, corre el riesgo de ofenderlos a ambos.
Cuando Brenda Lagos de Del-Arca, la Subdirectora General de Educación para la Prevención y Rehabilitación Social, fue a San Pedro Sula para reunirse con centros escolares en el distrito, descubrió que hasta el Estado tiene que seguir las reglas de los territorios pandilleros.
No pudimos llevar a los maestros de un centro a otro porque un centro le pertenece a la MS-13 y otro pertenece a Barrio 18” dice la subdirectora.
Al fin, tuvo que realizar las reuniones en el centro de San Pedro Sula para evitar problemas.
Según Sebastián, el maestro y los alumnos del Instituto Carlos Alberto Rivera Ramos reflejan la partición que ven en la calle. En el recreo, por ejemplo, los alumnos mayores sectorizan la cancha entre ellos. Dejan a los niños menores sin espacio en la cancha para jugar.
El territorio del instituto actualmente está gobernado por la MS-13. Supuestamente, según los maestros, no hay más alumnos en la escuela que tienen que cruzar fronteras para llegar. La profesora Mariana (nombre cambiado) dice que en los 13 años que ha trabajado en la escuela, la sectorización alrededor de la escuela ha cambiado, igual que las reglas de cómo deben navegar las fronteras frágiles.
Antes realizábamos visitas a las casas de alumnos. Ahora no,” dice Mariana.
La zona está sectorizada. No se puede ir más allá de dos cuadras.”
A diferencia del Instituto Carlos Alberto Rivera Ramos, otras escuelas de la Rivera Hernández ubicadas en territorios divididos tienen alumnos que vienen de diversos territorios. Un maestro dice que los alumnos no enfrenten ningún peligro dentro del muro de la escuela, pero reciben amenazas en las calles si se acercan a las fronteras.
Los alumnos no pueden cruzar las fronteras,” dice Anabel (nombre cambiado), una docente en la Rivera Hernández. “Conocen sus límites.”
En su escuela hay una regla que los alumnos no pueden hablar nada sobre el tema de las pandillas. Esto ayuda a que los alumnos no sean identificados con una banda u otra, y de esta manera ayuda a evitar peleas entre estudiantes y tratos diferenciados por parte de los maestros. No obstante, el peligro que impera fuera de los muros del centro les afecta a todos. Anabel dice que en el último año, tres familias de la escuela pidieron traslado por inseguridad. Una familia llegó de repente una mañana y dijo, “Tenemos que irnos.” Se fueron de la zona este mismo día.
Martina, la madre que tiene tres hijos en el Instituto Carlos Alberto Rivera Ramos, vivió el terror de las amenazas en carne propia. Su casa queda en la frontera entre el territorio del Barrio 18 y el territorio de MS-13. Cuando su hijo tenía 17 años, unos muchachos del Barrio 18 intentaron reclutarlo. Él se negó.
Una noche, los muchachos irrumpieron en la casa. Le pegaron a Martina y agarraron a su hijo. Después, lo mataron.
Martina huyó con su familia y se quedó fuera de la Rivera Hernández por un año, pero no tenía dinero para quedarse más tiempo. Cuando regresó a su casa, sus tres hijos sobrevivientes siguieron estudiando en una escuela en el territorio del Barrio 18.
Un tiempo después de haber regresado a la Rivera Hernández, los muchachos del Barrio 18 se acercaron a Martina de nuevo y le dijeron que no querían ver a sus hijos más en su territorio. Ella pidió traslado para sus hijos inmediatamente. Ni siquiera podía volver a la otra escuela para recoger las calificaciones de los niños. Por eso, sus hijos perdieron otro año de estudios.
Ahora, Martina no puede visitar a sus padres ancianos que todavía viven en el territorio del Barrio 18. Solo los puede ver cuándo se encuentran en el Centro de San Pedro Sula. A veces ella toma el riesgo y se escabulle para visitar a su mamá, pero al hacerlo está arriesgando su vida.
Por crecer en una zona limítrofe entre territorios pandilleros, Martina dice que sus hijos entienden bien donde no deben ir. Aun así, ella solo permite que sus tres niños vayan a la escuela, la iglesia y la casa, y no permite que vayan a ninguna parte solos.
“No son amigos de nadie”
Al fin del reino de Los Ponce, la pandilla solo tenía control de la colonia Sinaí. Esta colonia cambió de amo cuando la pandilla Los Ponce se cayó, dejando un vacío de poder que la MS-13 muy pronto llenó. No obstante, la profesora Mariana dice que las cosas no han cambiado mucho.
Cada día es un reto”. “Hay niños involucrados en la mara. Uno tiene que ser cauteloso con ellos y no llamarles la atención.” dice Mariana
Una vez, ella le sacó a un niño de la clase porque estaba bromeando. Él se puso furioso y dijo, “voy a mandarle matar”.
Ella respondió sarcásticamente, “Ay, qué miedo tengo”. Pero dice que el hecho de la amenaza fue fuerte.
Mariana dice que ahora no está preocupada cuando entra al territorio porque los maestros son conocidos. Según ella, los jefes de la MS-13 no permiten que los pandilleros se metan con los docentes.
“Si los subalternos molestan al centro o a los maestros, los jefes les castigan.Dicen, ‘los de la escuela cuidan a nuestros niños,’ explica Mariana.
El profesor Sebastián recuerda un tiempo cuando la dinámica del territorio fue diferente. Una vez, él tuvo que esconder a una maestra en el piso de su carro para salir del centro. Ella había disciplinado a un alumno que resultó ser hijo de un pandillero. El padre mandó una nota de amenaza a la escuela y quedó afuera del portón esperando que ella saliera. Sebastián escondió a la maestra y ella se quedó oculta hasta que salieron completamente de la colonia. Pidió traslado del centro educativo inmediatamente.
Sebastián recuerda que otra maestra pidió traslado porque fue extorsionada por pandilleros. Ella les había dado dinero a unos alumnos para ayudarles a pagar la matricula en una escuela privada. Unos pandilleros se enteraron del dinero (Sebastián no menciona de cual pandilla eran, tal vez por temor) y asumieron que la maestra era adinerada. Un día después, un hombre llegó al portón con un celular en su mano preguntando por ella. El hombre entró en la escuela y pasó el teléfono a la profesora. La voz que salió del auricular amenazó a la profesora y trató de extorsionarle. Tal como la otra compañera, al nomás irse el muchacho que le había amenazado, esta profesora pidió traslado de inmediato.
Según Sebastián, sus alumnos todavía se quejan de que hombres con teléfonos celulares los pasen mirando cuando caminan por las calles del barrio. Él dice que los pandilleros los vigilan a todos los que entran y salen del barrio.
Mariana se siente incómoda porque los mareros de rutina patrullan la calle frente a la escuela con sus pistolas en mano. Ella dice que tiene miedo de que un día vayan a disparar hacia la escuela por accidente.
Su miedo no es exagerado. Hace dos años, una patrulla de la policía pasó enfrente de la escuela haciendo sus rondas e inició un enfrentamiento con unos mareros. Los otros maestros cerraron el portón de la escuela mientras varios transeúntes lo empujaban desde afuera con el afán de entrar y escapar de los disparos.
“Eso fue el momento más difícil”, dice la profesora. “Los niños se pusieron locos con miedo.”
El profesor Sebastián corrió a las aulas para decirles a los niños que cerraron la puerta. (Si los maleantes hubieran querido entrar en el centro educativo, cerrar la puerta no les hubiera ayudado mucho a los alumnos y los maestros: en la escuela de Sebastián las puertas no tienen cerraduras ni candados).
Tan pronto que los disparos cesaron, los maestros llamaron a los padres para que recogieran a sus hijos.
Niños en peligro, adultos con las manos atadas
Por la precariedad de las zonas calientes, maestros como Mariana y Sebastián tienen que ser cuidadosos, pero a veces su cautela significa que no pueden cuidar a los niños como quisieran.
Mariana actualmente tiene una alumna de sexto grado que salió embarazada. La docente está en una posición difícil porque ella sabe del embarazo, pero el padre de la niña no. Tiene miedo de la reacción del padre, quien es alcohólico, y también tiene miedo del novio quien puede ser marero. Se queda sin opción para apoyar a la muchacha y su bebé.
“Hace cuatro o cinco años, mataron a una maestra por involucrarse en ayudar a una muchacha con novio marero,”explica Mariana. “Estamos así”, dice, cerrando su boca y cruzando sus manos enfrente de su cuerpo como si estuvieran atadas.
Mediante una situación similar a la de la estudiante de Mariana, Martina, la madre que tuvo que huir de la Rivera Hernández luego que su hijo fuera asesinado por el Barrio 18, también perdió a una hija. Su hija de 15 años de repente le dijo a Martina que tenía novio y se fue a vivir con él. Él es mayor de edad, ella menor. Según el Artículo 142 del Código Penal, esta relación se considera constituye el delito de estupro, por lo cual Martina podría denunciarle al novio, pero el riesgo es demasiado.
“Él tiene un hermano que es marero. Por eso no puse una denuncia,” dice ella. “Pueden hacer daño a mi hija o a mis otros hijos.”
Martina no sabía nada del noviazgo cuando la hija le dijo que estaba enamorada. Ahora Martina se asegura que mantiene a su otra hija siempre a su lado cuando no esté en la escuela.
Violan a las niñas y reclutan a los niños,” afirma Martina en un tono sobrio.
Martina no permite que sus hijos tengan amigos y les advierte que no tengan enemigos tampoco. Enseña a sus hijos que nunca deben cruzar palabras con los otros alumnos en la escuela. Revisa sus teléfonos para ver con quién habla y no permite que salgan de la casa una vez que regresan de la escuela.
Andrea (nombre cambiado) es una mujer fuerte y respetada en el territorio de la MS-13. Ella tiene una nieta que también asiste al Instituto Carlos Alberto Rivera Ramos.
La niña solo tiene 13 años, pero es alta y se ve mayor. Por eso, los mareros están empezando a prestarle atención. Sin miedo, Andrea se enoja con los pandilleros cuando comentan en la belleza de su nieta.
Ella les dice, “puede meterse conmigo pero no se mete con mi niña.” El riesgo vale la pena si los mareros dejan en paz a la niña.
A veces, un marero con autoridad le ayuda en regañar a los tipos. Les dice, “no se meta con la madre ni sus hijos.” No obstante, Andrea dice que el apoyo de los mareros no es algo confiable.
“No son amigos de nadie”, dice Andrea. “Son amigos cuando te necesitan a vos. Yo no tengo compromisos con ellos y ellos no tienen compromisos conmigo.”
La nieta de Andrea nunca sale del lado o de su abuela o de su madre. Andrea no le permite caminar ni un cuadro a la iglesia sin acompañamiento de su familia.
Al igual que Martina, la prudencia de Andrea está arraigada en la pérdida de seres queridos. Hace un año, unos pandilleros de los Vatos Locos estaban pasando por el territorio de la MS-13. Vieron al esposo de Andrea en la calle afuera de su casa y sin mediar palabras lo mataron a balazos. Según Emiliano Soto, el investigador, lo asesinaron por pura diversión, nada más.
Otra pandilla mató al nieto de Andrea porque él no quería involucrarse con ellos. Encontraron su cadáver perforado con cinco disparos en la forma de una cruz.
Según Andrea, las pandillas reclutan a niños de apenas cinco años para ser banderas. Un compañero de su nieta fue reclutado por los pandilleros a los 11 años.
“Anduvo con una pistola más grande que él”, dice Andrea.
Ella le preguntó al niño por qué se metió con los mareros. Él contestó: “Me dan de comer”.
Sebastián y Mariana tienen varios alumnos que no viven con sus padres o no tienen apoyo de sus padres. Ellos consideran que estos alumnos son los más vulnerables a caer en malos pasos.
Tienen un alumno cuya madre se fue para los Estados Unidos y dejó a él con su hermano mayor. Según Mariana, los hermanos no le crían a su hermano menor y él no quiere ayuda de nadie más.
“Niño cuidando a otro niño,” dice Sebastián.
Sebastián ha intentado intervenir en este caso. Cuando el niño empezó a ponerse rebelde y fumar, Sebastián le ofreció ingresarle en un programa que ayuda a niños, pero él no quiso.
Los docentes de la escuela quieren ayudar, pero Sebastián dice que la escuela no tiene suficientes recursos para ofrecer alternativas a sus alumnos.
No recibimos mucha ayuda de la Secretaria de Educación. No hay proyectos alternativos para evitar que los alumnos estén absorbidos en la mara,” afirma Sebastián.
Explica que la SEDUC ya cerró la biblioteca de su escuela. También cerró su aula de computación porque ocuparon las computadoras en otro centro educativo.
Revistazo habló con representantes de cuatro centros educativos diferentes en la Rivera Hernández y ninguno tenía un guardia de seguridad pagado por el Estado. En todos, los padres son los que tienen que pagar el salario de los guardias de seguridad en la escuela. Esto pasa en una comunidad donde la mayoría de los residentes viven con un bajo nivel socioeconómico.
En una de las escuelas, el maestro admitió que la escuela no cumple con el Código Laboral. Tienen solo un guardia que trabaja tres turnos cada día. Ella dice que la escuela y los padres no quieren aprovecharse de este hombre, pero no tienen dinero suficiente para emplear más guardias, y tampoco pueden quedar sin guardia porque la zona es insegura.
También hay policías que patrullan las zonas. Pero según Martina, el número de policías en la Posta de la Rivera Hernández varía y a veces hay muchos policías desconocidos. Ella dice que hay que tener cuidado con la policía porque solo pocos son confiables.
El 18 todavía me molesta. Llamo a la policía y a veces vienen y a veces no”. “Pero uno tiene que saber quién de la policía es corrupta y quién no. Hay policías que andan con las pandillas”, explica Martina.
Según Martina, si alguien llama a la policía para informarles del Barrio 18, la pandilla mata al informador sin advertencia. La MS-13, según ella, les da una advertencia a los “soplones”, y no solo los mata si reinciden.
La profesora Mariana refleja: “Estamos solos. Llamar a la policía, por ejemplo, ¿para qué? Somos muy cuidadosos”.
Podría estar hablando por todos los niños en el sector de la Rivera Hernández. Son atrapados por las fronteras invisibles pero letales trazadas por pandillas que están en guerra. Crecen navegando estos límites como si vivieran en un campo minado.
Los niños de la Rivera Hernández también están atrapados entre las dinámicas complejas de las autoridades que los rodean: las pandillas violentas y seductivas, el Estado negligente, y los padres y maestros atados por el peligro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario