El pasado viernes 1 de septiembre, en los juzgados de Tela, Atlántida se dictó sobreseimiento definitivo para Albertina López, Wendy García y Juan Bautista, parte de los 17 pobladores de Pajuiles e ingresantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que son criminalizados por defender su legítimo derecho al agua.
Pese a que el sobreseimiento definitivo para los luchadores y luchadoras es un pequeño triunfo para la justicia y las comunidades que luchan en defensa del agua, no significa que el conflicto haya terminado en su totalidad.
Incumplimiento de acuerdos
El 23 de agosto en el edificio de la Contaduría, la municipalidad convocó a un diálogo donde participaron representantes de las comunidades del sector Pajuiles, personeros de la represa Hidroeléctrica Centrales El Progreso (Hidrocep) y el pleno de la corporación municipal de Tela. El diálogo, en un país lleno de conflictos, fue visto con buenos ojos por todos los sectores involucrados, en especial por los poblares y pobladoras que han sido reprimidos, perseguidos y criminalizados.
Como fruto del diálogo surgieron varios acuerdos, entre ellos; suspender de inmediato los trabajos de construcción de la represa en la parte alta, solicitar el retiro de los 17 procesos penales en contra de integrantes de las comunidades criminalizadas y crear una mesa para la solución de los conflictos y dar seguimiento a los acuerdos para su cumplimiento. Hasta la fecha los acuerdos se han incumplido.
El abogado Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), dice que un día después de la firma de los acuerdos, Hidrocep comenzó incumplirlos pues los trabajadores e ingenieros de la hidroeléctrica continuaron sus labores de construcción sobre el río Mezapa.
A través de su cuenta en Facebook, el MADJ denunció “que trabajadores de la represa han estado subiendo material y equipo de construcción sin que ninguna autoridad, ya sea de la policía, municipalidad y la fiscalía, se hallan pronunciado en cuanto al caso.
Además, denunciaron que han continuado con hostigamiento y provocación contra los pobladores.
“Durante la agresión uno de nuestros compañeros fue golpeado por un conductor de mototaxis con su vehículo, al momento de la agresión nuestros compañeros y compañeras denunciaron el hecho ante la policía de Mezapa, quienes servilmente solo llegaron y tomaron fotografías sin detener a ningún agresor”, dice el comunicado del MADJ.
Martin Fernández, coordinador del MADJ, también dice que la municipalidad de Tela ha incumplido los acuerdos, pues para el viernes 25 de agosto la comuna tendría que haber convocado a la integración de la mesa de seguimiento, sin embargo, hasta la fecha nada de eso avanza.
Fernández también manifiesta que aún no se convoca a una segunda etapa de diálogo, por lo que lamenta la pasividad que tienen las autoridades.
“No quisiéramos pensar que el diálogo no es la vía para resolver el conflicto, pero en la medida en que no existe la atención debida, empezamos a sospechar que lo que querían eran desmovilizar a las comunidades”, asegura Fernández.
No hay fecha para audiencia inicial
Las comunidades y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, se encuentran a la espera que los Tribunales en Tela definan quién será el juez o la jueza que conozca la causa que está pendiente para que se desarrolle en la audiencia inicial contra los otros 13 luchadores y luchadoras de Pajuiles.
Cabe destacar que la audiencia inicial se había programado para el martes 22 de agosto, sin embargo, tuvo que ser suspendida porque luego del tercer receso, la jueza Norma Fuentes, se excusó y dio a conocer que es hermano el alcalde de Tela Mario Fuentes.
El edil del municipio de Tela, ha sido denunciado por las comunidades de promover y facilitar los procesos para la instalación de la presa hidroeléctrica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario