La campaña y propaganda para las elecciones generales de noviembre ha iniciado. De acuerdo a los análisis de organizaciones no gubernamentales será una de las más caras de la historia política, puesto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó un tope de 469.6 millones de Lempiras a nivel presidencial, mientras que para los cargos de diputaciones asciende a 465.8 millones.
Los techos para los gobiernos locales van desde 222 mil a 66 millones de Lempiras, gasto que varía de acuerdo a la carga electoral municipal. En junio de este año, las autoridades del TSE hicieron público, en el diario oficial La Gaceta, el decreto número 33-2017 en el que se establecen los límites en los gastos de campaña para las elecciones generales 2017.
La Coalición de Observación Electoral (Observación N-26), en su primer informe de veeduría ciudadana, señala que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, a la fecha, no cuenta con los instrumentos legales y complementarios a la “ley y los recursos humanos necesarios, que le permitan fiscalizar la inversión” que realizaran los institutos políticos y sus aspirantes a cargos públicos.
El TSE para este año tiene programado entregar alrededor de 123 millones de Lempiras a nueve partidos en concepto de deuda política. Según la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas cada partido recibe 39.39 Lempiras por cada voto ganado en el último proceso de elecciones generales.
Gobierno de Hernández suspende publicidad oficial
El gobierno nacionalista, que busca la reelección ilegal del mandatario Juan Orlando Hernández, previo al inicio de la campaña electoral ordenó a todas las instituciones suspender la publicidad estatal en todos los medios de comunicación, asegurando que con ello cumplirán lo estipulado en la Ley de Política Limpia.
“La pauta publicitaria está suspendida y la inauguración de las obras se prohibirá a partir del 12 de octubre, tal como lo establece la Ley de Política Limpia”, aseguraba esta semana, frente a los medios oficiales y corporativos, el ministro de la presidencia, Ricardo Cardona.
Sin embargo, para el analista político e integrante de Observación N-26, Víctor Meza, suspender la publicidad estatal no frenará el uso de fondos públicos en la ilegal reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, puesto que “la credibilidad de los dictados gubernamentales es relativa”.
“La credibilidad va a nacer si la Unidad Técnica de la Política Limpia hace su trabajo, investiga, informa a la ciudadanía y controla esos desmanes en el gasto publicitario”, indica Meza.
Agrega que Hernández aprovechará los actos públicos para hacer campaña: “La lógica normal indica que el presidente, como cualquier otro funcionario público, debería presentar su renuncia seis meses antes, para competir en igualdad de condiciones con los demás”.
Meza señala que uno de los trabajos principales de la Unidad Técnica será descubrir si hay flujos subterráneos de dinero que no van por los canales adecuados y legales que la Ley de Política Limpia establece.
“Cualquier declaración de los cabecillas del narcotráfico, que están en este momento enfrentando la justicia norteamericana, tiene un impacto sobre el proceso electoral hondureño, porque generalmente mencionan nombres de candidatos y nombres de personas conocidas en el mundillo político”, advierte Meza al ser consultado sobre la filtración de dinero proveniente de la narcoactividad.
Por su parte, Lester Ramírez, coordinador de investigaciones de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), apunta que la Unidad de Política Limpia “es sumamente insipiente” frente a un reglamento de Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos que recientemente fue publicado.
“Simplemente porque haya una ley nueva no va a impedir que el dinero tanto del narcotráfico como de la corrupción y el uso de los recursos públicos vaya a ser controlado como se debe; recordemos que el reglamento lo publicaron el lunes, no ha sido socializado y todavía hay temas que analizar como las cuentas bancarias de los candidatos y los responsables financieros de los partidos, entonces eso va a dejar muchas oportunidades y vacíos legales”, detalla Ramírez.
En relación a los primeros días de campaña electoral, Ramírez es del criterio que el Partido Nacional está implementando una estrategia para lograr el voto en plancha: “lo están haciendo a través de los afiches con la bandera del partido, pero al electorado le gusta ver las caras. Ellos están haciendo sus sondeos y sus apuestas”.
La Coalición Observación N-26 analiza que previo al inicio de la campaña electoral existieron signos de “polarización, descrédito hacia la autoridad electoral y hasta amenazas de no participar o desconocer las elecciones, por parte de un sector en contienda”.
Los analistas esperan una campaña electoral a favor del respeto, que evite la promoción del odio y la discriminación de las y los candidatos a cargos de elección popular por su género, credo y cultura.
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