Por Sandra Rodríguez
Un grupo de 30 personas se prepararán por espacio de un año en temas de defensa de derechos humanos, específicamente para apoyar a sus compañeros y compañeras indígenas lencas del departamento de La Paz, al centro occidente de Honduras.
Los y las beneficiarias provienen de diez municipios de este departamento y son: Cane, Tutule, Chinacla, San José, Santa María, Marcala, Cabañas, Santiago de Puringla, Yarula y Santa Elena, región en la que el 90 por ciento de su población es de origen indígena Lenca.
Según datos de defensores indígenas pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), en La Paz hay un promedio de 700 compañeros criminalizados, aunque la cifra real puede ser mayor, ya que este año ha aumentado los procesos judiciales donde a los campesinos se les acusa de usurpación, incluso hay compañeros encarcelados.
Por ese motivo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) inició hoy con la inducción para la formación de la Red de defensores y defensoras Indígenas Lencas para accesar a la justicia en el departamento de La Paz, este día en Marcala.
Claudia Amaya y Tomás Nativí, del área de proyectos del COFADEH, compartieron con los y las asistentes sobre el objetivo de la red, así como los lugares donde estarían presentes, sin cerrar la oportunidad que se agreguen personas de otros municipios, entre ellos Nahuaterique, una ex bolsón salvadoreño recuperado por Honduras en 1992, pero que no se le ha dado la atención debida pese a que es peleado por cuatro municipios, sin embargo hace tres semanas en una Consulta Previa, la población decidió que sea municipio.
La red será impulsada con el apoyo de este Comité, que ya ha formado redes de defensores/as a nivel nacional, instalando capacidades de procuraduría, veeduría, acompañamiento, documentación, denuncias, comunicación popular, entre otras.
En esta ocasión hay representantes indígenas de organizaciones como el Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), La Plataforma 25 de noviembre contra la Violencia hacia Las Mujeres, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), COMILPAZ, Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH), y la Pastoral Indígena.
Estos espacios son importantes
El inicio de esta Red es de mucha importancia para las organizaciones participantes, sobre todo porque será un espacio necesario en el que se compartirá experiencia y se tendrá la oportunidad de ayuda mutua en la defensa de sus derechos del pueblo indígena.
Hilario Hernández Carrillo, es el presidente del consejo indígena de Río Negro, en el municipio de Santa María, y expresó que el iniciar un proceso de formación en derechos humanos conlleva un compromiso colectivo, ya que sufren discriminación de parte de personas que se quieren apoderar del territorio donde han vivido desde siempre pues “tenemos que unirnos para defender los derechos de lo que nos dejaron nuestros ancestros”.
Por su parte, Donatila Girón, del municipio de Yarula, aseveró que esta formación es un reto importante “porque estamos en una lucha constante de los derechos humanos, indígenas y territoriales, ya que somos discriminados por el gobierno y operadores de justicia, tenemos una lucha permanente en el momento más peligroso para los y las defensoras de derechos humanos, la presión política nos quiere meter miedo”.
Mientras que Margarita Pineda, del municipio de San José, considera que la formación será importante y llega en un momento de tensión político partidario “por lo que nos vemos obligadas a mostrarle a la gente la realidad que vivimos”.
Los y las defensoras indígenas luchan históricamente por mantener su legado ancestral, en un país visto por organizaciones internacionales como Global Witness entre los más peligrosos del planeta para defender el ambiente.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó la atención el pasado 03 de mayo sobre el riesgo que corren los defensores de esas garantías en muchos lugares del mundo, mencionó la violencia contra estos activistas en Honduras, sobre todo en las áreas rurales.
Los y las defensoras indígenas exigen que se respete el derecho que ya se establece en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los pueblos indígenas y tribales.
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