Manifestación de miembros de las comunidades fente al Cuarto Batallón de Infantería. Foto FUPNAPIB
Este proyecto fue autorizado en un contexto de modificaciones regresivas a las protecciones otorgadas por la ley y de faltas administrativas de las autoridades competentes, así como de ausencia de responsabilidad empresarial.
El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II podría generar daños irreversibles a las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y a la microcuenca del río Cuyamel, fuente principal de agua para casi 7000 personas en el municipio de San Francisco en el departamento Atlántida.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB), hicieron público hoy un informe que alerta sobre los vacíos jurídicos y prácticas existentes en Honduras que hacen posible la construcción de represas hidroeléctricas en áreas protegidas, sin información y participación adecuada de las comunidades locales.
Las organizaciones llaman a que las instituciones de financiamiento tanto internacionales, regionales como nacionales actúen con la mayor debida diligencia antes de invertir directa o indirectamente en este tipo de proyectos.
El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II se inscribe en un proceso de cambio de la matriz energética en Honduras en el marco de la lucha contra el cambio climático, en el cual se conjugan actores a nivel local, nacional, regional e internacional con intereses económicos confluentes.
Este proceso ha venido de la mano con el debilitamiento de las garantías de protección a los derechos humanos y al medio ambiente, y el aumento de la violencia y criminalización de defensores de derechos humanos y del medioambiente.
Este proyecto fue autorizado en un contexto de modificaciones regresivas a las protecciones otorgadas por la ley y de faltas administrativas de las autoridades competentes, así como de ausencia de responsabilidad empresarial.
«El proyecto Cuyamel II es un caso emblemático de la urgente necesidad de privilegiar la protección de las fuentes de agua y derechos de las comunidades sobre los proyectos de inversión», sostiene Javier Mujica Petit, encargado de misión y presidente del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos EQUIDAD, organización miembro de la FIDH en Perú.
Existen asimismo otros proyectos hidroeléctricos aprobados para ser construidos en áreas protegidas.
Por ello las organizaciones firmantes hacen un llamado para que el Estado de Honduras refuerce el marco jurídico nacional con el fin de proteger adecuadamente los derechos humanos de las poblaciones afectadas por proyectos de inversión de este tipo.
Las instituciones de inversión y financiamiento internacionales, regionales y nacionales deben actuar con mayor debida diligencia en materia de derechos humanos en la selección y evaluación de proyectos para evitar contribuir a este tipo de violaciones.
Las empresas deben cumplir con su responsabilidad de respetar todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en cualquier circunstancia, incluso a través de la realización de estudios de impacto serios mediante procesos participativos que permitan identificar los impactos negativos.
El principal impacto potencial asociado a este proyecto de presa a filo de agua radica en la disminución de la cantidad y calidad del agua disponible para el consumo humano. Asimismo este ecosistema podría verse afectado de manera permanente por daños derivados de los impactos acumulativos, incluyendo la pérdida de especies de fauna y flora amenazadas y el aumento de la erosión.
«Nuestro mayor deseo es que todo el pueblo de San Francisco se una para defender los recursos naturales del municipio, para poder heredarlos a las futuras generaciones», expresó Adalid Mendoza, Presidente de la Junta de Agua de San Francisco.
Los riesgos al derecho al agua se han acrecentado debido a la reducción de los espacios de participación ciudadana y a la falta de acceso a la información sobre el proyecto. Esto ha generado una fuerte oposición por parte de la comunidad, que ha usado vías jurídicas y manifestaciones públicas para frenar el avance del proyecto.
Las acciones judiciales y administrativas emprendidas en nombre de la comunidad se han caracterizado por una falta de investigación y demoras en los trámites demostrando la falta de acceso a un recurso efectivo.
Adicionalmente, el Cuarto Batallón de Infantería, el cual se instaló en la zona y construyó instalaciones sin los permisos y evaluaciones requeridos, dificulta actualmente el acceso a la microcuenca, amenazando directamente al sistema de aprovisionamiento de agua a la comunidad.
Ver Informe Completo: Informe áreas protegidas
No hay comentarios:
Publicar un comentario