Condenando las agresiones y el encarcelamiento, producto del desalojo -08 septiembre- en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), directores y directoras de organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la “inmediata destitución” del Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, y la rectora universitaria, Julieta Castellanos.
Durante el desalojo en Ciudad Universitaria, la Policía Nacional capturó a 22 estudiantes, que mantenían tomados varios edificios como medida de presión para el cumplimiento del proyecto de ley aprobado en el Congreso Nacional ante la crisis en la UNAH, y agredió con golpes y gas pimienta a defensoras y defensoras que exigían el respeto a la vida y derechos humanos.
Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), resaltando la crisis de derechos humanos que vive Honduras, señala que la de manda de destitución de las autoridades policiales y universitarias se da frente “al proceso brutal contra defensores y defensoras”.
“Hemos dicho que las organizaciones quedamos integradas en una mesa permanente para hacer las demandas a nivel nacional e internacional que corresponda al hecho de poder deducir las responsabilidades frente a un Estado opresor y violador de derechos humanos”, explica Méndez.
En ese sentido, las organizaciones requieren a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional la suspensión inmediata de Leonel Sauceda, director de Viabilidad y Transporte, y los oficiales Aguilar y Colindres “quienes son culpables de las violaciones de derechos humanos ocurridos”.
De acuerdo al análisis de las organizaciones, durante el desalojo de estudiantes y agresiones contra defensores y defensoras quedó demostrado que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la Sub Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección General del Mecanismo de Protección “no cumplen con su rol de garante de derechos humanos”.
La coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Merly Eguigure, hace un llamado a las autoridades del Estado a revisar si los funcionarios dignifican o entorpecen la labor que la ley les manda: “no es posible que defensoras y estudiantes estén siendo atacadas de esta manera. El secretario de Estado en el Despacho de Seguridad es incapaz de resolver problemas con una forma que no sea violenta, si tienen dignidad deberían de renunciar”.
“No nos van a detener”
Carlos Del Cid, coordinador del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, fue una de las personas defensoras agredidas y encarceladas el 8 de septiembre en Ciudad Universitaria. El gas pimienta que los policías rociaron directamente a la cara provocó quemaduras de primer y segundo grado en los ojos de Carlos.
“Ese dictamen es con el que yo estuve sufriendo desde las tres de la tarde que fui capturado el día viernes hasta que me soltaron a las cuatro de la mañana del domingo. Todo ese tiempo yo no recibí atención médica porque el Estado estaba más preocupado por torturarme”, relata Del Cid.
Pese al daño físico y la intimidación de las cúpulas del Estado y militares, Del Cid manifiesta que “eso no nos va a amedrentar, no nos va a detener, ya muchos han dado su vida; lo que me ha pasado no es nada en comparación con el sacrifico que hombres y mujeres en este país han hecho por defender los derechos humanos”.
Los defensores Ariel Díaz, Carlos Del Cid y Tommy Morales fueron procesados por el delito de encubrimiento y usurpación; a la defensora Morales además se le acusa de atentado contra la seguridad del Estado.
La abogada defensora, Kenia Oliva, expresa que es “lamentable que los operadores de justicia representen al autoritarismo de la Universidad, puesto que la acción de los defensores ha sido diferenciada.
“No les ha importado que son defensores de derechos humanos. Además de eso no los han presentado al juez después de las 24 horas, aún presentados el Ministerio Público no les querían hacer la audiencia y llegó hasta a las nueve de la noche –sábado 9 septiembre- a presentar cargos en contra ellos sin tener la autorización de la Universidad, es decir que el Ministerio Público está procediendo por delito de orden privado y esto lo que demuestra es que hay una total violación a los derechos”, dijo Oliva a Radio Progreso.
Llaman al pueblo a manifestar su indignación
Por su parte, la Convergencia Contra el Continuismo, instancia que articula a diversas organizaciones sociales, populares y feministas, reconocieron “la valentía y madurez” del Movimiento Estudiantil Universitario “a pesar de la avalancha represiva, estigmatizadora y criminalizadora que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha impulsado utilizando como títeres a las autoridades universitarias con Julieta Castellanos a la cabeza”.
“La brutal represión a estudiantes y defensoras y defensores de los Derechos Humanos ha pasado por encima de la institucionalidad de los Derechos Humanos. Por ello, reclamamos del CONADEH una firme denuncia y una demanda judicial a los órganos del Estado responsables de este desproporcionado uso de la fuerza”, señalaron en un comunicado.
Berta Oliva, integrante de la Convergencia Contra el Continuismo, indica que las agresiones contra defensores y defensoras en un ambiente electoral encienden las alarmas ante los posibles ataques a la ciudadanía que hace oposición al actual régimen.
“Por eso es que para nosotros es elemental condenar el continuismo de todo este sistema que oprime, desgarra y desangra a la población hondureña. Con lo que sucedió el viernes me queda claro como los operadores de justicia actúan a su gusto”, declara Oliva.
La Convergencia hizo un llamado al pueblo hondureño a manifestar su indignación “ante esta brutal acción represiva y a exigir un proceso judicial contra los responsables directos e intelectuales de la misma”.
A criterio del doctor Juan Almendares Bonilla, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el camino que debe seguir el Movimiento Estudiantil y las organizaciones de derechos humanos para sacar de la crisis a la máxima casa de estudios es la unidad: “no debemos permitir lo que está ocurriendo en la Universidad, eso es un mensaje de los cuerpos represivos del Estado y política policial-punitiva para decirnos aquí no valen los derechos, eso se llama la cosificación de las relaciones”.
Las organizaciones convocan a toda la sociedad “a sumarse a las acciones movilizadoras indignadas contra la dictadura” que en las próximas semanas se desarrollarán a nivel nacional.
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