Por Silvina M. Romano
El problema en América Latina es la corrupción. Así lo definen desde la prensa internacional y los think-tanks del establishment, hasta el Comando Sur de los Estados Unidos. Así lo declaró John F. Kelly, ex comandante de dicho comando (hoy Jefe de Gabinete de Trump) cuando tuvo que referirse al principal enemigo en América Latina “La raíz del problema es el sistema legal y la corrupción…”,[1]visión que constituye el eje de la estrategia del Comando Sur para 2018, pues la corrupción se presenta como uno de los principales factores de inseguridad.[2]
La reciente cruzada contra la corrupción en América Latina, que alcanzó uno de sus “éxitos indiscutidos” con el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, tiene algunas características que suelen pasar desapercibidas:[3]
Existe una estrecha relación entre el modo en que los aparatos judiciales de América Latina reconstruyen los casos de corrupción (en particular el de Odebrecht en Brasil) y la asesoría del Departamento de Justicia estadounidense.
El aggiornamiento de los aparatos judiciales de América Latina en lo relativo a lucha contra la corrupción formó parte del programa de “modernización del Estado” implementado por Instituciones Financieras Internacionales, Organismos Internacionales y Organismos No Gubernamentales en el marco del ajuste estructural de los ’80 y ‘90s en América Latina. La relación persiste a través de cursos de capacitación, intercambio de información, etc.
Existe un vínculo evidente y necesario entre la reconstrucción del caso de corrupción propiciada por el aparato judicial, el operativo de la prensa para manufacturar consentimiento en la opinión pública a favor de esta lucha y el momento (timing político) en el que todo esto ocurre (en general cercano a elecciones o a votaciones de leyes importantes en el Congreso). Factores que confluyen en la creciente judicialización de la política en la región.
A corto plazo, se instala la idea de “cruzada contra la corrupción en general”, pero los más afectados no solo a nivel judicial sino a nivel mediático han sido los partidos políticos y funcionarios de gobiernos progresistas, siendo el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño y la destitución de Dilma Rousseff el ejemplo más contundente (pero no el único).
A mediano plazo, se espera que esta “razia” contra políticos corruptos (re)instale o refuerce un sentido común y una lógica que fue cuestionada por los gobiernos progresistas (y las mayorías que los votaron), a saber: a) que todos los funcionarios son corruptos, que buscan participar de la esfera estatal para robarle al erario público; por consiguiente b) todos los partidos políticos son corruptos y en consecuencia, la gente que se involucra en política, incluso en militancia de base es más corruptible que cualquier otra; c) en conclusión, el Estado es el “coto de caza” de políticos corruptos y lo público debe reducirse o desaparecer por ineficiente; así se comprende por el contrario que, d) el sector privado es eficiente y transparente; e) que entonces deben ser los empresarios los que ocupen la esfera política formal para garantizar eficiencia y transparencia; f) que el Estado debe ser tratado como una empresa, devaluando y denostando “lo público”.
La corrupción y el “Mal del Populismo” (o la defensa del Neoliberalismo)
En un reciente artículo publicado por la prensa hegemónica estadounidense, se hace un “tributo” a Sergio Moro, el juez que llevó al estrellato la causa del Lava Jato, causa que se viene desarrollando desde hace cuatro años y que ha persistido gracias a la “presión incesante de figuras como el juez Moro”.[4] El Departamento de Justicia estadounidense lo califica como uno de los casos de sobornos a nivel internacional de mayor calado. Y parte del alcance del caso tiene mucho que ver con dicho Departamento de Justicia: no solo se está “llevando” parte del caso desde EEUU, sino que el modo en que se construyó el caso en Brasil está asociado al asesoramiento y sugerencias provistas desde EEUU. Una prueba de ello es el proyecto puentes de octubre 2009, donde el asesoramiento de EEUU se centró en “prácticas concretas” para combatir lavado de dinero y tráfico ilícito, curso que contó con la presencia y exposición del mismo Sergio Moro, y que tuvo tanto éxito que funcionarios estadounidenses afirmaron: “hay una necesidad de continuar con este tipo de entrenamiento práctico de jueces federales y estatales de Brasil”.[5]
Tal como lo destaca el Inter-American Dialogue, el giro del Lava Jato fue a partir del encarcelamiento del CEO de Odebrecht, que a su vez condujo al momento culmen: el juicio por corrupción al ex presidente Lula da Silva (de quien todavía no han podido comprobarse las acusaciones), a la vez que allanó el camino para el derrocamiento de Dilma Rousseff.[6] Vale agregar aquí (considerando que lo que preocupa es la corrupción) que el juicio político a Rousseff devino “inminente” gracias a una conversación entre Dilma y Lula que fue difundida a pesar de haber sido grabada luego de expirado el permiso para tomar este tipo de información).[7] Es considerado un “héroe nacional”, en las manifestaciones contra el gobierno del PT, se leía en algunas camisetas: “todos somos Sergio Moro”. Él representaría la “salvación” del Estado de Derecho brasileño. La pregunta aquí es ¿salvarlo de quiénes y a favor de quiénes otros?
Parece existir un consenso sobre la inminencia de “salvar” a los Estados de la epidemia de la corrupción especialmente alimentada por “gobiernos populistas”. Diversos think-tanks vienen trabajando en esta línea, procurando que sus opiniones se repliquen en la prensa hegemónica. Un artículo de Global Risk se titula “¿Florecerá el populismo luego del escándalo Odebrecht?”, afirmando que en América Latina, la población está asociando la desaceleración económica de los últimos años a la acción de funcionarios corruptos, “que se robaron todo”.[8] Pero el ejemplo más concreto es el reporte de Transparencia Internacional sobre corrupción, que advierte que los altos niveles de corrupción en el sector público podrían favorecer la asunción de “gobiernos populistas”, peligro inminente ya que: “en países donde hay líderes populistas y autocráticos, suele haber un debilitamiento de la democracia, así como un quiebre de la sociedad civil, una libertad de prensa limitada y escasa autonomía del aparato judicial. En lugar de luchar contra el capitalismo, esos líderes tienden a generar sistemas aún más corruptos”[9], sentencian.
El director de Transparencia Internacional sintetiza su argumento afirmando: “en muchos países la gente se va a dormir con hambre porque hay corrupción”. Así, el problema no es que los conglomerados transnacionales se nutran de la desigualdad y la explotación en todos los niveles, avasallando la soberanía estatal, la naturaleza, etc.; el problema no es que unas minorías privilegiadas se beneficien por medios “legales” de la miseria de las mayorías. Esta cosmovisión centrada en la corrupción como causa de la pobreza cobra sentido si consideramos las conexiones de esta fundación. Una de sus fuentes de financiamiento es la Fundación de Bill y Melinda Gates,[10] una de las principales “donantes” en el mercado de la asistencia global,[11] conocida por su poder de lobby y sus estrechas relaciones con la élite global. Los Gates son íntimos amigos de la familia Clinton (que también tiene su fundación) y procuran cumplir con el objetivo de la asistencia, tal como lo definió alguna vez Hillary (Clinton): que los pobres ingresen al mercado.[13] Y la asistencia para el desarrollo logra expandirse sin límite (ni requisitos de transparencia o fiscalización) en aquellos países que gozan de un Estado ausente en lo económico-social, donde la educación, la salud, la seguridad, el espacio público queda en manos de la gestión de privados y del llamado “tercer sector”. En síntesis, en un escenario neoliberal.
El problema son los ricos… pero no los empresarios
El director de Transparencia Internacional, también llama la atención sobre la responsabilidad de los ricos en este esquema, y nos recuerda la información difundida por los “Panamá Papers”. Afirma: “como lo muestran los Panama Papers, es muy fácil para los ricos y poderosos explotar el lado oscuro de la finanza global para enriquecerse a costa del erario público”. Hay tres aspectos que destacan en esta afirmación. Lo primero es que estos documentos, llamativamente, gozaron de menos atención por parte de los conglomerados mediáticos, en comparación con el caso Odebrecht (al menos en América Latina). Lo segundo, es que cuando la corrupción se asocia a los empresarios, se cataloga como “negocios turbios” o como se enuncia arriba, “el lado oscuro” de la finanza.
Esto sucede porque aquellos que deben lavar dinero, ocultar propiedades o desviarlas para no pagar impuestos (acciones que de un modo u otro repercuten en el erario público) gozan de un sistema legal que los ampara.
Las empresas offshore no son ilegales, aunque sí pueden (“sin saberlo”) amparar dinero que proviene de negocios ilegales. Tal como declaró la titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno argentino (en defensa de las cuentas offshore del presidente Mauricio Macri) “construir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo”.[13] El tercer aspecto es relativo a que buena parte (sino todos) de esos ricos y poderosos provienen del sector empresarial. El caso Odebrecht es un ejemplo de que los empresarios no son “medidos con la misma vara” que los funcionarios públicos, por el hecho de que el funcionario, por definición, debe cuidar el erario público, en lugar de apropiarse de él. Este argumento, sin embargo, desconoce el hecho de que la evasión impositiva, entre otras prácticas de los altos círculos empresariales, afectan también al Estado. Por otro lado, también se elude la cuestión de que muchos de esos empresarios sí ocuparon y ocupan un lugar en la burocracia estatal, el caso más evidente en América Latina es el de Mauricio Macri.
Lo cierto es que de acuerdo al modo en que se va construyendo el caso de Odebrecht y el mismo Lava Jato, con base en la “delación premiada”, muchos empresarios redujeron sus años en la cárcel o incluso han evitado ser penados. Un ejemplo es que al destaparse la existencia de coimas en diversos proyectos vinculadas a Odebrecht, el Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, fuera condenado a 43 años de cárcel, acusado de corrupción durante la construcción de la usina nuclear Angra 3.[14] Estas cuatro décadas contrastan con el hecho de que los empresarios implicados lograron reducir sus penas a seis años de prisión gracias al sistema de “delación premiada”, mientras que el menos favorecido estará 20 años preso.[15] En el marco del mismo caso, pero en su ramificación hacia Ecuador, varios funcionarios del anterior gobierno de Alianza PAIS han sido acusados como partícipes en las coimas. Los que brindaron buena parte de la información, empresarios brasileños José C., Simoes P., Ricardo V. y Mauricio G. (exfuncionarios de Odebrecht de quienes no se brinda el nombre completo) no han recibido ninguna medida cautelar en su contra debido a que la Fiscalía de Ecuador firmó un acuerdo de “cooperación eficaz” que ha servido como fuente de información para recabar elementos investigativos, y al amparo del artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que las medidas cautelares deben ser adecuadas para garantizar el éxito de las investigaciones”.[16]
La lucha contra la corrupción y los intereses de fondo
Como último punto de esta “cruzada contra la corrupción” y asociado al caso de Odebrecht, pero no circunscrito a él, surge el interrogante sobre los intereses concretos que podrían estar guiando esta batalla. La pregunta es de difícil respuesta. Sin embargo, hay algunos aspectos sugerentes a primera vista. La empresa brasileña Odebrecht era una de las principales constructoras, vinculada a numerosos proyectos de infraestructura a nivel regional ¿cómo afecta esto al sector infraestructura de América Latina? ¿Quiénes se quedarán con las concesiones y proyectos de Odebrecht que ya no pueden operar?
Los “expertos” que estudian el futuro de la inversión en infraestructura en la región, aseguran que es un momento difícil para ese rubro. Lo primero que apuntan, es que la región muestra un gran déficit, pues ni siquiera durante el “boom” de las commodities(2004- 2013) se logró superar el 3% de inversión pública y privada en infraestructura.[17] Vemos que las fechas coinciden con los períodos de gobiernos progresistas en varios países de América Latina, que fueron culpados por el “despilfarro” o el abuso de proyectos de infraestructura para beneficiarse de las coimas… algo que no coincide con la inversión deficitaria en el sector.
Más allá del “duro momento”, el informe advierte que aquellos “líderes visionarios” entenderán que el desarrollo de infraestructura es la clave para mejorar la competitividad de la región “aunque el sector público no pueda enfrentarlo por sí solo”, de modo que la “próxima generación de infraestructura será financiada por el sector privado, incluyendo bancos comerciales que buscan rendimientos, los fondos de pensiones latinoamericanos en crecimiento, así como inversionistas internacionales de acciones y prestamistas no bancarios”.[18] No parece casual entonces, que el comunicado oficial de la reciente gira del vicepresidente estadounidense Michael Pence por algunos países de América Latina tuviera como uno de sus objetivos la expansión de negocios vinculados al desarrollo de infraestructura,[19] a la vez que viajó con un sinnúmero de representantes de las transnacionales más importantes de su país (léase, del sector privado). Esto es parte esencial del retorno del neoliberalismo puro y duro.
Con respecto a la segunda pregunta, Moodys señala que “varias concesiones de infraestructura han sido interrumpidas y deberán ser relanzadas como resultado del escándalo de corrupción de Odebrecht”.[20] Estos proyectos abarcan desde gasoductos hasta emprendimientos para lograr la navegabilidad de los ríos. En el caso de Brasil, Odebrecht formó parte de diversos proyectos del Estado durante la gestión del PT, orientados a desarrollo de infraestructura, petroquímica, energía nuclear, etc., en el marco de un plan estratégico de defensa y desarrollo tecnológico en un momento de despegue de Brasil como potencia regional y en el marco del descubrimiento de una de las reservas de hidrocarburos más importantes del Atlántico Sur, el Pre-Sal (en manos de la estatal Petrobras),[21] lo que sumó un factor más a la importancia geopolítica de por sí crucial de Brasil a nivel regional y hemisférico –importancia que fue remarcada por Stratfor,[22]empresa de análisis de inteligencia y seguridad internacional “privada”, que en los hechos está al servicio de varias agencias del gobierno de Estados Unidos y de otras empresas multinacionales-.[23] Precisamente dos meses después del derrocamiento de Dilma Rousseff, el Congreso brasileño aprobó la ley para quitar a Petrobrás el monopolio sobre la explotación de los recursos del Pre-Sal, abriéndose el espacio a las petroleras transnacionales. A mediados de 2017, el Congreso aprobó una reforma laboral a todas luces neoliberal.[24] Este evidente retorno al libre mercado sin restricciones, figura también como uno de los objetivos de la estrategia del Comando Sur para el 2018, bajo el lema de “Asociación para las Américas”: “…un futuro próspero para la región, descansa en el refuerzo de los valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías de libre mercado”.[25]
Ante lo expuesto, valen algunos interrogantes ¿es la corrupción el problema de América Latina? ¿O el problema de América Latina es que su “agenda” (incluidos los problemas prioritarios) es definida desde los centros de poder, en particular desde el sector privado-público estadounidense, las corporaciones (incluidas las mediáticas) que poseen jugosos intereses en común con las derechas a lo largo y ancho de la región?
Notas:
[6] “What is the long-term impact of the Petrobras scandal?” Latin America Advisor, Inter-American Dialogue, 8 febrero 2017.
Silvina M. Romano, investigadora CELAG
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