La criminalización de defensores del ambiente no se detiene en Honduras, la zona atlántica del país se ha convertido en el epicentro de los últimos procesos judiciales contra quienes se oponen a la explotación de la naturaleza. Pajuiles en Tela, Atlántida es el ejemplo de esa realidad. Más de 15 personas han sido judicializadas por rechazar estas iniciativas que atentan contra la naturaleza.
La tarde de este viernes 1 de septiembre, los juzgados de Atlántida emitieron la resolución del caso contra la dirigente Albertina López, Wendy García, Juan Bautista y Kevin Linares, todos ellos son criminalizados por oponerse a la instalación de un proyecto hidroeléctrico sobre el río Mezapa. La resolución fue un sobreseimiento definitivo, por lo que los imputados quedan absueltos de toda culpa.
“Actualmente hay dos casos que aglutinan un total de 17 personas criminalizadas, afortunadamente esta es una victoria, porque uno de ellos que conformaban cuatro personas ya se resolvió, ahora estamos a la espera que se aborde el otro proceso en el que están involucradas 13 dirigentes comunitarios”, apuntó el abogado Víctor Fernández, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y parte del equipo defensor de los acusados.
Para Fernández la determinación de los juzgados es positiva, y demuestra la inocencia de estas personas que luchan por defender su territorio de proyectos hidroeléctricos y mineros. “La lucha queda instalada en Pajuiles, la gente ha sido clara que no se retirarán de esto”.
Actualmente el proceso de lucha en Pajuiles sigue vigente, el pasado miércoles 23 de agosto se desarrolló una reunión en Tela, Atlántida en el que se instaló una mesa de diálogo en el que se lograron varios acuerdos, entre ellos la suspensión de cualquier trabajo sobre el río Mezapa por parte de la empresa HIDROCEP, propiedad del empresario Jason Hawit.
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La población denuncia que estos acuerdos han sido violentados por las autoridades que lo firmaron y hacen un llamado a toda la comunidad a estar pendiente ante cualquier novedad que amenace de nuevo a la comunidad.
“Lamentablemente nos enfrentamos a un sistema que criminaliza a todos los defensores. La represión en la zona ha sido fuerte, no es casualidad que la gente este judicializada, pero sabemos que es una resistencia justa y seguiremos acompañando a la comunidad”, dijo Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Según Global Witness Honduras es uno de los países más peligrosos para defender el ambiente, prueba de ello es la cantidad de defensores asesinados por oponerse a proyectos hidroeléctricos y mineros.
Los procesos criminales no se cierran del todo en Pajuiles, en las próximas semanas se conocerá el destino de los otros 13 dirigentes comunitarios que también enfrentan la acusación de usurpación y daño a la autoridad.
Hay dos casos, éste que criminalizaba a cuatro personas y uno que judicializa a 13, estamos a la espera que el otro se desempeñe, dijo Víctor Fernández.
Sobreseimiento definitivo, con esto se cierra la causa, el MP tiene tres días para interponer una apelación ante la Corte de Apelaciones en La Ceiba, Atlántida.
Hemos tenido una victoria del pueblo de Pajuiles, acreditamos de todo el material probatorio, tenemos la satisfacción de recibir esa notificación.
La lucha de las comunidades continúa, y enfrentaremos este nuevo caso que también involucra a 13 personas más, concluyó el abogado.
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