La problemática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa tan aguda como a su inicio, en el futuro inmediato no se ve una salida a través de la que autoridades y estudiantes logren un acuerdo que permita el reinicio de clases a nivel nacional.
A inicios de semana, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) presentó una propuesta-borrador, la que planteaba una iniciativa de reprogramación de clases, el documento fue elaborado luego de una reunión entre parte del Claustro de Profesores y estudiantes el pasado viernes 1 de septiembre. Ellos solicitaban a las autoridades que las clases inicien desde cero a finales de septiembre, fecha en que la rectora Julieta Castellanos dejaría su cargo, asimismo estructuraba un plan de nombramientos de rectores de los centros regionales.
Un día después de ser presentada la propuesta, la rectora Julieta Castellanos convocó a una conferencia de prensa. “En primer lugar ni los estudiantes ni los Claustros están autorizados a elaborar reprogramaciones académicas, además hablan de reunión de Claustro y apenas eran 15 maestros los que se reunieron”, dijo Castellanos en reacción a la iniciativa.
Castellanos fue fuerte en sus declaraciones, asegurando que los estudiantes no están interesados en buscar una salida a la crisis, además afirmó que la propuesta planteada no tiene fundamento legal, en ese sentido hizo un llamado al MEU para que entreguen las instalaciones de la universidad esta semana y así poder reiniciar las clases el próximo lunes 11 de septiembre.
Héctor Ulloa, vocero del MEU cree que las declaraciones de Castellanos responden a la actitud de intransigencia y radicalismo que ella ha mantenido durante todo el conflicto. Ulloa dijo que su propuesta está fundamentada en los reglamentos de la universidad, además es parte del mandato que dio el Congreso Nacional en lo que responde al nombramiento de autoridades interinas y elecciones estudiantiles.
“También pedimos un alto a los procesos criminales tanto administrativos como judiciales, queremos el compromiso y voluntad de las autoridades para buscar un acuerdo con respecto a eso”, siguió relatando Ulloa.
Actualmente hay más de 25 procesos criminales contra estudiantes, de los que tres ya fueron sentenciados por los juzgados de Tegucigalpa, mientras que 21 están en proceso en la capital y uno en San Pedro Sula.
“La universidad no puede detener los procesos judiciales, ellos deben esperar a que la justicia dé su veredicto al respecto, pero en lo que corresponde a los procesos administrativos no vamos a retroceder en las sanciones, pues en el 2016 lo hicimos y eso es interpretado por ellos como una muestra de debilidad. Muchos de los estudiantes que estuvieron en las tomas de ese año, ahora mismo están acusados”, dijo sobre la criminalización estudiantil la rectora Castellanos.
En las últimas horas el Congreso Nacional dio a conocer de forma oficial el documento de decreto para solventar la crisis universitaria, el documento se centra en tres aspectos: nombramiento de autoridades, elecciones estudiantiles y conformación de una comisión de vigilancia integrada por diputados y diputadas.
El MEU no acuerpa del todo la posición legislativa y dice que es difícil confiar en la Junta de Dirección Universitaria, ente que en el marco de la Ley Orgánica debió de ser reestructurada en abril pasado.
“Nosotros queremos solucionar esta situación, vamos a preguntarle a la base estudiantil a través de asambleas, para que den su opinión sobre cuál puede ser la salida al conflicto, mientras tanto seguiremos con las acciones que hemos sostenido durante los últimos días”, manifestó Ulloa.
Por el momento la situación en la universidad sigue estancada, ambos sectores no están dispuestos a ceder en sus demandas y por ahora el desenlace de esta crisis que ya lleva más de dos meses es incierto.
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