La persecución y criminalización contra las defensoras y defensores en el país va en aumento. El 05 de septiembre, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), llegaron hasta las oficinas de Organización Fraternal Negra De Honduras (OFRANEH), ubicadas en la comunidad de Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida, llevando una citatoria judicial en contra de Miriam Miranda coordinadora de la organización.
Miranda denuncia que en el último mes el hostigamiento de las autoridades ha incrementado. Además, señaló que la noche del martes 05 de septiembre, llegó otro vehículo del Ministerio Público portando una supuesta orden de captura contra Nahúm Lalin, miembro de OFRANEH. “Hay un centenar de garífunas criminalizados por defender los territorios que ancestralmente nos pertenecen”, expresó la lideresa.
También las radios comunitarias de la OFRANEH están bajo amenaza. La radio Waruguma (Estrella), en Trujillo, Colón, tiene amenaza de cierre por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). En Colón, la radio garífuna Lumalali Giriga (La voz de Santa Fe), dejó de transmitir por amenazas a su personal.
Siempre en Colón, el miércoles 06 de septiembre apresaron a 12 campesinos y campesinas de la comunidad Guadalupe Carney, acusándolas del delito de hurto de semilla de palma africana. “En el Aguán hay más de cien campesinos que enfrentan procesos de criminalización”, afirma el abogado Allan Alvarenga de la Fundación San Alonso Rodríguez. El abogado agrega que los campesinos apresados se encuentran en un proceso de recuperación de tierras y que las acusaciones vienen de los grandes terratenientes que en complicidad con las autoridades hondureñas mantienen acaparadas las mejores tierras de la zona.
Estos datos son una pequeña radiografía de lo que ha pasado con algunos defensores y defensoras en esta primera semana del mes de la “Independencia Soberana”. Además, que esta realidad contada en tres párrafos solo muestra lo que está pasando en uno de los 18 departamentos de Honduras.
Durante la primera semana de septiembre los habitantes de la Azacualpa, La Unión, Copán, al occidente de Honduras, han sido criminalizados por oponerse a la explotación del cerro del cementerio, comenzaron a vivir la peor pesadilla de sus vidas. La población ha tenido que observar como la empresa minera Minerales de Occidente, saca a sus seres queridos del cementerio para extraer oro.
A pesar de las denuncias interpuestas por la población y del valor sentimental que le dan al campo santo, las autoridades del gobierno se han pronunciado a favor de la empresa de origen canadiense según el Comité Ambientalista.
“Es grave lo que pasa en Honduras”, dice Dunia Pérez del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, en el marco del encuentro de defensores y defensoras que se desarrolló en Tela, Atlántida. Pérez asegura que las comunidades se encuentran en un momento histórico para unir fuerzas contra la dictadura impuesta por el presidente Juan Orlando Hernández.
La Fundación San Alonzo Rodríguez, El Centro de Derechos de Mujeres y el Equipo de Reflexión de Investigación y Comunicación, Eric, en el marco de la campaña “Defender Sin Miedo”, realizaron un encuentro en Tela, Atlántida, para compartir estrategias y experiencias de luchas entre los defensores y defensoras hondureñas.
La presencia del actual modelo de extracción mantiene a cientos de mujeres y hombres defendiendo los bienes naturales y territorios, una lucha que en muchas ocasiones acaba con su vida, como ocurrió con Berta Cáceres, líder indígena de las comunidades Lencas. “Esta campaña nace como una necesidad para visibilizar las luchas que hombres y mujeres hacen en defensa de los bienes naturales y los territorios”, agrega Pérez.
“Ni los muertos se salvan del extractivismo”
“En qué clase de país vivimos” expresa el líder Tolupán José María Pineda, asegurando que el gobierno de Juan Orlando Hernández ni los muertos respeta, pues en los últimos cuatro años ha otorgado concesiones en los cementerios o campos santos de las comunidades.
Por más de 200 años, los habitantes de Azacualpa en La Unión, Copán han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos en el cementerio de la comunidad, ubicado en la parte alta de la montaña, donde jamás pensaron que llegaría la maquinaria de la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), para despojar a sus muertos.
Minosa, filial de la canadiense Aura Minerals, explota una mina a cielo abierto, una práctica catalogada como la más agresiva para la madre tierra según organizaciones ambientalistas. La empresa minera extrae oro, plata y bronce, y ha desaparecido tres comunidades y ahora está desapareciendo hasta los muertos del cementerio de Azacualpa.
El pasado 31 de agosto la empresa mandó una circular a la comunidad donde detalla la cantidad de médicos forenses y antropólogos que realizarán la exhumación de más de 250 osamenta. Actualmente la empresa está realizando trabajos de limpieza y la zona ha sido resguardada por la policía militar. La población de Azacualpa teme que luego de la exhumación de cadáveres comience la persecución de quienes se oponen a la explotación de la comunidad.
En el sur, la comunidad Playa Blanca en la Península de Zacate Grande, Amapala, Valle, denuncia al diputado Liberal José Alfredo Saveedra, de querer apropiarse de una pequeña isla, que desde hace más de cien años es utilizada como cementerio municipal.
Los vecinos y vecinas de Playa Blanca se dieron cuenta de las intenciones del diputado, cuando trabajadores de éste votaron las cruces de los muertos al océano, argumentando que la isla es propiedad del congresista.
El presidente del patronato de la comunidad, Santos Isabel Cabrera, asegura que ni el alcalde, ni el diputado han dado explicaciones a la población sobre la situación del cementerio. Además, que la comunidad está fuertemente amenazada por los empresarios Fredy Naser y Henry Arévalo, quienes quieren apropiarse de otras islas que tiene la comunidad de Playa Blanca.
Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense, dice que los cementerios son parte esencial en la vida de los pueblos, y que, a falta de un Estado de derecho, ni las personas que ya fallecieron tienen derecho a descansar en paz. Betty señala que, en Chinda, Santa Bárbara, donde la población es indígena Lenca, el cementerio está en riesgo de inundarse producto de la instalación de la segunda represa hidroeléctrica más grande del país. “El gobierno le otorgó a la familia Larach la instalación de una mega represa sobre el río Ulúa”, finaliza Vásquez
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