miércoles, 27 de septiembre de 2017

Política migratoria de Trump provoca miedos e incertidumbres en Centroamérica



En sus primeros nueve meses de administración, Donald Trump, ha avanzado a fortalecer las fronteras para impedir el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Esta orden ejecutiva consiste en la construcción del famoso muro, equipamiento de los centros de detención en frontera sur e incremento de agentes fronterizos.

Además, ha reactivado el programa “ciudades seguras”, para poner nuevamente a la policía comunitaria a colaborar en las redadas que hace el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Este programa había sido eliminado en la administración de Obama. Y recientemente, a través del Fiscal General de Estados Unidos, Trump ha propuesto dejar morir los programas Acción Diferida para los llegados en la Infancia, DACA, conocidos como dreamers y el Estatus de Protección Temporal TPS, que en el caso de Honduras será revisado el 2018.

Desde la elección y posterior llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, el temor se ha apoderado de gran parte de la comunidad hispana. Los anuncios hechos siendo candidato han comenzado a tomar forma en sus primeros meses de gobierno.

En Estados Unidos se estima que viven más de 3.5 millones de personas centroamericanas, la mitad se encuentra sin autorización, es decir que entraron al país de forma irregular. De esta cifra según la Red de Jesuitas con Migrantes el 20 por ciento son hondureños y hondureñas, que con la implantación de la política de seguridad en la “Era Trumpiana”, se encuentran con miedo e incertidumbre.

“La situación es peligrosa, porque la nueva política seguridad y defensa de Trump está en manos del Pentágono”, expuso Laura Carlsen del Programa Américas en el Seminario Centroamericano que organiza anualmente la Compañía de Jesús. Carlsen asegura que Estados Unidos apuesta por la militarización de su país y de los “países amigos”, justificando una guerra contra las drogas, que al final es una guerra fría racista y misógina contra migrantes.

Carlsen también explicó que la apuesta militarista de Trump le costará millones al país. La propuesta presupuestaria del presidente para el año fiscal 2018 incluye un aumento de 4.700 millones de dólares (un 7,1 %) para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), centrados en las agencias migratorias y fronterizas.

También propone un aumento del 21,6 % (2.913 millones más) respecto al año fiscal anterior para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que ronda el 23,2 % del presupuesto total e incluye partidas para contratar más agentes para la Patrulla Fronteriza y para iniciar la construcción y reparación del muro con México. “Todo esto forma parte de una guerra fría que muestra el lado más oscuro de los Estados Unidos”, agregó Carlsen.

Oscar Chacón de Alianza Américas, quien también participó en el Seminario Centroamericano, dice que Estados Unidos está dejando ver su verdadero rostro racista, misógino y violador de derechos humanos. Las organizaciones que trabajan el tema migratorio tienen la oportunidad de crear puentes y oportunidades que garanticen la vida de la población migrante. A criterio de Chacón la política de seguridad implementada por Trump responde a los intereses de quienes financiaron su campaña política.

“Los centros privados de detención para migrantes fueron los principales financiadores de Trump”, dice Oscar explicando que el 62 por ciento de las “camas” para los migrantes detenidos están en los centros privados de detención. Hay aproximadamente unas 8 mil 500 camas aseguradas con el pago, se ocupen o no, “Eso equivale a unos 193 dólares al día por cada persona detenida que paga el gobierno de Estados Unidos”, agrega Chacón.

Si bien las deportaciones no han aumentado, si lo han hecho las detenciones en Estados Unidos y México, especialmente de migrantes centroamericanos. “Podríamos esperar después de estos nueve meses una nueva crisis de deportaciones”, dice Yolanda Gonzales de la Red Jesuitas con Migrantes. Yolanda asegura que es necesario monitorear y analizar todas las acciones impulsadas por Trump para medir su impacto en la región Centroamérica.

Frente a la “Era Trumpiana”, es necesario echar una mirada al sur. Costa Rica registra en los últimos cinco años un aumento del flujo inmigratorio desde el Triángulo Norte de Centroamérica, en especial de El Salvador y Honduras, países golpeados por la violencia, pobreza y corrupción, según la Red de Jesuitas con Migrantes.

Datos de solicitudes de refugio en Costa Rica reflejan la tendencia de los centroamericanos a buscar asilo en ese país, en momentos en que la corriente migratoria desde Guatemala, El Salvador y Honduras a la frontera de Estados Unidos está en crisis producto de la política de seguridad de Donald Trump.

Karina Fonseca de la Red de Jesuitas con Migrantes en Costa Rica, dice que tradicionalmente Nicaragua ha sido el país que más solicitudes de refugio ha presentado, sin embargo, es evidente el creciente flujo migratorio de salvadoreños y hondureños a ese país.

Los más golpeados 

En el marco del foro “Migrantes Retornados con Discapacidad, la Pastoral de Movilidad Humana y la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS) dieron a conocer que, desde el año 2009 hasta la fecha, han regresado al país 546 personas con mutilaciones sufridas al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

La hermana Lidia Mara Sousa, integrante de la Pastoral de Movilidad Humana, señala el desinterés del gobierno al no implementar un programa que responda a las necesidades de salud y a la reinserción integral de los migrantes retornados con discapacidad.

Desde la Red Jesuita con Migrantes se propone conocer más a los migrantes, no individualmente, sino colectivamente y socialmente para trabajar, pensar y soñar juntos y juntas. Ver al migrante como un desobediente civil ante un sistema legal, social y económico injusto, que cada día expulsa a decenas de hondureños.

Contribuir a construir una ciudadanía que impulse una política pública inclusiva, hospitalaria, solidaria y tolerante sobre todo hacia las personas migrantes, desplazadas internas, refugiadas y deportadas.

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